Ayer, Bernardo Arévalo, Presidente electo de Guatemala, denunció que la Fiscalía y el Juez que han emprendido una arremetida contra él, el proceso electoral y su partido, el Movimiento Semilla, le han vedado su derecho constitucional a la debida defensa al negarle acceso al expediente de la investigación en su contra. En paralelo, la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió una resolución con la que prepara una visita de buenos oficios al país, invocando la Carta Democrática Interamericana, en lo que se interpreta como un nuevo gesto de presión y el paso previo a medidas más fuertes. Y, por su parte, el Presidente saliente Alejandro Giammattei, publicó un comunicado elevando el tono de molestia por la sanción del Gobierno estadounidense a funcionarios de su Gobierno, a políticos y allegados, acusándolos de socavar la democracia del país al intentar anular las elecciones.
Ciudad de México/Ciudad de Guatemala, 13 de diciembre (SinEmbargo/AP).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió la mañana de este miércoles a las autoridades de Guatemala que respeten la voluntad del pueblo de ese país, ya que dio una rotunda victoria al progresista Bernardo Arévalo durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo el pasado 20 de agosto.
“Aprovecho también para hacer un llamado a las autoridades, en forma respetuosa, de Guatemala, para que se respete la voluntad del pueblo de Guatemala, que eligió al Presidente de ese país vecino, hermano, Bernardo Arévalo“, dijo hoy en su conferencia de prensa matutina.
López Obrador destacó que Arévalo ganó la elección presidencial y que “por una situación de resistencia al cambio, de resistencia a la democracia, de falta de respeto a la voluntad de los guatemaltecos, pues están poniendo obstáculos para que no se lleve a cabo el mandato de los ciudadanos y que quien gana de manera democrática en las urnas sea quien gobierne en Guatemala”.
“¿Por qué lo planteo? Espero me comprendan. No es una acción intervencionista. Primero, es porque somos hermanos, vecinos. Segundo, porque si no se respeta la voluntad popular en Guatemala, se pueden originar conflictos y son nuestros vecinos, son nuestros hermanos. No queremos que haya inestabilidad política en Guatemala, en nuestra frontera sur”, explicó.
“Y tercero, es porque todos en Guatemala, la mayoría de los guatemaltecos, incluso en todos los países de América, podrá haber uno o dos países, pero en todos los países se está apoyando el proceso democrático en Guatemala y en el mundo lo mismo”, agregó el mandatario mexicano sobre las razones que lo motivaron a mostrar una postura sobre el tema.
Asimismo, realizó un exhorto para que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se pronuncie al respecto, tal y como recientemente ocurrió con la Organización de Estados Americanos (OEA), a la cual ha criticado por “injerencismo”.
“Ojalá y se pronuncie la ONU. Ya la OEA está pidiendo que se respete la democracia en Guatemala y estoy hablando de la OEA. Ya se pueden imaginar lo extremo de la actuación de ciertos grupos en Guatemala, que no es todo el pueblo de Guatemala, pero sí deseamos que se resuelva la situación, que se respete la voluntad del pueblo de Guatemala”, insistió el Jefe del Ejecutivo federal.
“El Presidente electo Arévalo ganó con muchísima ventaja, pero aprovecho también para decirlo porque esto no se conoce en México, aunque somos vecinos”, concluyó.
Las declaraciones del Presidente de México se dan justo cuando la Fiscalía de la nación centroamericana avanza con investigaciones y plantea la posibilidad de anular los resultados de los comicios presidenciales que fueron certificados por la máxima autoridad electoral.
Numerosos países de todo el mundo y organismos internacionales han condenado con fuerza y han considerado como un intento de golpe de Estado las acciones del Ministerio Público de Guatemala a casi un mes de la fecha pautada para la asunción del Presidente electo, Bernardo Arévalo.
La victoria de Arévalo y su partido Movimiento Semilla representa una amenaza para quienes han ejercido durante años el poder en Guatemala. Su campaña anticorrupción ha sido blanco de ataques durante meses, incluidos arrestos de miembros del partido, redadas y repetidos pedidos de poner fin a su inmunidad para poder investigarlo.
Arévalo ha denunciado que las medidas son “un golpe al corazón de nuestra democracia” y la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Blanca Alfaro, ha asegurado que los resultados de los comicios son irreversibles, y que el Presidente y Vicepresidenta electos deberán tomar posesión el 14 de enero, pues de lo contrario “habría un rompimiento del orden constitucional”.
La comunidad internacional viene denunciando la situación de Guatemala desde hace tiempo, pero las voces de condena se levantaron aún más después que a finales de noviembre diputados oficialistas y aliados lograran 107 de 160 votos para retirarle la inmunidad a cuatro magistrados electorales.
La Fiscalía había requerido investigarlos por supuestamente sobrevalorar la compra del software que dio los resultados rápidos y paralelos de las elecciones generales.
Varios congresistas denunciaron que se estaba negociando para comprar los votos necesarios para retirarles la inmunidad. Los cuatro magistrados titulares abandonaron el país tras la decisión del Congreso.
El mismo día, el 30 de noviembre, los mismos legisladores aprobaron el presupuesto nacional que había sido denunciado por Arévalo por considerar que colocaba candados para evitar que cumpliera sus promesas de campaña.
El Presidente electo también lo había rechazado por conceder a entidades como el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia aumentos de fondos a cambio de mantener inmunidades.
La OEA consideró las acciones de la Fiscalía como un “golpe de Estado” y su misión electoral en Guatemala ha expresado “extrema preocupación”, por lo que considera como “una alteración clara del proceso y un desconocimiento a la expresión del voto y la voluntad popular”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en tanto, adoptó una resolución que alerta sobre la “inminente ruptura del orden constitucional debido al abuso del poder” y llamó a garantizar mecanismos de rendición de cuentas y de selección de jueces en base a méritos y sin injerencias políticas.
