Ciudad de México, 1 de mayo (SinEmbargo).– El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidió el miércoles, poco antes de un puente largo y del fin del periodo de sesiones en el Congreso de la Unión, retirar la candidatura a Marcelo Ebrard Casaubón quien aspiraba a ser Diputado federal por Movimiento Ciudadano (MC). Y terminó de colocar las cosas.
En un bando, en los hechos, dejó al Presidente Enrique Peña Nieto y al Jefe de Gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera Espinosa; en el otro acomodó a Andrés Manuel López Obrador y al propio Ebrard Casaubón.
Ayer, el líder del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) confirmó su polo. Durante una gira por Michoacán y desde su cuenta en Facebook planteó: "Los del Tribunal Electoral no miden con la misma vara, en el caso de Marcelo Ebrard, fueron severos, como si se tratara de cobrarle la afrenta de haber proporcionado, supuestamente, la información a Carmen Aristegui sobre la Casa Blanca".
También expuso: "En cambio, resolvieron que no se cumpliera con el requisito constitucional de exigir a los partidos el registro de la mitad de candidatas mujeres, en el Estado de México, Sonora y Nuevo León, aún cuando en otras entidades, como Guerrero y Tabasco, exigieron que se aplicara la norma al pie de la letra.
"Hasta hacen recordar aquello de que para mis amigos (o jefes) justicia y gloria, para mis enemigos la ley".
Antes que él, por la mañana, el ex Jefe de Gobierno del Diustrito Federal culpó a Peña Nieto por la decisión del Tribunal.
“El origen es claramente el Gobierno federal, es Enrique Peña Nieto y sus aliados [...]. El promovente de esto se llama Enrique Peña Nieto”, dijo en conferencia de prensa.
La resolución del Tribunal Electoral “demuestra la perversión del sistema político mexicano”, agregó Ebrard, y también afirmó que los tres partidos que lo promovieron –PVEM, Partido Nueva Alianza (PANAL) y Partido Encuentro Social (PES)– han sido parte de una acción concertada contra un ciudadano.
14 MESES DE CONFRONTACIÓN
La resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para retirarle a Marcelo Ebrard Casaubón la candidatura a una diputación federal es el último episodio de una serie de descalabros que el hasta ayer candidato por el partido Movimiento Ciudadano ha enfrentado en los últimos 14 meses, y detrás de los cuales, acusa, estarían los gobiernos capitalino y federal.
Del propósito de esos obstáculos supuestamente fraguados por el Ejecutivo federal no dice mucho. “Pregúntenle a ellos”, sugiere cuando se le cuestiona al respecto. No obstante, concede que acaso sea por su peso como figura política.
Tras su paso por la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, el primer problema para Ebrard Casaubón vino con el cierre parcial de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (SCT) Metro, que desde el 12 de marzo del año pasado (es decir hace ya casi 15 meses) mantiene sin servicio 11 de las 20 estaciones de dicha Línea, construida e inaugurada durante su gestión.
La suspensión parcial del servicio se decidió tras detectarse fallas que podrían poner en peligro a los usuarios. A partir de entonces los problemas e irregularidades en la obra, desde el proceso de contratación y hasta los trabajos de supervisión, comenzaron a brotar.
Por tratarse de una obra contratada, construida e inaugurada durante su mandato, los señalamientos contra Marcelo Ebrard por su responsabilidad fueron inevitables.
Las empresas TSO y Systra, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y la Cámara de Diputados han presentado informes en los que han analizado las causas de las fallas. Éstos coinciden en muchos puntos, como que hubo fallas en la planeación y diseño de la obra, defectos en el diseño de los trenes y su mantenimiento, errores en el diseño de las vías que agravaron el desgaste de la vía y los trenes, la incorrecta elección del material rodante, falta de coordinación entre el STC Metro y el Proyecto Metro (entidad encargada de la construcción de la Línea 12), una deficiente vigilancia y supervisión de las empresas que intervinieron en el proyecto, y falta de seguimiento a los trabajos faltantes o mal ejecutados.
Los informes de los órganos legislativos, además, cuestionaron la decisión de arrendar 30 trenes, a través de un contrato de Prestación de Servicios de largo plazo (PPS), en lugar de comprarlos, y de contratar la prestación del servicio en dólares, a un tipo de cambio de 16.75 pesos por dólar. Aunque no se trata de algo ilegal, no garantizó las mejores condiciones de contratación para el Estado, señaló la ALDF en su informe final presentado el pasado 16 de abril.
Ebrard ha rechazado los señalamientos que apuntan a su administración.
L12 Y LA “INTENCIONALIDAD POLÍTICA”
A principios de febrero pasado, cuando la comisión especial de la Cámara de Diputados sobre la Línea 12 presentaba un informe preliminar, Ebrard Casaubón irrumpió en la reunión de los legisladores y solicitó intervenir, pero los Diputados no se lo permitieron. Ebrard Casaubón acusaba que el informe presentado por la comisión especial tenía una “intencionalidad política” para señalarlo como responsable.
El informe en cuestión planteaba que se debían deslindar responsabilidades del ex Jefe de Gobierno, del Secretario de Finanzas durante su gestión, Mario Delgado Carrillo, y del titular del Proyecto Metro durante su gobierno, Enrique Horcasitas Manjarrez. Asimismo proponía sancionar administrativa, política y penalmente a los mandos medios y altos por su connivencia, negligencia u omisión, así como solicitar a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) que analizara los posibles ilícitos cometidos y realizar el desglose correspondiente a la Procuraduría General de la República (PGR).
El documento fue dado a conocer por algunos medios de comunicación antes de que la comisión lo presentara, lo que el ex mandatario local consideró una acción deliberada para desprestigiarlo políticamente y vulnerar su derecho de audiencia, al someterlo al escrutinio público sin haberle dado posibilidad de defenderse.
La autoría del documento se atribuyó a los legisladores priistas que formaban parte de ella, y Ebrard acusó que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el gobierno federal usaban el tema de la Línea 12 para dañar su fama pública.
En los días siguientes intentó nuevamente hablar ante la comisión especial para exponer su postura, pero otra vez fue rechazado. El 4 de febrero incluso acudió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para solicitar medidas cautelares a fin de que se garantizaran sus derechos de audiencia, a una defensa adecuada y al debido proceso. Dos días después, finalmente, el ex Jefe de Gobierno pudo hablar ante la comisión especial y reiteró su argumento de que había una “intencionalidad política” con la presentación del informe.
En una entrevista concedida en esos días a SinEmbargo, Ebrard afirmó que la comisión especial respondía a un deseo de Los Pinos y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por desprestigiarlo, y que ambos entes estaban en coordinación con el Gobierno del Distrito Federal.
Los problemas en la Línea 12 también le significaron a Marcelo Ebrard un desencuentro con el Jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa.
La relación entre ambos, que data de la gestión de Andrés Manuel López Obrador como Jefe de Gobierno, había sido cercana hasta comienzos de la actual administración. Mancera fue director jurídico de la Secretaría de Desarrollo Social cuando Ebrard era su titular, y luego fue nombrado procurador durante la administración ebrardista. Luego, Mancera se convirtió en el candidato a suceder en el cargo, pese a su inexperiencia política.
Ambos se distanciaron al inicio de la gestión de Mancera, pero fue el asunto de la Línea 12 lo que marcó el rompimiento. El alejamiento tuvo su punto álgido cuando el 5 de septiembre del año pasado se dieron a conocer las primeras sanciones de la Contraloría General capitalina a servidores públicos y ex servidores públicos por las fallas en la llamada Línea Dorada.
Ebrard Casaubón no figuraba entre los sancionados, pero sí estaba quien fuera director del Proyecto Metro durante su gestión, Enrique Horcasitas Manjarrez. Pero al considerar que se trataba de “una imputación indirecta de corrupción”, dos días después, Ebrard exigió a Mancera que presentara pruebas en su contra y lo retó a un debate público sobre los problemas en la Línea 12.
Durante una entrevista con la periodista Carmen Aristegui, le lanzó al Jefe de Gobierno: “Lo que no me puedes es quitar el prestigio, que he hecho en 30 años. No se vale”.
El Jefe de Gobierno rechazó la propuesta. “No veo la necesidad de volverlo político, ni por supuesto la necesidad de un debate político”, dijo.
Su antecesor en el cargo le reviró, afirmando que la negativa a dialogar públicamente sobre la Línea 12 “demuestra las motivaciones políticas del Jefe de Gobierno”.
No fue la única vez que Ebrard apuntó hacia Mancera por el caso de la Línea 12. El pasado 22 de abril, sostuvo que él y el actual director del STC Metro, Joel Ortega, eran los responsables del actual “desastre” de la línea, al haber recibido la obra y con ello aceptar la obligación de su funcionamiento, operación y mantenimiento. Sobre los problemas encontrados en la contratación y construcción de la obra nada dijo.
EL “VETO” DE MANCERA Y LA SALIDA DEL PRD
Otro desencuentro que tuvieron el Jefe de Gobierno y su antecesor fue durante la designación de candidaturas a diputados federales de representación proporcional por el PRD, a mediados de febrero, cuando Ebrard acusó a Mancera de vetar su candidatura a una diputación federal. Ese fue uno de los motivos por los que el 27 de febrero, Ebrard renunció al PRD tras una década de militancia, como escribió en su carta de renuncia.
Días después, nuevamente en entrevista con Carmen Aristegui, Ebrard afirmó que el dirigente del PRD, Carlos Navarrete Ruiz, le había dicho que para poder obtener una candidatura a una diputación federal por la vía plurinominal tenía que hablarlo con Mancera.
Él, dijo, no aceptó que su candidatura estuviera en manos de Mancera y que éste pudiera vetarlo.
El ex Jefe de Gobierno ha acusado a Mancera de responder a los intereses del PRI y de Los Pinos. Mancera rechazó lo afirmado por Ebrard sobre el supuesto veto.
Tras la renuncia de Ebrard, el dirigente del PRD, Carlos Navarrete, expresó que su salida había sido “la crónica de una renuncia largamente anunciada”, de muchos amagos y pocas razones. Navarrete cuestionó además que si Ebrard estaba en desacuerdo con el rol del PRD desde 2013 -como él lo expresó en su carta de renuncia- por qué salía del partido hasta entonces, cuando no había sido electo para una candidatura a una diputación federal.
Días después de su salida del PRD, Ebrard fue designado como candidato a diputado federal por la vía plurinominal por el partido Movimiento Ciudadano.
La fricción más reciente entre Mancera y Ebrard ocurrió hace unos días en el contexto de la contienda electoral.
Durante el inicio de la campaña de los candidatos de Movimiento Ciudadano, Ebrard, ya como aspirante por ese partido, dijo que si existiera actualmente la figura jurídica de revocación de mandato, Mancera no terminaría el año en su cargo, dados sus bajos niveles de aprobación entre los capitalinos.
También señaló al gobierno capitalino y al PRD de estar “en malas compañías”, aludiendo a su cercanía con el gobierno federal antes que con los ciudadanos, y criticó que el PRD perdiera el tubo y, según él, fuera un partido que ya no representa a los ciudadanos. Por ello, afirmó que existía una gran molestia entre los capitalinos sobre la actual gestión del gobierno capitalino.
“Se siente como si se hubiese reinstalado la Regencia del Distrito Federal y no tuviéramos un Jefe de Gobierno, un gobierno capaz de diferenciarse y de defender la ciudad frente al gobierno de la República”, dijo Marcelo quien renunció al Partido de la Revolución Democrática (PRD) en febrero pasado. Tenemos un gobierno que no tiene voz”, insistió Ebrard Casaubón sin mencionar el nombre de Mancera.
Un día después, Mancera contestó que él no se encontraba en una contienda política ni formaba parte de ella. Tras desearle suerte a todos los candidatos que participan en el proceso electoral, atajó la crítica diciendo: “Yo soy el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, nada más”.
LA ESTOCADA FINAL
Este miércoles, el Trife revocó la candidatura a Ebrard con el argumento de que había participado en dos procesos internos de selección en el PRD y Movimiento Ciudadano de forma simultánea.
La resolución de la máxima instancia de justicia electoral en el país fue aprobada por cuatro de los cinco magistrados que analizaron las impugnaciones hechas por los partidos Verde Ecologista de Méxco (PVEM), Nueva Alianza (Panal) y Encuentro Social (PES).
El proceso de selección interna de candidatos del PRD concluyó el 22 de febrero, sin que Ebrard estuviera en sus listas. Cinco días después, el 27, renunció a su militancia dentro del partido. Al día siguiente fue invitado como candidato externo de Movimiento Ciudadano.
En la interpretación del magistrado Pedro Esteban Penagos, quien elaboró el proyecto de revocación de candidatura, la designación de Ebrard se dio dentro del procedimiento interno establecido por ese partido, el cual había comenzado el 18 de febrero, es decir cuando Ebrard aún formaba parte de las filas del PRD.
Según Penagos, la candidatura de Ebrard estaba entonces sujeta a las reglas previstas en la convocatoria respectiva del partido.
Además de Penagos, votaron a favor de la resolución los magistrados Flavio Galván, Manuel González Oropeza y María del Carmen Alanís (aunque ella se pronunció por revocar la candidatura por razones difierentes).
El magistrado presidente Constancio Carrasco Daza votó en contra de la resolución, al considerar que debía prevalecer la defensa del derecho político electoral de un ciudadano a ser votado.
Tras darse a conocer la resolución de los magistrados, Ebrard escribió en su cuenta de Twitter: “Me están retirando el registro 4 a 1, el Verde y el PRI se salen con la suya para que yo no pueda participar como candidato”.
Ayer por la mañana, en conferencia de prensa, el ex Jefe de Gobierno reiteró su señalamiento de que la revocación de su mandato habría sido promovida por el PRI, aunque esta vez fue más puntual y acusó directamente al Presidente Enrique Peña Nieto.
“El origen es claramente el Gobierno federal, es Enrique Peña Nieto y sus aliados [...]. El promovente de esto se llama Enrique Peña Nieto”, afirmó.
Según Ebrard, Peña Nieto estaría detrás de la revocación de su mandato porque uno de los partidos que promovió la medida es el Partido Verde, que sirve a los intereses del PRI, partido del que forma parte el Presidente.
