Por Mayela Sánchez y Ariadna Ortega
Ciudad de México, 28 de abril (SinEmbargo).– ¿Qué tienen en común Jesús Valencia, Adrián Rubalcava, Víctor Hugo Lobo, Nora Arias, Víctor Hugo Romo, Leonel Luna, Jorge Romero, Mauricio Toledo, Alejandro Fernández, Dioné Anguiano, Agustín Torres, Federico Döring, Armando Quintero y Cristian Vargas? Uno: que son candidatos a un puesto de elección popular en la capital del país. Y dos: que todos fueron ligados, por distintos hechos, en posibles crímenes, algunos más grandes que otros. Hay desde aquellos a los que se les relaciona con el crimen organizado, hasta sobre los que existe la sospecha de que usaron recursos públicos en su beneficio.
Y todos ellos fueron postulados por PRI, PAN, PVEM o PRD a pesar de que hay investigaciones en desarrollo. Algunos pasarán de tener fuero en un espacio público, a tenerlo en otro, si salen electos. Muchos tienen, para su fortuna, ese brinco garantizados porque van por la vía plurinominal.
Lo que se desconoce, en casi todos los casos, es si realmente la Procuraduría General de la República (PGR); la local, la PGJDF; los órganos de vigilancia o los mismos partidos realmente los tienen bajo investigación aún cuando hay denuncias formales.
Los requisitos que actualmente contempla la ley electoral para el registro de candidatos a puestos de elección popular son mínimos y no prevén la entrega de declaraciones de bienes, de intereses ni fiscales. Tampoco se revisan los antecedentes penales ni se acredita que las personas interesadas en ocupar un cargo de elección popular no enfrenten procesos judiciales o administrativos por el desempeño de su trabajo.
A pesar de que en muchos casos los candidatos ya han ocupado cargos de elección popular o han desempeñado puestos en la administración pública, tampoco se les obliga a probar que no pesen sobre ellos acusaciones o imputaciones por el mal desempeño de sus funciones.
Analistas y expertos explican que en la legislación actual no existen mayores requisitos para poder otorgar el registro a los candidatos, pese a los señalamientos en su contra. Los órganos electorales, tanto en el caso del Instituto Nacional Electoral (INE) como del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) “pueden hacer muy poco porque de acuerdo con la ley lo único que puede impedir el registro de algún candidato es la existencia de un auto de formal prisión y la internación del sujeto de quien se trate”, detalló el experto Eduardo Huchim May.
“Esto evidentemente puede parecer inadecuado, puede parecer incorrecto. Pero también es cierto que existe una disposición constitucional que es la presunción de inocencia […]. En estos casos ya queda a juicio de los electores si les parece que esos candidatos son idóneos para representarlos o no”, planteó.
A decir de Salvador Mora Velázquez, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se trata de una práctica negativa para la democracia, pues en lugar de que los candidatos se legitimen con su trabajo, el que algunos de ellos puedan contender por un cargo de elección popular pese a acusaciones en su contra enrarece la competencia electoral.
En su opinión esto abona también a la falta de legitimidad de la clase política y a su descrédito frente a los ciudadanos.
El politólogo René Torres-Ruiz, académico de la Universidad Iberoamericana, coincidió en que postular a personas sobre las que pesan señalamientos negativos o acusaciones repercute negativamente en la confianza ciudadana hacia los partidos políticos.
"Las bases se sienten excluidas en el proceso de consulta, de cómo se van definiendo estas candidaturas. La ciudadanía lo que ve es que muchos de estos candidatos son gente con antecedentes dudosos, gente con muy poca ética pública, corruptos, que han gozado de impunidad, que se escudan en el fuero para hacer lo que quieran, entonces yo diría que el daño es importante [y] deben los partidos políticos replantear los procedimientos que están empleando para definir las candidaturas”, expuso.
Huchim May, ex consejero del IEDF, agregó también que los partidos deberían hacer una análisis de las denuncias que se presentan en contra de sus aspirantes como un ejercicio de auto control, “debe haber por parte de los partidos políticos un elemental respeto al electorado para que no le presenten candidatos no idóneos o que están bajo sospecha o que incluso con denuncias en su contra”.
LOS CIUDADANOS Y SU RESPONSABILIDAD
Pero la responsabilidad no recae únicamente en los partidos que postulan a candidatos cuestionados, consideraron los especialistas. También los ciudadanos son responsables en la medida en que avalen con su voto a esos candidatos.
“Creo que hasta el día en que el ciudadano castigue estas omisiones, estas peculiaridades de elección de candidatos será cuando el partido tenga que poner demasiada atención en los filtros que establece para la elección de candidatos”, comentó Mora Velázquez.
Se trata, en todo caso, del último eslabón de una cadena de legitimaciones tácitas a ese tipo de candidaturas y de la que también forman parte las instituciones electorales.
Torres-Ruiz expresó al respecto que ello se suma al cuestionamiento de un sistema electoral de por sí desacreditado por hechos como la compra y coacción del voto y la opacidad de los recursos que llegan y alimentan las campañas de todos los partidos políticos.
“Es un sistema electoral cuestionado, que no genera la confianza en la ciudadanía de que esos mecanismos, procedimientos, leyes, funcionen adecuadamente porque no se está blindando de alguna forma que lleguen a través de esos mecanismos gente proba, gente honesta, gente preocupada por recuperar los intereses y demandas ciudadanas”, planteó.
Asimismo planteó que la legislación electoral debería incorporar como un impedimento para postularse a una candidatura el tener en marcha un proceso legal en su contra, o que le hayan hecho señalamientos de corrupción, de mal uso de recursos o que se haya visto implicado en alguna situación que pueda constituir eventualmente un delito.
“Creo que la legislación en ese sentido es defectuosa y debería de corregirse”, expresó. También expuso que ese tipo de prácticas abonan a la impunidad pues al respaldar su eventual incorporación a cargos públicos, se les está librando de enfrentar una responsabilidad de tipo penal o civil.
En el proceso electoral en curso, que culminará con los comicios del próximo 7 de junio, por primera vez se han creado mecanismos para fomentar la rendición de cuentas de los candidatos, como la plataforma “Candidato transparente”, impulsada por el Instituto Mexicano para la Competitividad y Transparencia Mexicana. La iniciativa promueve que los candidatos hagan públicas sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses.
Huchim May consideró que esta es una muy buena iniciativa del IMCO y organizaciones de la sociedad civil. “Me parece que quien lo haga o quien se comprometa, en caso de que gane la elección, puede ganarse la confianza del electorado porque esa sería una señal de que quiere llegar al cargo al que aspira a servir y no a hacer dinero, a enriquecerse o a dedicarse al tráfico de influencias”, dijo.
También en este proceso electoral, algunos partidos políticos han promovido que sus candidatos se sometan a pruebas de confianza, realizadas por instancias públicas como la Secretaría de Seguridad Pública capitalina y la Procuraduría General de la República. Sin embargo, en ambos ejemplos se sigue tratando de acciones voluntarias. Mora Velázquez cuestionó que los partidos políticos no se responsabilicen de ser los primeros en verificar los perfiles de sus candidatos.
“Al final del camino no están siendo responsables y finalmente hay que advertir que esto deviene en que los partidos políticos al elegir estos candidatos estas cuestionando también su propia trayectoria y su imagen política ante el ciudadano”, planteó.
En las campañas electorales en curso tanto el Partido Acción Nacional como el Partido Revolucionario Institucional han exhibido conductas cuestionadas de sus oponentes políticos. Sin embargo, Mora Velázquez no ve que ese tipo de campas negativas sirvan al ciudadano para enterarse de la calidad de los candidatos políticos, ya que, dijo, se construyen a partir del escándalo y no buscan clarificar a la gente la información que están presentando.
En el caso del Distrito Federal, en donde están en juego las 16 jefaturas delegaciones y 66 diputaciones de la Asamblea Legislativa, son varios los casos de candidatos que pese a señalamientos, denuncias o, en algunos casos, investigaciones en curso, están en la contienda electoral tratando de conseguir el voto ciudadano que los avale.
LOS PERSONAJES
Jesús Valencia Guzmán. El jefe delegacional con licencia de Iztapalapa no busca un cargo de elección popular en el Distrito Federal, sino una diputación federal. Sin embargo, fue inscrito como candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) por el principio de representación proporcional, de modo que no será votado el próximo 7 de junio.
Actualmente, se encuentra bajo investigación tanto de la Contraloría General como de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por los posibles actos de corrupción que se ventilaron tras un accidente ocurrido en diciembre del año pasado.
La madrugada del 17 de diciembre, Valencia Guzmán chocó la camioneta en la que viajaba contra otra camioneta estacionada, en Pedregal de San Ángel. Tras conocerse del accidente, el funcionario dio varias versiones distintas sobre lo ocurrido y sobre la propiedad del vehículo en el que viajaba. Finalmente se supo, a través de la prensa, que la camioneta era propiedad de un contratista de la delegación. Luis Molleda Cámara, cuya empresa Amexire mantenía ese año tres contratos con el gobierno delegacional encabezado por Valencia Guzmán. Luego se difundió que el jefe delegacional también usaba otro vehículo de otro proveedor de la demarcación.
En días posteriores a este hecho, la Procuraduría y la Contraloría locales iniciaron investigaciones por los posibles actos de corrupción entre el Delegado y sus contratistas, que hasta la fecha permanecen en curso.
Adrián Rubalcava Suárez. El Jefe delegacional con licencia de Cuajimalpa y candidato a Diputado local por la fórmula PRI-Partido Verde Ecologista de México, fue denunciado el pasado 9 de marzo por militantes del Partido Revolucionario Institucional ante la Procuraduría General de la República (PGR) por sus presuntos vínculos con el grupo de secuestradores “Los Claudios”, uno de los cuales fue servidor público en la demarcación.
El pasado 23 de febrero, el director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón de Lucio, informó sobre la detención de los integrantes de una bada identificada como "Los Claudios", a quienes se les señaló de presuntamente secuestrar empresarios e integrantes de la comunidad judía en la Ciudad de México. Uno de ellos era Claudio Germán González González, cuyo hermano Héctor Mauricio trabajó la Delegación Cuajimalpa como Jefe de la Unidad Ejecutiva de Recursos Naturales y Áreas Protegidas.
Días después de la aprehensión de "Los Claudios", se publicó una fotografía del delegado con licencia Rubalcava Suárez con Claudio Germán González González. La imagen, de un usuario identificado como 2Claudio Triple G”, dice: “Fiestas de fin de año con mi amigo Rubalcava en Cuaji” (sic). El delegado con licencia dijo que la fotografía había sido modificada digitalmente con la intención de dañar su imagen.
El Partido de la Revolución Democrática (al que antes perteneció) lo ha acusado también de dirigir a "Los Claudios", quienes habrían amenazado y agredido físicamente a perredistas por pintar una barda alusiva al diputado federal Luis Cházaro y, recientemente, habrían agredido a brigadistas del PRD. También los señalan de intimidar a los opositores del delegado y retirar a la fuerza propaganda política de los partidos opositores en la demarcación.
Víctor Hugo Lobo Román. Actualmente es Diputado local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF). Previamente ocupó la jefatura delegacional de Gustavo A. Madero, cargo que ahora intenta repetir bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Cuando en 2008 el entonces jefe delegacional Francisco Chíguil Figueroa fue destituido del cargo por el fallido operativo oficial en la discoteca News Divine, a causa del cual murieron 12 personas, Lobo Román –entonces director general de Servicios Urbanos, quedó en su lugar. Desde entonces comenzaron las acusaciones por el uso indebido de los programas sociales y el desvío de recursos públicos de la delegación supuestamente para comprar a líderes vecinales.
De acuerdo con una columna del periodista Ricardo Raphael, el presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan Pablo Castañón, lo acusó de ser responsable de la huida masiva de hoteleros, restauranteros, comerciantes y prestadores de servicios en la delegación. El periodista refirió también en su columna en el diario El Universal que existían tres averiguaciones previas por abuso de autoridad y agresión física presuntamente por parte de trabajadores que están en la nómina de la delegación y que estarían a la orden de Lobo Román y de la actual delegada Nora Arias Contreras, esposa de Lobo Román.
También se le acusa de extorsionar taxistas, vendedores ambulantes y constructoras que trabajan para la delegación, por vender plazas de empleados públicos y perseguir a los funcionarios que no quieren acompañarlo a sus actos de proselitismo.
Nora Arias Contreras. Se desempeñó como directora de Desarrollo Social en la Delegación Gustavo A. Madero durante la administración de Lobo Román. Desde ahí, el entonces jefe delegacional –de quien es esposa– la impulsó para sucederlo en el cargo, lo que ocurrió en 2012. Ahora, ella compite por una diputación local con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el mismo partido que la llevó a la jefatura delegacional. Además de que se le señala también por continuar con el uso indebido de programas, desvío de recursos y extorsiones.
En 2013 fue demandada para pagar una deuda de la delegación por la adquisición de objetos promocionales como gorras y playeras en 2009, cuando Luis Meneses Murillo fungía como encargado del despacho, tras la salida de Chíguil Figueroa. Como la resolución del juez se emitió hasta mayo de 2013, recayó en su gestión el pago de poco más de 3 millones de pesos. Sin embargo, de acuerdo con una nota de El Universal, la Delegada no respondió a los llamados judiciales ni a las órdenes de pago. Por tal razón, el juez federal que llevaba la causa, clasificado como un juicio mercantil ordinario bajo el folio 582/2011, giró dos órdenes de arresto contra Arias Contreras, el 17 y el 27 de julio. Previamente, el juez ya le había impuesto dos multas de 6 mil pesos, que la Delegada tampoco pagó.
En mayo de 2013, el Partido Revolucionario Institucional capitalino presentó ante la Procuraduría General de la República denuncias penales contra Arias Contreras por mal uso de programas sociales, pues a principios de ese mes dos supuestos operadores políticos de la funcionaria y empleados de la delegación trasladaron propaganda alusiva a la delegada a los beneficiarios de un programa social y señalaron que en un domicilio de la delegación supuestamente recolectaban documentos a nombre del PRD y de la delegada para condicionar la entrega de apoyos.
En febrero de 2014, la Diputada federal perredista Lizbeth Rosas y el ex Diputado Norberto Nazario Sánchez –quien hoy compite por la jefatura delegacional como candidato independiente– denunciaron que los grupos políticos distintos al PRD eran hostigados y amenazados por personas supuestamente ligadas a Arias Contreras y a su esposo.
Víctor Hugo Romo Guerra. Ex jefe delegacional en Miguel Hidalgo, por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). El 13 de junio de 2014, la actriz Claudia Cervantes realizó una fiesta en el Panteón Civil de Dolores, ocupando la Rotonda de las Personas Ilustres. La actriz consiguió el permiso para usar el espacio a través de una productora, con el pretexto de la supuesta filmación de un video musical. Semanas después. la noticia se conoció y comenzó un escándalo.
Rafael del Val, entonces subdirector de Servicios al Público de la demarcación, fue despedido por haber autorizado el uso del panteón. En una grabación dada a conocer en ese contexto, del Val aseguró que en la demarcación no se hacía nada sin su autorización, sugiriendo que el jefe delegacional habría sabido del festejo. Sin embargo, el entonces delegado aseguró que no había sido consultado sobre ese asunto por del Val.
Tras darse a conocer el hecho, el Partido Revolucionario Institucional presentó un punto de acuerdo para externar un “severo extrañamiento” al delegado y llamarlo a comparecer, además de proponer que la Contraloría General del Distrito Federal investigara las responsabilidades de los funcionarios involucrados.
En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal el grupo parlamentario del partido Movimiento Ciudadano hizo peticiones en el mismo sentido. El Delegado finalmente no compareció, pero el gobierno capitalino aseguró que la Contraloría y la Procuraduría capitalina habían abierto sendas investigaciones.
El pasado 22 de abril, la candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la jefatura delegacional de Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, realizó un acto en la Rotonda para recordar el desagravio. Romo Guerra respondió diciendo que la empresa fue sancionada conforme a la ley, con una multa de casi 350 mil pesos, al igual que el funcionario que expidió el permiso.
Además de ese hecho, también existe una denuncia ante la Procuraduría capitalina por parte del presidente de la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano, Alejandro Negrete, por el excesivo uso del espacio público para promocionar la imagen del ex jefe delegacional, así como su trabajo. Según declaró el denunciante a la prensa, la propaganda institucional fue colocada incluso en sitios prohibidos por la Ley del Espacio Público.
Durante la gestión de Romo Guerra también hubo denuncias vecinales por construcciones inmobiliarias que violan el Plan Parcial de Desarrollo Urbano.
En marzo de 2014, los diputados del PAN en la capital lo acusaron de maquillar sus informes de gastos y pidieron a la Contraloría General del Distrito Federal una investigación.
Leonel Luna Estrada. Fue jefe delegacional de Álvaro Obregón en el trienio 2006-2009, pero dejó el cargo para ocupar una diputación local, tras lo cual regresó a la jefatura delegacional nuevamente. Ahora intenta llegar nuevamente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), como Diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
El 21 de mayo de 2014, cuando granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) capitalina se enfrentaron con habitantes del pueblo de San Bartolo Ameyalco por la construcción de una obra hidráulica que no había sido consultada con los vecinos, se acusó la supuesta complicidad de Luna Estrada para poner en marcha la obra. También se le responsabilizó por la actuación de los granaderos, lo que él rechazó diciendo que si bien él había solicitado la intervención de elementos de la SSP, las estrategias, el operativo y el accionar de los policías no eran su responsabilidad.
En febrero de 2014, el entonces coordinador de Fomento Deportivo de la delegación, José Mora Pérez, lo acusó de presunto desvío de recursos. El entonces delegado rechazó las acusaciones. Pero tras la denuncia, el diputado local panista Gabriel Gómez del Campo presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría capitalina y a la Contraloría General a investigar los actos del funcionario, así como a presentar a la ALDF un informe de dichas investigaciones. El punto de acuerdo fue aprobado y turnado a la comisión de Administración Pública Local.
Vecinos de la delegación han señalado las violaciones a los usos de suelo para la construcción de inmuebles durante su gestión. El pasado 21 de abril los diputados locales María de los Ángeles Moreno, del Partido Revolucionario Institucional, y Gabriel Gómez del Campo, del Partido Acción Nacional, informaron que se encontraban integrando pruebas por presuntos actos de corrupción del ex Delegado a fin de presentar una denuncia penal en su contra.
Jorge Romero Herrera. El ex jefe delegacional en Benito Juárez, ahora candidato del Partido de Acción Nacional (PAN) a diputado local, ha sido fuertemente criticado por usuarios de redes sociales y hasta por mismos militantes albiazules quienes manifestaron que el funcionario impone a sus allegados en cargos políticos y administrativos en la demarcación.
Con el hashtag #TiteredeRomero usuarios de la red social publicaron en días pasados una lista que denominaron “los puntos negros de la campaña panista en BJ”, en ella se describe cómo Romero apoya las campañas electorales de sus compañeros.
Dicho texto menciona, por ejemplo, que “con los más de 65 millones de pesos desviados en la administración romerista, mismos que fueron detectados por la Auditoria Superior de la Federación, Jorge Romero Herrera respalda la precampaña de su hermano Christian Von Roehrich”.
En febrero de este año, el ex Delegado y sus compañeros afines lograron encabezar la lista en las candidaturas de mayoría relativa a diputados locales y a jefes delegacionales del PAN-DF, así como varias posiciones en las plurinominales a diputados federales.
En agosto del año pasado, Romero tuvo que aclarar sus relación con una distribuidora de Oracle de México, luego de que se diera a conocer que funcionarios cercanos a él viajaron a Brasil acompañados de empleados de esa empresa; sin embargo, él lo negó pese a que así lo confirmara la Oficina de Información Pública (OIP) en una solicitud de transparencia, según lo publicó Libre en El Sur en especial para SinEmbargo.
Asimismo, durante su etapa como coordinador de Gabinete, el nombre de Herrera fue también muy sonado después de que se le señalara por cobrar cuotas a los restauranteros con la finalidad de que su negocio operara sin problemas, según explicó Raúl Rodríguez Cortés en marzo de 2012 en su columna “Gran Angular” en el diario El Gráfico.
Mauricio Toledo Gutiérrez. El ex Delegado de Coyoacán ha sido criticado por los vecinos de la demarcación y la oposición, quienes en diversas ocasiones acusaron al ahora candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a una diputación local, de sostener una mala administración y perpetuar a sus allegados en los comités vecinales, además del mal manejo de una gasolinería por la que supuestamente pidió un millón de pesos por su reapertura.
Sin duda uno de los casos que hizo que todos voltearan a ver a Toledo fue cuando en febrero de 2013, Rodolfo Reus, abogado del empresario Gazi Nacif Borge, lo acusó de extorsionarlo para evitar la clausura de la construcción de obra Torre Céfiro 120. Dicho acto le mereció una denuncia interpuesta por asambleístas del PAN ante la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) por corrupción y mal manejo del predio.
A finales del año pasado, diputados del PAN–DF exhortaron a Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de Gobierno del Distrito Federal, a reconsiderar su postura de sostener a Toledo en la delegación.
En enero de este año Mauricio Toledo pidió licencia a su cargo para contender una diputación local. En aquel momento, el ex delegado afirmó en conferencia de prensa que su licencia sería definitiva y que no regresaría a su puesto por “respeto a la gente y a la comunidad”.
Alejandro Fernández Ramírez. El ex delegado en Cuauhtémoc, también conocido como “El potrillo”, se coloca en esta lista al ser señalado por los vecinos como un gobernante “ineficiente” ya que no pudo solucionar el eterno problema de prostitución cerca de las instalaciones de la delegación, las querellas por ambulantaje y el mal ordenamiento de bares y centros nocturnos.
Alejandro Fernández puso en jaque su administración luego de que en mayo de 2013 se diera a conocer la desaparición de 12 jóvenes del bar Heaven, en la Zona Rosa, caso que la PGR dio por terminado después de que presuntamente se hallaran los cuerpos dentro de una fosa clandestina en Tlalmanalco, Estado de México.
Asimismo, Fernández Ramírez tuvo que responder a la ciudadanía por el asesinato de Malcolm Shabazz, nieto del activista estadounidense Malcolm X, en un bar de Plaza Garibaldi.
“El Potrillo”, quien ahora aspira por una diputación local por el Sol Azteca, dejó una deuda de 2 millones 710 mil 696.48 pesos a seis empresas que le brindaron diversos servicios, de acuerdo con una nota publicada por el periódico La Crónica en enero de este año.
Dioné Anguiano Flores. La actual candidata a la jefatura de Iztapalapa por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), se convirtió en los últimos días en el centro de atención de los capitalinos y de la oposición tras haber sido señalada de coordinar un supuesto un operativo para controlar la elección interna del partido que representa en las elecciones del pasado 7 de septiembre.
Al respecto, Raúl Flores García, el líder del PRD, quien acompañó a Dioné en su primer acto de campaña, advirtió que la también ex procuradora social se sometería los exámenes para detectar si realmente sostuvo vínculos con los criminales que intentaron sabotear la elección.
Durante esta contienda, Anguiano Flores también ha sido criticada por realizar proselitismo sin haber dejado su cargo como Diputada de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
Agustín Torres Pérez. El legislador local, que hora aspira a una diputación federal por el distrito 12, se perfila en esta lista como “el candidato indeciso”; en febrero de este año renunció a las filas del PRD por la “crisis ideológica” que vive esa fuerza política y por la “imposición” de la que fuera precandidata a la jefatura delegacional de Cuauhtémoc, la actriz María Rojo Incháustegui.
En aquel momento, Agustín Torres dijo que se sumaría al Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Sin embargo un mes después regresó al PRD para ahora contender una diputación federal.
El ex perredista dijo que de ganar la contienda intentará mejorar la relación con el grupo político que encabeza el jefe delegacional con licencia, Alejandro Fernández Ramírez, y expresó que de cualquier manera apoyará de forma institucional a José Luis Muñoz Soria, de la coalición PRD, Partido del Trabajo y Nueva Alianza, sin embargo desde un inicio manifestó su apoyo a Ricardo Monreal Ávila candidato a delegado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Federico Döring Casar. El coordinador del PAN en Asamblea Legislativa del DF (ALDF) recobró relevancia en este proceso electoral luego de que se viera “acorralado” por la controversia que protagonizó Xóchitl Gálvez, candidata a la jefatura delegacional de Miguel Hidalgo, pues sostuvo en días pasados que “hubo una negociación entre el PRD y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para echar abajo la contienda de la panista y salvar la candidatura de Miguel Ángel Salazar”.
El ahora candidato a Diputado Federal por el Partido Acción Nacional (PAN) dijo también en días recientes que se someterá a la prueba de confianza que realiza la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y exhortó a sus compañeros a ser congruentes con los principios del partido político que representa.
Sin embargo, el panista es ya es reconocido y repudiado por impulsar la famosa “Ley Döring”, también conocida como la “Ley S.O.P.A” (por sus siglas en inglés) que pretendía “regular” los contenidos en la red, legislación que los expertos calificaron como una violación a la libertad de expresión ya los derechos de la información.
Raúl Armando Quintero Martínez. El ex titular de la Secretaría de Transporte y Vialidad del Distrito Federal (Setravi) fue acusado en febrero pasado por transportistas de haber cometido actos de corrupción durante su gestión (2006-2012).
Los integrantes de 35 rutas de transporte señalaron al político como posible responsable de defraudar a 38 socios de la empresa SAJJ, operadora de la Línea 2 del Metrobús y manifestaron al líder capitalino del Sol Azteca, Raúl Flores García, su descontento ante la actual candidatura de Quintero a jefe delegacional en Iztacalco (mismo cargo que ocupó de 2003 a 2006).
Armando Quintero, quien en las elecciones internas del Sol Azteca de septiembre pasado exhortó a la militancia perredista a votar por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, sorprendió a la bancada tras anunciar su renuncia al partido el 21 de marzo para contender por Iztacalco, pero ahora desde Movimiento Ciudadano.
Alan Cristian Vargas Sánchez. Ha sido más conocido por sus escándalos que por su trayectoria política. Fue Diputado plurinominal del Distrito Federal y candidato a diputado local por el distrito VIII de la Delegación Gustavo A. Madero (GAM).
A Cristian Vargas pocos le recuerdan por su nombre. En 2009, en un acto de ira rompió con una escalera una de las puertas de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), acción que lo puso en jaque en las redes sociales donde los usuarios le otorgaran el apodo de “El Dipuhooligan”.
Ese mismo año, Cristian Vargas también se enfrentó a golpes con uno de los empleados de la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Martha Delgado Peralta, porque quiso mover la bicicleta en la que la funcionaria había llegado a la Asamblea. Asimismo fue denunciado por su propia madre quien dijo que un día intentó golpearla.
Hoy, “El Dipuhooligan” vuelve al escenario político y es el candidato la jefatura de GAM por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). De ser electo por los capitalinos, Vargas prometió donar el 100 por ciento de su salario a programas de asistencia social en la demarcación.
