Ciudad de México, 18 de abril (SinEmbargo).– El pasado 7 de abril un comando entró a las instalaciones de la mina El Gallo 1, propiedad de la canadiense McEwen Mining, ubicada en el municipio de Mocorito, Sinaloa, y robó 198 kilos de oro.
Tras el atraco a McEwen Mining, empresas mineras denunciaron ante las autoridades federales que han sido objeto de amenazas y robos por parte de organizaciones del crimen organizado. Al respecto, Manelich Castilla Craviotto, Comisionado de la Gendarmería Nacional, ofreció todo su apoyo a la compañía canadiense McEwen Mining.
La inseguridad que ahora afecta al sector minero, antes había llegado a los habitantes aledaños a la región donde operan, incluso alcanzó a sus trabajadores cuando el pasado mes de marzo cuatro mineros fueron levantados por hombres armados y días después tres de ellos aparecieron en una fosa. Sin embargo, la industria minera no se pronunció al respecto, sino hasta ahora que sus finanzas se ven amenazadas.
En un intento por soslayar la inseguridad que se vive en el país, el martes pasado el Gobierno federal dialogó con representantes del sector minero para mejorar sus condiciones en materia de operación. Pero, ¿qué hay de las afectaciones que pobladores han denunciado en contra de las mineras por reclamar la violación a los derechos de sus tierras, al agua y a la consulta popular?, ¿qué hay de los 63 mineros atrapados en túneles de la mina Pasta de Conchos desde 2006? O, ¿dónde quedó la ayuda a los afectados por el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi?
Decenas de comunidades han denunciado una y otra vez ante las autoridades correspondientes a las minas por explorar territorios que consideran sagrados o que entran a las regiones sin los permisos ambientales violando con ello la ley.
Y se suman las afectaciones en materia de salud que viven los habitantes cuando el polvo que se deriva de las perforaciones al suelo llega hasta sus comunidades y les provoca alergias en la piel y enfermedades crónicas irreversibles.
Otro problema es el impacto ecológico. Organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) han denunciado que algunas especies de animales ya no llegan a las zonas donde existen minas, o prevén la modificación de ecosistemas debido a la contaminación que generan las compañías.
Tan sólo en Guerrero, exponen, se han otorgado 300 concesiones a minas a cielo abierto que afectarán irreversiblemente el patrimonio ambiental y cultural.
Se llaman minas a cielo abierto a las explotaciones mineras que se desarrollan en la superficie del terreno. Para su explotación, a veces, es necesario excavar, con medios mecánicos o con explosivos los terrenos que recubren o rodean el yacimiento.
El pasado 15 de abril, comunidades indígenas de Puebla y Colima interpusieron demandas de amparo contra las concesiones mineras entregadas por el Gobierno federal que contemplan sus tierras. Se trata de tres demandas de amparo presentadas por las comunidades de Zacualpan, en el municipio de Comala, en Colima; de Tecoltémic, en Ixtacamaxtitlán, Puebla, y del pueblo macehual altepetapianij de los municipios de Cuetzalan, Tlatlauquitepec y Yahonahuac, también en Puebla.
Las tres demandas de amparo ya fueron admitidas por el Poder Judicial de la Federación, que ordenó la suspensión de las respectivas concesiones.
