Las solicitudes de amparos fueron interpuestas por las empresas Barrilito, Santa Clara y otro más que presentaron en bloque las compañías Herdez, Alimentos del Fuerte, Nutrisa y McCormick.
Ciudad de México, 13 de octubre (SinEmbargo).– De los más de 100 amparos que empresas han interpuesto en contra de la Norma Oficial Mexicana (NOM) para el etiquetado en alimentos y bebidas ultraprocesados, que entró en vigor hace dos años, solo tres han llegado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) bajo el argumento de que se violan sus derechos constitucionales y podría generar afectaciones a sus negocios y operaciones en México.
Los tres amparos, que entraron a primera instancia y que pasaron a juzgado de circuito al quejarse de que el etiquetado es inconstitucional, llegaron a la Segunda Sala de la Suprema Corte.
Las solicitudes de amparos fueron interpuestas por las empresas Barrilito, Santa Clara y otro más que presentaron en bloque las compañías Herdez, Alimentos del Fuerte, Nutrisa y McCormick.
El primer y último amparo lo revisa la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, mientras que el segundo está en manos del Ministro Alberto Pérez Dayán.
Los tres amparos que están en la Suprema Corte se interpusieron en contra de la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 etiquetado para alimentos y bebidas pre-envasadas no alcohólicas, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de marzo de 2020 y entró en vigor el 1 de octubre de ese mismo año.
La Norma Oficial Mexicana 051 (NOM-051) obliga a las empresas a especificar en octágonos de color negro si sus productos son dañinos para la salud, por ejemplo, por el exceso de calorías o azúcar.
En general, las empresas se oponen al etiquetado con el que los productos incluyen etiquetas de advertencias como: “exceso de calorías” y “exceso de sodio”, y a la advertencia de contenido de edulcorantes “no recomendables” para niños.
También piden que sea revisada la prohibición de incluir en los envases de estos productos a personajes infantiles, dibujos animados, celebridades, deportistas, o cualquier otro que “incite” a la compra.
El sistema que estaba vigente en México hasta hace dos años era el de Guías Diarias de Alimentación (GDA), que consistía en mostrar los porcentajes de azúcares totales, grasa saturada, otras grasas, sodio y calorías de una porción del producto respecto a las cantidades recomendadas en una dieta de 2 mil kilocalorías, pero en este nuevo etiquetado las advertencias se hacen más rigurosas.
Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor, explicó que las corporaciones que forman parte de ConMéxico, como Coca-Cola FEMSA, Nestlé, Kellog’s y Bimbo, perdieron el apoyo que tenían en otros sexenios en el Ejecutivo y también en parte del Legislativo, por lo que ahora intentan recurrir al Poder Judicial para echar para atrás esta norma que ha sido tomada como ejemplo a nivel internacional y es avalada por la Organización Mundial de Salud (OMS).
“Este nuevo etiquetado ha tenido el aval de la ONU, la OMS, el INSP, de organizaciones civiles y es un etiquetado similar al que se aprobó en Argentina, Chile y Uruguay”, destacó Calvillo. “Sería muy curioso que en México procedieran estos amparos en la SCJN, sería una manifestación más del conflicto de interés y de la interferencia de la industria en todos los poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial”.
Para el director del Poder del Consumidor, México quedaría mal ante el mundo si el Poder Judicial le da la razón a estas empresas, por lo que estarán pendientes de la actuación de los ministros en la Suprema Corte.
“Pensamos que van a juntar todos estos amparos para posteriormente hacer un proyecto de sentencia, pero este es un etiquetado que tuvo un procedimiento apegado a la legislación, están todas las actas de las reuniones que se hicieron en la Secretaría de Economía firmadas por los representantes de todos los sectores, es decir, fue totalmente diferente al etiquetado de 2014 donde ni hubo reuniones de trabajo y en donde nosotros interpusimos un amparo”, destacó.
Para la organización El Poder del Consumidor, esta norma de etiquetado que entró en vigor hace dos años fue completamente apegado a la Ley y no habría una razón para que la Suprema Corte la declarara inconstitucional.
