Tras el homicidio, el grupo táctico especial arguyó que sólo se habían defendido después de un ataque contra de ellos por una banda de maleantes, pero las investigaciones y testigos tienen otra versión.
Por Roberto Gutiérrez Torres
Guanajuato, 13 de diciembre (ZonaFranca).- Hoy hace dos años que Leonardo Reyes Cayente —el joven migrante quien desde los 17 años dejó su comunidad (Corralejo de Abajo) perteneciente a este municipio— fue asesinado por elementos de las fuerzas de seguridad del estado de Guanajuato, sin que hasta ahora se haya hecho justicia.
En diciembre de 2018, Leo volvió a visitar a su tierra y a su familia, el día 13 de diciembre de ese año le fue quitada la vida en manos de elementos de las Fuerzas de Seguridad publica en el Estado (FSPE), en una ejecución extrajudicial.
Tras el homicidio, el grupo táctico especial arguyó que sólo se habían defendido después de un ataque contra de ellos por una banda de maleantes.
Leo fue abatido dentro de su camioneta en un área de la comunidad, donde el joven había acudido a buscar señal de internet para platicar con su novia. Hasta hoy, la versión de los policías ha sido nula puesto que quien estuvo ahí era Leo solamente, como lo han demostrado las investigaciones y lo dicho por familiares que fueron testigos del hecho. Es decir, no hubo banda de maleantes.
Esta tragedia la ha platicado muchas veces Guadalupe Cayente Moreno, madre de Leonardo, quien ha exigido justicia para su hijo de manera incansable, pidiendo que se esclarezca el caso y se castigue a los culpables de la muerte de su vástago.
Hasta apenas el pasado 25 de marzo, después de 16 meses de una supuesta investigación y en plena pandemia, la fiscal Ramona Álvarez Pérez dio a conocer públicamente que no se ejercía la acción penal contra los FSPE y que el caso se archivaba.
Ello después de múltiples quejas presentadas por parte del equipo jurídico y de la familia de Leo, así como de una recomendación emitida por la Procuraduría de Derechos Humanos (PDHEG) en la que reconoce que prácticamente, los policías dejaron morir a Leo.
En la actualidad, los litigantes de la Firma Legal Ornelas-Padierna y organizaciones civiles siguen buscando por medio de un amparo desechar lo establecido por la Fiscalía y está vigente de igual manera la intención de precisar los elementos básicos para que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga este caso, donde las autoridades judiciales le han dado “carpetazo”.
Asimismo, Guadalupe Cayente Moreno declaró que el próximo 18 de diciembre se brindará una misa en la comunidad en recuerdo de su hijo, y que, a pesar de las injusticias cometidas, ella sigue firme en busca de justicia.
JUAN CARLOS, UN CASO SIMILAR
El pasado 23 de octubre, Juan Carlos Alberto López López desapareció después de haber sido agredido y golpeado por elemento de la Policía Montada; y a quien hasta el día de hoy lo siguen buscando sus familiares y amigos.
Según testigos, el día que Juan Carlos desapareció, se encontraba en los alrededores de un cerro denominado “Agua Espinosilla”, entre los límites de las colonias Francisco Villa, San Luis Rey y la Lomita, cuando fue agredido y golpeado por elementos de la Policía Montada, perteneciente a este municipio.
Señalan también que al intervenir una persona para que lo dejaran de agredir este se fue corriendo de la zona, mientras que la persona que intervino fue remitido a separos y dejado en libertad al día siguiente.
Más desde ese día de estos hechos, no se ha tenido conocimiento sobre el paradero de Carlos Alberto, por lo que ya existe una denuncia por su desaparición en la Agencia Especializada de Desaparición de Personas de la Fiscalía General del Estado.
En entrevista, uno de los familiares señaló a Zona Franca que la última información recibidas por parte de la Fiscalía, es que las investigaciones sobre este caso siguen su curso.
FISCALÍA DE GUANAJUATO TRABA COMISIÓN DE BÚSQUEDA
A cinco meses de la designación de Héctor Díaz Ezquerra como titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, este todavía trabaja sin un reglamento. Se trata de un proceso que han emprendido expertos y colectivos, quienes perciben resistencia por parte de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para avanzar en las propuestas.
El reglamento es creado a partir de la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas de Guanajuato. Su análisis con participación de las familias acompañadas por expertos, fue uno de los acuerdos formulados por el Frente para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y aceptado por la Comisión Estatal de Búsqueda.
Así lo explicó el académico y defensor Raymundo Sandoval, quien representa a la Plataforma por la Paz y la Justicia que acompaña y asesora a frente. Este expuso que desde el 1 de octubre, se enviaron los documentos de observación de cada colectivo, para conformar la propuesta de reglamento.
“Con el colectivo Buscadoras presentamos un documento técnico con observaciones, artículo por artículo, donde se propone no solamente recuperar los principios el articulado de la ley sino que en el reglamento se incluyan aspectos básicos de la ley general y del protocolo homologado”, señaló.
Expuso que en particular hay dos aspectos que se pretenden reforzar para que la comisión de búsqueda administre los hallazgos en las fosas clandestinas y que la Fiscalía General del Estado comparta el registro de personas desaparecidas, en términos de administración y organización de la información con la Comisión.
Es decir, que la Comisión pueda ser un órgano que tenga acceso a la información de las carpetas de investigación, como parte del Sistema Estatal de Búsqueda, y no solamente la fiscalía que concentra la información sobre las carpetas y las fosas. Es ahí, donde Raymundo Sandoval señaló que existe la resistencia, pero sobre todo su influencia en el proceso.
“Se impone a la hora de operar las leyes y ahora que se está discutiendo el reglamento. Hemos hecho propuestas para reforzar todo esto que te menciono respecto al sistema y todos los organismos y órganos, pero tenemos muy claro, que mientras la fiscalía tenga esta posibilidad de estar coludida de ser omisa, van a incumplir los acuerdos que se toman con el gobierno en el estado”, advirtió.
Como defensor y especialista en derechos humanos, recalcó que las prácticas no van a cambiar si no se atienden las causas que originan las desapariciones, “vamos a seguir atendiendo las consecuencias y no vamos erradicar las causas de origen”.
-Con información de Alfonsina Avila.
