Por Silber Meza, especial para SinEmbargo
Ciudad de México, 30 de abril (SinEmbargo/Noroeste).– Hay personas que prefieren sortear los problemas que el tiempo arroja con la intención de verlas tropezar. La señora Esperanza Hernández Lugo no es una de ellas. Al contrario. Ella les da la cara y trata de solucionarlos, aunque en ocasiones éstos parezcan ensancharse.
Doña Esperanza es una de las miles de desplazadas de Sinaloa. Ella vivía en el poblado serrano de Ocurahui, perteneciente al municipio Sinaloa municipio, cuando un grupo de personas armadas la obligó a ella y a cientos de pobladores a abandonar sus tierras, sus casas, todo.
Eso fue en febrero de 2012 y desde entonces, hace tres años, Esperanza no ha cejado en su lucha por exigir al gobierno que brinde condiciones de vida digna para los pobladores desplazados de manera forzada, por tramitarles empleos, educación, vivienda y beneficios de salud. Pero la exigencia no ha sido bien vista por la administración estatal y, al parecer, tampoco por los grupos delictivos.
El 6 de marzo de este año recibió una amenaza que cimbró a toda su familia: o doña Esperanza abandonaba Guamúchil, o en poco tiempo estaría muerta. Esa fue la culminación de una historia larga de indefensión de la que ha sido víctima la señora, y ahora toda su familia.
Aunque durante 3 años se acercó al gobierno de Sinaloa para solicitarle que le brindara garantías de seguridad a los desplazados, éstas nunca llegaron.
–¿Cómo definiría esos 3 años de relación con el gobierno de Mario López Valdez?
–De sufrimiento, de frustraciones.
Desde una oficina de la Ciudad de México, lugar donde se halla protegida junto con sus seres queridos, la señora cuenta cómo han sido estos últimos años de miedo a los grupos del crimen organizado y de indiferencia por parte de la autoridad.
"De las cosas que me han dolido más es que pienso que se pudieron evitar muchas muertes si el gobierno hubiera atendido las peticiones que hicimos nosotros desde febrero de 2012; si a menos de un mes de haber salido de Ocurahui, el gobierno de Sinaloa hubiera tomado cartas en el asunto no hubiera habido tantos asesinatos ni tantas comunidades desplazadas", menciona entre interrupciones frecuentes.
–¿Cuántos asesinatos se hubieran podido evitar?
–Ni el gobierno tiene un registro de los asesinatos porque ya nadie iba a levantar los cuerpos. Pero hubo días en que hubo hasta 6 asesinatos por día. Nosotros tenemos una contabilidad, entre los conocidos y familiares, de 48 personas asesinadas.
–¿Si el gobierno de Mario López Valdez hubiera atendido el problema desde el principio, tal vez se hubieran podido evitar esas 48 muertes?
–Sí, porque nosotros nunca pensamos que el desplazamiento fuera permanente. Pensamos que al bajarnos a las ciudades y denunciar los hechos ante el gobierno y pedir el apoyo del Ejército para que intervinieran y se erradicaran los grupos, nos ayudaría al regreso. Esas ilusiones tontas teníamos porque creíamos en el gobierno. Ahorita ya no, la desilusión es tan grande para mí que ya no sé de quién desconfiar más, del gobierno o de los grupos criminales.
Tras un pausa apacible para recobrar el aliento perdido, Esperanza recuerda indignada aquel octubre de 2013 cuando se reunió por única ocasión, y por un puñado de minutos, con el Gobernador del Estado, Mario López Valdez.
La audiencia la logró después de que ella y un grupo de desplazados se plantaron en frente del Mandatario durante una gira por Guamúchil. Esa vez le exigieron que los escuchara.
Ante el reto público, Malova le programó una cita en su oficina que los animó, pero que terminó siendo desoladora. Durante el encuentro ella le quiso explicar que el desplazamiento no se debía a la pobreza, sino a la inseguridad que sufrían sus pobladores. Le intentó compartir el miedo que tenían cada vez que se asomaban los grupos armados y ejercían como sombras negras el horror de la violencia del crimen organizado.
"Traté de contarle y fue terriblemente doloroso que me dijera: 'no me interesa escuchar historias'. Ahí se me acabó lo que tenía que decirle. ¿Cómo le iba a pedir una solución para lo que a él no le interesaba?".
Ante el portazo de las palabras prefirió dejarle por escrito un documento que traía con ella.
"Y nomás le dije: por favor, señor, lea este documento".
–¿Qué está haciendo usted aquí en el Distrito Federal?
–Estamos refugiados. Somos desplazados por segunda vez y no es sólo mi hijo el que está conmigo, es mi familia: mi madre, mis otros hijos y mi nieto.
–¿Desde cuando están aquí?
–Desde el día 9 de marzo.
–¿Cómo fue la amenaza?
–Fue de que si yo no dejaba Guamúchil me iban a matar. Así. La verdad yo no tenía contemplado salirme, pero [ONGs] me dieron el apoyo al menos por un tiempo, mientras se sabía de dónde venía la amenaza y por qué.
–¿A usted le llamaron?
–No, por medio de una hija. Le hablaron en la mañana al celular: dile a tu mamá que se vaya de Guamúchil porque sino la vamos a matar.
Después de la amenaza, la señora Esperanza Hernández Lugo abandonó la ciudad y un grupo de organizaciones de derechos humanos le brindaron una morada para ella y para su familia, y cubrieron los gastos básicos de alimentación.
"El porqué [de la amenaza] lo tengo más o menos claro: es por la lucha que he llevado durante todo este tiempo como defensora de las familias desplazadas", asegura mientras termina de desvanecer en sus manos una servilleta de papel.
Esta lucha es la que la mantiene en el DF y es la misma que ha provocado que el martes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidiera al Estado mexicano que la protegiera a ella y a otros desplazados más por la violencia en Sinaloa.
Tras un viaje a Washington D.C., Estados Unidos, realizado por la señora Esperanza y las organizaciones no gubernamentales que la apoyan, la CIDH determinó que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, pues su vidas, la de otra defensora y las de sus familias se encuentran en riesgo.
Pero no sólo se pronunció en su favor la CIDH, también se sumaron en su apoyo la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Latin America Working Group y Refugees International.
Además, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México conformada por 99 diversas organizaciones también enviaron una misiva al Gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, donde expresaron su inquietud por el caso y demandaron protección.
Esta no es la primera vez que la señora Esperanza visita el Distrito Federal. Tras 2 años y medio de decepciones con el gobierno de Sinaloa, en septiembre pasado aterrizó en la capital del país y fue tocar las puertas de oficinas federales con las ganas de ser escuchada.
Con un escrito bajo el brazo, similar al que le entregó al Gobernador Mario López Valdez después de que le dijo que no le interesaba escuchar historias, acudió a las cámaras de Senadores, a la de Diputados, a la oficina del Presidente de la República, a la de la Secretaría de Marina (Semar), a la del Ejército Mexicano, a la de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Esta última fue la única que la escuchó y que se decidió a visitar Sinaloa para conocer de cerca el problema del desplazamiento interno forzado.
El 23 de febrero, la CEAV se reunió con un grupo de desplazados para escuchar los problemas y dos semanas después, el 6 de marzo, fue cuando la señora Esperanza Hernández recibió la amenaza a través del teléfono celular de su hija. Un número que muy pocas personas conocían.
Y a pesar de que está decepcionada de las autoridades, la ahora doblemente desplazada sabe que el único que le puede ayudar es el gobierno, el mismo que por años le ha mostrado su lado más indiferente.
–¿Qué espera usted después de estas medidas?
–Que el gobierno me apoye, que me brinde la seguridad que necesito para volver a mi estado, a mi casa y con mi gente, con las otras familias desplazadas. Que me dé la seguridad para mí y mi familia. Hago un llamado al Gobernador de Sinaloa para que reconozca que el problema del desplazamiento forzado interno existe. Que no nos vea a los desplazados como sus enemigos, que no lo somos. Somos gente que necesitamos de él, que necesitamos su ayuda, y sobre todo de su protección.
LOS DATOS
En los últimos 12 años, en Sinaloa se han registrado más de 25 mil desplazados por violencia y sequía, según cifras de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa.
Desde febrero de 2012, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del gobierno de Sinaloa, (SEDESHU), inició su propio conteo de desplazados por la violencia que genera el crimen organizado. A mayo de 2014, la Secretaría había contabilizado a 4 mil 714 personas, divididas en mil 117 familias.
