Erick Francisco “N” fue sentenciado a 70 años de prisión por el feminicidio de su pareja Ingrid Escamilla en febrero de 2020. Además tendrá que hacer nuevamente el pago de indemnización y gastos funerarios.
Ciudad de México, 13 de octubre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) anunció que, después de una apelación, se ratificó una sentencia de 70 años de prisión para Erick Francisco “N”, quien fue condenado por el feminicidio de la joven Ingrid Escamilla en 2020.
De acuerdo con la Fiscal Ernestina Godoy, la decisión se dio luego de que un agente del Ministerio Público de la Coordinación General de Acusación, Procedimiento y Enjuiciamiento presentara pruebas suficientes para que un tribunal, en segunda instancia, confirmara la sentencia condenatoria del acusado, así como de realizar nuevamente el pago de indemnización y gastos funerarios.
“Les quiero informar que nuestros ministerios públicos presentaron los argumentos necesarios para que un tribunal, en segunda instancia, confirmara la sentencia condenatoria de 70 años de prisión en contra de Erick Francisco “N” por su responsabilidad penal en el feminicidio de la joven Ingrid Escamilla, ocurrido en febrero de 2020″, destacó Godoy a través de un video compartido en la red social X, ante llamada Twitter.
70 años de cárcel para Erik Francisco N.: Un precedente en la lucha contra el feminicidio. La @FiscaliaCDMX en alerta por ti! #LeyIngrid https://t.co/YqTBNVbLAu
— Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) October 13, 2023
Fue en octubre de 2020 cuando el representante social de la Fiscalía logró obtener un fallo condenatorio que ordenaba una pena privativa de la libertad, pero la defensa del acusado presentó una apelación. No fue hasta este 2023 que las investigaciones concluyeron que Erick Francisco “N” fue el autor material del homicidio de Ingrid Escamilla en un departamento que compartían en la colonia Vallejo.
A su vez, Ernestina Godoy destacó que dicho suceso lastimó a la familia de la joven de 25 años, y a la sociedad, debido a la filtración de imágenes de la víctima tras su muerte. Es por ello que reafirmó su compromiso de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia.
“Ante tal situación, iniciamos un camino para sentar precedente y evitar que una situación similar ocurra en el futuro. Así, presentamos ante el congreso local una iniciativa de Ley que endurece las penas y facilita la acusación de personas servidoras públicas que filtren imágenes de víctimas”, indicó.
Finalmente, Ernestina Godoy destacó que, durante su mandato, ha tenido como prioridad atender los casos de violencia de género y poner al centro de la atención a las víctimas, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía en denunciar los actos de violencia, pues está preparada para asesorarlas y apoyarlas.
CASO DE INGRID ESCAMILLA DA PAUTA A LEY
Ingrid Escamilla fue asesinada por su pareja sentimental el 9 de febrero de 2020, crimen que fue ampliamente difundido por la crueldad con el que se cometió. Ante el caso, la Cámara de Diputados aprobó multas y penas de hasta 10 años de cárcel, para quienes capturen y difundan material explícito de las víctimas de feminicidios, como ocurrió con Ingrid.
Por unanimidad, los legisladores de la Cámara Baja aprobaron reformas al Artículo 225 del Código Penal Federal para sancionar a servidores públicos que difundan información o material audiovisual relacionado con un procedimiento penal, tras lo cual la propuesta pasará al Senado de la República para su discusión y posterior votación.
El dictamen contempla entre 100 y 150 días de multa y de cuatro a 10 años de prisión para los servidores públicos que fotografíen, copien, filmen, audiograben, videograben, reproduzcan, difundan, entreguen, revelen, remitan, compartan, distribuyan, publiquen, transmitan, expongan, oferten, intercambien o comercialicen, imagen, audio, video, documento, información, indicio, evidencia u objeto alguno relacionado con una investigación penal, las condiciones personales de una víctima o las circunstancias de los hechos.
Además, la reforma, que se conoce como Ley Ingrid en referencia a la joven 25 años de edad originaria del estado de Puebla, quien fue asesinada por su pareja sentimental, identificado como Erick Francisco, tras una discusión que sostuvieron, también contempla un incremento en las sanciones hasta en una tercera parte si la información que se difunda o se reproduzca es de mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad.
El caso de Ingrid causó gran indignación, no sólo por la saña con la que se cometió, también porque en redes sociales y sitios por internet se filtraron fotografías de sus restos. Además, circuló un video en el que el presunto responsable declaró cómo habría cometido el crimen ante un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) sin la presencia de un abogado.
La difusión de las fotografías que mostraban los restos de Ingrid, así como de las declaraciones del presunto feminicida, que habrían sido filtradas por la policías capitalinos y que se publicaron en varios medios nacionales, generaron gran indignación entre colectivos feministas, y entre la sociedad en general, por lo que los hashtags #JusticiaParaIngrid e #IngridEscamilla se posicionaron rápidamente en Twitter, en donde los internautas también exigieron castigos ejemplares para los responsables de la filtración y difusión de las imágenes.
Es por ello que año después del feminicidio de Ingrid, el 24 de febrero de 2021, el Congreso de la Ciudad de México aprobó la reforma al Artículo 239 del Código Penal local, con la que ahora se tipifica como delito la difusión contenidos de investigaciones judiciales como imágenes y videos de víctimas, con la que se determinó castigar a personas del servicio público que indebidamente compartan información, fotografías o documentos relacionados con algún procedimiento penal. La pena será de entre dos a seis años de cárcel y una multa de 500 hasta mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Estas modificaciones se replicaron después en los estados de Colima, Oaxaca, Jalisco, Puebla, Querétaro y Quintana Roo, respectivamente.
Sin embargo, esta “problemática se encuentra arraigada” en todo el país, misma que se ve favorecida por las nuevas tecnologías que “han permitido la rápida circulación de la información”, según se señaló en la “iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 2014 del Código Penal Federal, en materia de filtración de imágenes, videos, audios y documentos”, promovida el 9 de diciembre de 2021, por la Diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), Ana María Balderas Trejo.
– Con información de Nora Nancy Gaspar Resendiz
