Ciudad de México, 28 de abril (SinEmbargo).– Ex empleados de la minera Fresnillo PLC, ubicada en Caborca, Sonora, propiedad de Grupo Peñoles, del empresario Alberto Baillères González, denunciaron que fueron despedidos injustificadamente y han sido objeto de acoso y amenazas por parte de esa compañía, luego de que exigieron al Sindicato Nacional Minero Metalúrgico, Sección 94, que hiciera una rendición de cuentas.
Los afectados afirmaron que la empresa los acusó de querer formar un nuevo sindicato y de incitar a una huelga. Además, la minera les advirtió que es una compañía con dinero y que podría boletinarlos en todo el país para que no los volvieran a contratar.
A Grupo Peñoles también se le ha señalado por contaminar un río y una presa en la zona, sin que las autoridades federales y locales hayan actuado en consecuencia. De acuerdo con los denunciantes y con ejidatarios sonorenses, la mina cobre La Parreña opera desde hace 14 años en la región y vierte desechos tóxicos [sulfato de cobre] en el arroyo Milpillas en el municipio de Santa Cruz, ubicado a unos 15 kilómetros de la frontera entre México y Arizona.
El arroyo Milpillas es un afluente de la presa del Comaquito, que proporciona agua a mil 900 hectáreas de producción agrícola. De acuerdo con ejidatarios de la zona es frecuente observar manchas y tramos de ese arroyo, a lo largo de 8.5 kilómetros, de diversos e intensos colores, lo que es evidencia del resultado de las descargas de La Parreña.
La minera Fresnillo PLC es parte del Grupo Peñoles y una de las empresas mexicanas más importantes del ramo; incluso, en medio de la actual caída de precios internacionales del oro, la plata y el cobre, Industrias Peñoles reportó el pasado 24 de abril que sus ingresos netos sumaron 15 mil 476 millones de pesos. El dueño de este emporio minero, Alberto Baillères, es el tercer hombre más rico de México, de acuerdo con la revista Forbes, y posee una fortuna personal de 12 mil 400 millones de dólares.
Los mineros acusaron que la empresa, al momento de despedirlos, los obligó a firmar una carta donde la deslindaban de cualquier accidente o enfermedad que hayan sufrido o contraído durante sus años en la mina.
Rafael Anduaga Martínez, ex secretario de Asuntos Políticos del Sindicato de esa mina, quien también fue despedido, aseguró que a él lo corrieron debido a que lo señalaron "de tratar de meter" otro gremio. El ex trabajador exigió al personal de Recursos Humanos las pruebas de tal acusación, sin embargo no le dieron más explicaciones.
"Me corren y me dicen que yo ando mal, que yo ando queriendo meter a otro Sindicato, yo le digo al licenciado Alfredo Rojas [encargado de Recursos Humanos de la mina Fresnillo PLC] el día que me corrió, que me saqué pruebas", detalló en entrevista.
Los ex trabajadores aseguran que durante los despidos, de hasta ahora al menos 30 trabajadores, se han registrado una serie de irregularidades tanto en la manera en que realizaron sus liquidaciones, como en la forma en que los corrieron, pues aseguran han sido amenazados e intimidados. Explicaron que la minera tampoco les dejó corroborar si sus liquidaciones eran las que marca la ley, puesto que los presionaron para que firmaran.
"Nosotros estamos alzando la voz por todos nuestros compañeros [...] porque hay gente que por temor no alza la voz, porque necesita el empleo, y lo más importante, porque la empresa nos intimida. De una u otro manera la empresa hace que tú firmes y te vayas", sostuvo uno de los representantes de los trabajadores.
Los afectados aseguraron que lo que buscan es "desenmascarar" a la empresa "porque no son la imagen que ellos difunden frente a ustedes [los medios], en realidad son unas personas violentas, nos humillan, nos ofenden, y a veces con palabras anti sonantes nos dicen que tenemos que trabajar, sacar la producción. [...] No cumplen su palabra ni en lo laboral, ni en la seguridad, ni en lo económico, ni en los bonos, ni nada por el estilo".
Abundaron en que han tocado diversas puertas para arreglar su situación, sin embargo hasta ahora nadie los ha apoyado.
Francisco, un ex empleado de la mina, dijo que toda la problemática con la empresa inició cuando comenzaron a pedirle al Sindico que rindiera cuentas sobre los recursos a su cargo, situación que en primer instancia molestó al gremio, "en vez de que fuéramos aliados nos miraron como enemigos".
"Me dijeron: la empresa es la que te está despidiendo, estaba el sindicato presente ahí, él que me habló fue el licenciado Juan Pablo Urtiaga Portillo[empleado de la mina], también estaba Ángela Ramos Hernández, quien es la Secretaria de Trabajo y Conflictos [del sindicato]", precisó.
David, otro de los trabajadores recientemente despedidos, explicó que a él también lo acusaron de quererse cambiar de sindicato y de estar realizando acciones en contra del mismo.
"Es una mentira, nosotros lo único que queríamos es simplemente rendición de cuentas y hacer que las cosas funcionen. Que trabajen realmente por nosotros, por los demás sindicalizados", abundó.
El ahora ex empleado de la mina sostuvo que la compañía los corrió sin ninguna prueba, "solamente porque alguien habló y nos mencionó", añadió.
Los afectados explicaron que a algunos de los despedidos, la empresa los citó y les advirtió que el sindicato "los desconocía", y que no los defendería. "Como empresa esta es mi liquidación, si la quieres; y el sindicato te dice, es lo mejor firma", recordó uno de los ex mineros.
Incluso al momento de los despidos, narraron los trabajadores, había un guardia parado a lado de ellos con el objetivo de intimidarlos. Indicaron que el entorno en el que hacen que firmen su renuncia "es muy feo".
"Te dicen, nosotros somos una empresa que tenemos mucho dinero, nosotros te podemos boletinar en todo el país, que nadie te dé empleo, y ustedes no nos van a hacer nada", indicaron los afectados.
Los trabajadores de Recursos Humanos, de acuerdo con la versión, también les advirtieron que los empleados despedidos no cuentan con el dinero suficiente para emprender una demanda en contra de la empresa.
Los afectados aseguraron que están de acuerdo en que la minera ya no requiera sus servicios, "no somos indispensables", pero exigieron que se hagan valer sus derechos laborales, que si van a despedir a los trabajadores que ya no sean necesarios, que se haga con forme a la Ley y que se otorguen las liquidaciones que correspondan.
"Estamos conscientes de que no vamos a regresar, nos quisieron callar dentro de la empresa y nunca pudieron, menos estando fuera, y vamos a exigir nuestro derecho. [...] Que los compañeros sepan que nosotros los apoyamos desde fuera", advirtieron.
Ernesto López, otro de los despedidos, quien llevaba 17 años laborando para la minera Fresnillo PLC, aseguró que lo corrieron porque lo señalaron de querer "incitar a una huelga", así como de buscar, como a varios otros, cambiar de sindicato.
"Si el sindicato en el que estamos no está funcionando, no nos está ayudando, creo que como personas tenemos derecho a cambiar, no estamos obligados a estar en el sindicato que ellos quieran", arremetió.
Los ex trabajadores aseguran que este tipo de prácticas por parte de la mina, no es la primera vez que sucede, sin embargo, hasta el momento no habían querido hacer una denuncia por temor a las represalias que pueda haber en su contra.
Incluso, el pasado 6 de marzo de 2014, el diario El Sol de Caborca, denunció que un ex trabajador de la mina, José Ramón Reyez Rodríguez, quien enfrenta una enfermedad crónica provocada al parecer luego de laborar tres años en ese complejo minero.
El medio local aseguró que los documentos que el ex empleado les presentó, emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), constataban que el joven sufría un padecimiento crónico que pudo haber contraído por el área en la que laboraba.
Sin embargo, luego de despedirlo, la empresa lo intentó obligar un escrito donde deslindaba a la minera de cualquier daño a su salud a cambio de una liquidación de 30 mil pesos.
En Sonora, Grupo Peñoles también ha sido acusado de contaminar el afluente de un río y una presa en total impunidad desde hace años y sin que ninguna autoridad haga algo.
Se trata de la mina de cobre La Parreña, la cual opera desde hace 14 años en la región, que vierte desechos tóxicos en el arroyo Milpillas en el municipio de Santa Cruz, ubicado a unos 15 kilómetros de la frontera entre México y Arizona.
Incluso la mina descarga aguas negras, según han denunciado ejidatarios de la zona, de los distintos campamentos mineros que hay en el lugar.
