De nueva cuenta, empresas investigados por supuestos fraudes en otros países obtienen concesiones en el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. En noviembre pasado, la SCT adjudicó un contrato por 466 millones de pesos para ampliar una carretera en Sonora a una constructora española vinculada a escándalos de corrupción. Esta es la segunda concesión que la compañía obtiene desde 2014, cuando ganó un contrato de casi 200 mdp para modernizar una carretera en Veracruz. En 2014 se dio a conocer que Jordi Pujol Ferrusola, empresario e hijo del ex Presidente de la Generalidad de Cataluña, era investigado en España por una serie de fraudes cometidos en México, caso en el que autoridades y empresarios mexicanos estaban vinculados.
Ciudad de México, 13 de diciembre (SinEmbargo).– Copisa Constructora Pirenaic, una empresa española involucrada en uno de los mayores escándalos de corrupción de la España reciente recibió una concesión del Gobierno mexicano, de acuerdo con el diario Reforma.
La constructora española logró el 25 de noviembre la adjudicación de un contrato de 466 millones de pesos por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) para modernizar y ampliar un tramo de 31 kilómetros de la carretera federal Estación Don-Nogales en Sonora.
El contrato en Sonora es el segundo que obtiene con el Gobierno federal, el primero lo ganó en 2014 cuando la SCT por 197 millones de pesos para modernizar la carretera Coatzacoalcos-Veracruz.
Sin embargo, no es la primera ocasión en que el Gobierno federal se relaciona con empresarios españoles investigados por presuntos casos de corrupción.
En agosto de 2014, se dio a conocer que Jordi Pujol Ferrusola, empresario español e hijo del ex Presidente de la Generalidad de Cataluña, era investigado en España por cobros encubiertos en un proyecto turístico en México, en el que habría invertido el equivalente a un peso, pero cobrado comisiones -a través de una empresa fantasma- por su supuesto asesoramiento en un proyecto en al menos cinco ayuntamientos mexicanos.
El hijo del ex Presidente catalán habría cobrado en 2010, vía la empresa GBI & Monic Productions, 243 mil euros (más de 320 mil pesos), “por el asesoramiento y estudio del proyecto de centro de tratamiento de residuos situados en el municipio de Ecatepec, Estado de México. Asistencia en el país, búsqueda de emplazamientos en Querétaro, Puerto Vallarta, Acapulco y DF, búsqueda de potenciales socios locales y de asistencia técnica local, con desplazamiento a México”, publicó el diario español El País.
En una entrevista publicada en 2015 en SinEmbargo, el escritor Oriol Mallol, autor del libro “El Cártel Español”, aseguró que Pujol es parte de una clase empresarial ibérica “protegida”, que desde mediados de los noventa llegó a México a hacer una serie de negocios basada en relaciones familiares y con altos funcionarios gubernamentales.
Pero las relaciones no son sólo empresariales, la hija mayor de Pujol Ferrusola, Mercé, se casó con Ignacio García de Quevedo, hijo de Xavier García de Quevedo, presidente ejecutivo del poderoso Grupo México y uno de los hombres más ricos del país.
Asimismo, en julio de 2015, José de la Mata, un juez de la Audiencia Nacional española que entonces conducía una investigación en contra de Pujol Ferrusola, dijo que éste pudo haber lavado ganancias por unos 14 millones de euros (242.5 millones de pesos mexicanos) con ayuda del empresario Luis Delso, presidente de multinacional Isolux Corsán, una empresa que tenía contratos federales por miles de millones de pesos en México, la mayoría de la presente administración.
El juez consideró que las facturas que se emitieron en las relaciones comerciales entre el empresario y el hijo del político español, por supuestos negocios realizados en México, eran falsas. La intención del empresario español era, cree el magistrado, lavar dinero de Pujol Ferrusola.
En noviembre del año pasado, se dio a conocer que la investigación por supuesto fraude fiscal en contra de Pujol Ferrusola de la mano de autoridades españolas condujo a una serie de delitos con destino en México. Entre estos se encuentra Monex, la institución bancaria señalada en el país por fondeo de recursos para la compra de votos durante la elección presidencial de 2012.
