Cuando se habla de las víctimas de la violencia en México un sector que no suele ser mencionado es el de las fuerzas de seguridad, a las que con frecuencia se les asocia con la comisión de delitos. Sin embargo, por las condiciones en que desempeñan su labor son también considerados por especialistas en temas de seguridad como una población vulnerable a sufrir violaciones a sus derechos humanos.
Ayer, mediante un informe entregado a los medios de comunicación en la ceremonia de Toma de Protesta de Bandera de los Soldados del Servicio Militar Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que 11 oficiales y 83 elementos de tropa han fallecido en el cumplimiento de su deber.
Independientemente de las fuerzas armadas, varios indicadores muestran que las corporaciones policiales son vistas por los ciudadanos como las más corruptas, las menos confiables y las menos eficientes, y son comunes las historias de policías que extorsionan, secuestran, matan y, en general, abusan de su cargo para cometer ilícitos o están coludidos con grupos criminales.
A esa imagen negativa de las policías también abona el que se les ve como un instrumento al servicio del Estado, que se usa para otorgar canonjías o para reprimir opositores, y no como un servicio para la ciudadanía.
La desconfianza, pues, no es gratuita. El problema es que tras esa imagen negativa, queda soslayada una realidad de condiciones precarias de trabajo, abusos institucionales y discriminación hacia quienes tienen una tarea primordial en el Estado, que es garantizar la seguridad pública.
Ciudad de México, 6 de mayo (SinEmbargo).– A pesar de que se trató del ataque más grave a fuerzas de seguridad perpetrado recientemente, la conmoción por la noticia de que el pasado 6 de abril un comando armado del cártel Jalisco Nueva Generación emboscó a un grupo de policías estatales de Jalisco en el municipio de San Sebastián del Oeste, matando a 15 e hiriendo de gravedad a cinco más, duró apenas unos días.
La noticia no tuvo mayor impacto en la ciudadanía ni preocupó a las organizaciones civiles y, salvo las del Gobierno de Jalisco y del Senado de la República, no hubo declaraciones públicas condenando el asesinato de los 15 uniformados, como se hizo notar en una carta difundida en redes sociales dos días después del ataque y atribuida a los familiares de los policías víctimas de la emboscada.
Según la misiva, el homicidio de 15 policías no era asunto de interés precisamente por eso, porque se trataba de policías y socialmente se asume que la muerte es un riesgo que corren los encargados de la seguridad pública en el país.
¿Es acertada esta valoración? ¿Habría sido diferente si los atacados por criminales hubieran sido civiles, estudiantes, campesinos, obreros o políticos? ¿Por qué el asesinato de un grupo de policías parece no ser importante, a pesar de que se trata de agentes del Estado encargados de la seguridad pública?
Para Edgar Cortez Morales, coordinador del área de Seguridad Ciudadana y Justicia Penal del Instituto Mexicano del Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), la razón es que a los policías se les suele ver más como perpetradores de los crímenes que como víctimas de la violencia y de violaciones a los derechos humanos. En consecuencia, sus condiciones de vulnerabilidad no son visibles para la sociedad.
Hay indicadores que comprueban lo planteado por Cortez Morales sobre la apreciación negativa que hay de los policías en el país. Uno de ellos es el Barómetro Global de la Corrupción 2013, realizado por Transparencia Internacional.
De acuerdo con dicha medición, en México la institución percibida como la más corrupta es la Policía, por encima de los partidos políticos, funcionarios públicos y los poderes judicial y legislativo. De hecho, un 73 por ciento de los ciudadanos la percibe como “extremadamente corrupta”.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2014 es otro indicador que muestra un escenario igualmente desfavorable para los agentes policiales, pues señala que para los mexicanos, seis de cada 10 autoridades de seguridad son consideradas de poca o nula confianza.
Dentro de éstas, las peor evaluadas son las policías estatales, preventiva municipal y de tránsito. En el caso de las policías municipales y de tránsito, menos de 40 por ciento de las personas les tiene algún grado de confianza, lo que resulta preocupante si se considera que son las autoridades de primer contacto con la gente.
Además de carente de confianza, la Policía es percibida como inefectiva o escasamente efectiva para prevenir y combatir la delincuencia para el 70.2 por ciento de la gente.
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por su sigla en inglés) refiere en una investigación de 2014 titulada La policía en México. Muchas Reformas, Pocos Avances, que “las fuerzas policiales a todos los niveles están plagadas por la corrupción y son generalmente percibidas como ineficaces en la aplicación de la ley o incluso como propiciadoras del delito”.
Y no sólo eso, sino que la falta de mecanismos sólidos de rendición de cuentas ha llevado a que los agentes policiales rara vez sean sancionados por los abusos que cometen, “permitiendo que las violaciones a los derechos humanos continúen sin detenerse”.
El caso de la Policía Federal durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa resulta ilustrativo al respecto, dado que creció significativamente entre 2006 y 2012, señala la WOLA, pero con las exigencias de da resultados y en un contexto que permitió los abusos condujo a las persistentes acusaciones de violaciones a los derechos humanos.
Un indicador de esto son las quejas que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió en esos años por violaciones cometidas por la Policía Federal: de 146 en 2006 se quintuplicaron para 2012, con 802. Ya en el sexenio de Peña Nieto, en 2013 se reportaron 619 denuncias por abusos de policías federales.
En el país se ha vuelto común conocer casos de policías corruptos, extorsionadores, prepotentes, que agreden, amenazan, torturan o incluso asesinan civiles, o que están coludidos con grupos criminales para cometer delitos como extorsión o secuestro.
Cortez Morales no niega esta realidad pero considera que ha construido una perspectiva “absolutista”, con un estereotipo de los policías como sujetos que abusan del poder, y se ha soslayado que también tienen derechos como cualquier otro ciudadano, como el acceso a la justicia, a la no discriminación y a que se respeten sus derechos humanos.
POLICÍAS, VÍCTIMAS INVISIBLES
Para comprender lo que ocurre con los cuerpos policiales, Alejandro Espriú Guerra, coordinador de la Dirección de Investigación Aplicada en Política, Seguridad y Justicia Penal del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), habla sobre las contradicciones que implica la labor policial.
Por un lado, dice, se les pide a los policías que resuelvan rápido cuando no tienen ni siquiera los recursos para hacerlo; se les pide que respeten los derechos humanos de las personas cuando ellos no son respetados en sus derechos, incluso dentro de la propia institución policial; se les pide que respeten a los ciudadanos pero los ciudadanos no arropan a la policía por la labor que desempeña, dada la poca confiabilidad que hay en los policías.
Casos como el de los 15 policías asesinados en Jalisco, señala, muestran cómo hay hechos en los que los policías aparecen como víctimas y la sociedad se escandaliza por la tragedia, pero no hay un arropamiento a partir de la sensibilización de lo que representa la función policial.
La falta de una sensibilización social sobre el trabajo policial, dice, tiene que ver con la construcción y el arreglo que hay en el país sobre a quién sirve la Policía. Si prevalece la desconfianza hacia los policías también es porque la función policial es vista como un instrumento de la política y no como un servicio para la ciudadanía, expone.
“Entonces cuando hablamos de policía se ve como un elemento al servicio del Estado, que no representa necesariamente los intereses de la ciudadanía, por lo tanto no son vistos como sujetos de derechos y por lo tanto como víctimas potenciales”, explica.
“Porque a la policía la vemos de pronto defendiendo intereses políticos más que necesidades ciudadanas […]. Cuando vemos esta distancia entre la policía y la ciudadanía, desde luego que la ciudadanía no se siente atraída a defender a la policía, porque no la ve como parte de la propia ciudadanía”.
En esa concepción que hay sobre los policías, añade Cortez Morales, también influye el que los medios de comunicación se aboquen a presentar los aspectos negativos de las corporaciones policiacas, como los casos de corrupción, abusos o complicidad con criminales, pero poco se aborden aspectos como los abusos que sufren, las secuelas que deja en ellos su trabajo, cómo son ellos también víctimas de la delincuencia organizada o de sus propias corporaciones, los maltratos y abusos que padecen de sus superiores, las violaciones a sus derechos humanos y, en el caso de las mujeres, la violencia sexual que sufren dentro de sus instituciones, o la falta de mecanismos efectivos para que denuncien.
“Creo que sí falta contribuir a dar una visibilidad a esta otra parte de la historia”, expresa.
Cortez Morales dice que si bien hay una parte de responsabilidad atribuible a los policías, hay una responsabilidad mayúscula en los políticos y gobernantes que han hecho un uso abusivo de las instituciones policiales.
En consonancia con lo planteado por Espriú Guerra, el especialista del IMDHD apunta que la institución policial fue usada por mucho tiempo por los gobernantes locales como un espacio para colocar a gente a la que le habían prometido empleo o la usaban como cuerpo de represión contra sus oponentes políticos.
El problema de la corrupción en la Policía y de la complicidad que se ha construido y fortalecido entre policías, delincuencia organizada y autoridades ha minado la imagen de la Policía y planteado la idea de que los policías no son confiables, no son profesionales y que además tienen un nivel de complicidad con la delincuencia organizada, señala Cortez Morales. Sin embargo, agrega, ello no excusa a otros órganos del Estado que tendrían la obligación de investigar estos hechos, y que al no hacerlo también denotan que no funcionan o funcionan muy mal.
Espriú Guerra abona al respecto que normalmente cuando se denuncia la corrupción policial se hacen señalamientos sobre policías en particular, pero habría que analizar cuál es la responsabilidad de la Policía como institución, cuáles son los incentivos que generan ese tipo de prácticas de abusos o ilícitos y la falta de controles que existen para evitar que sucedan.
“Desde luego este tipo de hechos que ocurren no se pueden negar, hay una mala práctica de la policía en muchas ocasiones, pero lo que habría que analizar es dónde queda la institución como tal, porque muchas de las respuestas que ha habido a este tipo de situaciones van encaminadas a los individuos: que si la certificación, que si los corren, que si consejos de honor. Medidas disciplinarias", dice.
“Pero poco se ha hecho para tratar de entender cuál es el grado de responsabilidad de la institución, cuáles tendrían que ser las acciones que tienen que llevar a cabo para que esto no se repita, porque puede haber una rotación permanente de personas, de policías y agentes, pero si no hay un entendimiento de que hay incentivos dentro de la institución, que no inhiben o que incentivan a que esto ocurra, entonces esto es un debate de nunca acabar”, considera.
EL APORTE DE LA “GUERRA” CONTRA EL NARCO
Desde diciembre de 2006, con la llegada de Felipe Calderón Hinojosa a la Presidencia de la República, comenzó una expansión de la incursión de militares en tareas de seguridad pública. La estrategia de desplegar a las Fuerzas Armadas en los operativos de supuesto combate al narcotráfico fracasó en su propósito, asienta el informe de la WOLA.
Si bien una consecuencia de ese despliegue militar fue un incremento dramático de las violaciones a los derechos humanos, también profundizó la vulnerabilidad de los policías, a decir de Cortez Morales.
La fallida estrategia también puso en mayor riesgo a las Fuerzas Armadas al ponerlas a hacer una tarea para la que no estaban preparadas, dado que no son instancias preparadas para proteger ciudadanos -como teóricamente sí lo tiene la Policía- sino para combatir a enemigos, agrega.
El informe de WOLA lo explica de este modo: “Los soldados están entrenados para emplear el máximo nivel de fuerza necesario para combatir enemigos, no para disuadir o investigar delitos e interactuar con la población. Cuando se aplican las habilidades de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública, es probable que ocurran abusos”.
Pero no sólo eso, sino que su incursión en labores de seguridad pública también lleva a un “círculo vicioso”, de acuerdo con la WOLA, puesto que desvía la atención de la necesidad de reformar las fuerzas policiales, y al no haber mejoras en éstas se garantiza el uso continuo de militares para brindar seguridad pública.
Para Espriú Guerra, la estrategia calderonista de supuesto combate al narcotráfico sirvió al menos para visibilizar la vulnerabilidad de las instituciones policiales, que había existido desde hace décadas pero no había sido visibilizada, como ocurrió a partir de que salieron a las calles.
PRECARIAS CONDICIONES LABORALES
La académica Sandra Salcedo González, investigadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, considera que la invisibilización de las fuerzas de seguridad no se debe solamente a la perspectiva negativa que socialmente se tiene de ella, sino también a la vulnerabilidad que enfrentan frente al Estado, que los mantiene en condiciones desventajosas de trabajo.
Salcedo González plantea que la situación de los derechos laborales de los policías es similar a la del resto del país, con salarios bajos, jornadas largas y complicadas, sin una cobertura de salud adecuada, una buena alimentación o programas de acondicionamiento físico.
En un artículo titulado Condiciones sociolaborales de los cuerpos policiales y seguridad pública, editado por la fundación Friedrich Ebert Stiftung, la académica Edith Olivares Ferreto aborda esta cuestión.
Refiere que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública estipula que las remuneraciones para los policías deben fijarse de acuerdo con la calidad y riesgo de sus funciones, así como de las misiones que cumplan, y que están previstos sistemas de seguros para familiares, por fallecimiento, incapacidad total o permanente y estímulos y reconocimientos.
Sin embargo, señala, “es un hecho reconocido, aún por las propias autoridades, que tanto las condiciones laborales como las retribuciones salariales de las y los policías en México, están lejos de ser los necesarios y suficientes para garantizar una vida digna para el trabajador y su familia”.
El texto, publicado en 2010, consigna que para ese año el salario promedio del personal de seguridad pública en el país se estimaba en 6 mil 229 pesos mensuales, a lo que se sumaba el problema de las prestaciones laborales, pues en los casos de policías estatales y municipales éstas eran mínimas o, en muchos casos, inexistentes.
Además, la mayoría de las policías municipales carecía de toda prestación social, excepto el aguinaldo, y en algunos municipios los policías trabajaban todos los días del año, sin días de descanso, feriados o vacaciones. Adicionalmente, para los mandos medios y altos las jornadas eran especialmente extenuantes.
El artículo señala que, adicionalmente, existe una fuerte segregación entre las condiciones laborales de los cuerpos de seguridad pública de los estados y municipios y los del gobierno federal. El ejemplo más claro de esa distinción era el salario, pues para entonces se estimaba que un agente de corporaciones federales ganaba 13 mil pesos mensuales, más 10 mil pesos adicionales en caso de que participara en operativos fuera de su lugar habitual de servicio.
Otro problema referido por Olivares Ferreto es la falta de equipo o el mal estado de éste, lo que la autora considera una “concreción de la violencia institucional de las corporaciones mexicanas”.
En suma, estimaba que el 91 por ciento de los elementos de las corporaciones de seguridad pública del país a nivel municipal y estatal –que para ese año eran 372 mil 925– laboraban en condiciones precarias y de desigualdad. Un problema adicional era que, conforme cifras de 2008, el 71 por ciento del personal de seguridad pública tenía algún padecimiento que afectaba su salud. En la mayoría de los casos se trataba de obesidad, diabetes, hipertensión o deficiencias visuales.
A ello se le sumaba la incertidumbre para el desarrollo de una carrera profesional.
Todo ello, a decir de la autora, “explica no sólo la corrupción, sino también la elevada rotación y las salidas de los elementos, estimada en algunas entidades entre el 30 y hasta el 100 por ciento anual”.
El artículo en cuestión concluía que las condiciones sociolaborales de los policías en México en lugar de potenciar sus capacidades para cumplir las funciones de seguridad implicaban “un fuerte obstáculo”.
Para Salcedo González, garantizar condiciones adecuadas de trabajo, como contar con equipos adecuados, armamento adecuado, controles de confianza efectivos, uniforme, capacitación en estrategias, condición física, estudios de protocolos de actuación, es fundamental para distinguir cuándo ocurren hechos de negligencia policial y cuándo se trata más bien de problemas estructurales relacionados con una falta de capacitación o condiciones inadecuadas de trabajo.
“Tiene que haber calidad y seriedad desde lo que el mismo Estado le da a su policía para que actúe, porque esas deficiencias son las que a la ciudadanía después le afectan porque no tiene esos organismos que le protegen”, afirma.
Otra repercusión de las precarias condiciones laborales de los policías es la tentación que eso puede provocar para que, ante la inestabilidad laboral y los bajos salarios, opten por unirse al crimen organizado y estimular la corrupción como un mecanismo alternativo para incrementar sus ingresos, facilitar su permanencia en las corporaciones e incluso ascender de puesto, de acuerdo con el artículo de Olivares Ferreto.
Un elemento se suma para explicar la precarización del trabajo policial: la prevalencia de una cultura de desconfianza entre policías, vinculada a las relaciones de poder internas y a mecanismos de ingreso, a través de “palancas”, así como la persistencia de un poder autoritario dentro de las corporaciones, lo que “mina toda posibilidad de plantear reivindicaciones que supongan un cuestionamiento a las jerarquías”, plantea el texto.
Al respecto, Cortez Morales comenta que es difícil que entre policías existan denuncias dado que son instituciones donde pesan las jerarquías y los mandos y hay temor entre los policías de perder su trabajo o ser exhibidos, pues muchas veces una denuncia se puede ver como una falta de lealtad a la institución.
“Creo que esas falsas lealtades, no puede estar a costa de sus derechos humanos, a costa de su vida, de sus derechos humanos, de su integridad, porque entonces me parece que se rebasa los límites que tendría que existe en una sociedad donde la ley se aplica para todos”, expresa.
El especialista en temas de seguridad cuestiona cómo en este contexto se puede esperar que los cuerpos policiacos sean eficientes.
“¿Qué tanta efectividad va a tener que les pidamos a los policías que respeten los derechos humanos de los ciudadanos si ellos no tienen una experiencia personal de eso, si en su institución son violentados sus derechos, son maltratados, son discriminados, son humillados? Entonces resulta muy difícil que alguien que no tiene de manera personal esa experiencia después pueda actuar en esa lógica frente a los ciudadanos”.
DISCRIMINACIÓN, YUGO SOCIAL
Si dentro de las corporaciones las policías enfrentan precarias condiciones laborales y escasos mecanismos para denunciar, por fuera en su trabajo cotidiano tienen que lidiar con el mal estigma que pesa sobre su trabajo y la discriminación social que existe hacia ellos.
Así lo señala el Reporte sobre Discriminación en México 2012. De acuerdo con dicho documento, realizado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), la policía es percibida como una instancia que suele abusar de su autoridad y que por corrupción o concepciones sociales y culturales termina aprehendiendo a quienes son más vulnerables y no a los verdaderos delincuentes.
Y al mismo tiempo, señala, los policías ocupan un bajísimo lugar en la escala de aprecio de la sociedad.
Salcedo González apunta que la sociedad tampoco se preocupa por las condiciones de la policía. Por el contrario, en ocasiones y aún sin referentes de agresiones por parte de los policías, hay personas que no respetan su trabajo, los insultan o incluso los agreden.
Un caso reciente fue el que protagonizó el ex líder del movimiento #YoSoy132, Antonio Attolini, cuando ofendió a un policía de Tránsito. Un video difundido la semana pasada muestra al ahora conductor de Televisa reclamándole a gritos al agente. En algún momento, el policía le contesta diciéndole que él lo ofendió primero diciéndole “hijo de la chingada” y soltándole un “no mame”.
El policía le dice que no tiene por qué ofenderlo con groserías, pero Attolini continúa gritándole. Al final, el policía, sereno, le dice: “Si usted me demuestra su educación, le rindo a usted las novedades que tenga que rendirle”.
Otro caso conocido de la prepotencia ciudadana ante los policías es el de la llamada “LadyGoliat”, una mujer que se estacionó obstruyendo el tránsito cuando iba a recoger a su hijo a la escuela. Cuando un policía le pidió que se moviera, la mujer se negó y presumiendo ser familiar de un mando policiaco le gritó e insultó y lo amenazó con denunciarlo con el jefe Goliat, en referencia a un mando adscrito al perímetro de la delegación Benito Juárez. El policía fue quien difundió el video, donde se ve que la mujer también lo estaba grabando e incluso le pide su nombre y número de placa, como para intimidarlo.
Una consecuencia de esta discriminación, apunta el reporte de la Conapred, es que sumado al alto riesgo que representa el trabajo hacen los policías, en su código de actuación tienen poca sensibilidad para respetar los derechos humanos tanto de víctimas como de las personas investigadas por la comisión de delitos.
Espriú Guerra advierte que evidenciar solamente las malas prácticas de la policía tiene un impacto en la manera en que los ciudadanos se relacionan con la policía.
“El tema está en cómo la policía se percibe a sí misma respecto al rol que tiene desempeñar. La propia policía como institución ha entendido que no es necesariamente, en términos históricos generales, la ciudadanía su ‘cliente’, sino los mandos de la policía y los políticos que son los que dan las órdenes. En tanto que esta relación de entender el quehacer de la función policial no cambie, esta mala imagen de la policía que se transmite en el día a día en las calles tampoco va a cambiar”.
