La historia de Antonia, una mujer migrante trabajadora en Estados Unidos es similar a la de muchos otros: un día cualquiera, las autoridades la detuvieron, la acusaron de un delito que no cometió y después de pisar la cárcel fue deportada. Pero dio un paso hacia adelante y logró que el Estado americano le diera una compensación.
Ciudad de México, 13 de octubre (SinEmbargo).- Un caso más de criminalización de migrantes en Estados Unidos, no terminó como la mayoría, es decir, en la impunidad y en el olvido, y por el contrario ha permitido la reparación del daño a miles de personas.
Es el caso de Antonia, una trabajadora migrante, quien logró que las autoridades de ese país reconocieran el maltrato de un sheriff de Los Ángeles que colaboró con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), por lo que se obtuvo una indemnización de 14 millones de dólares para todas las víctimas de este agente.
Ahora, el reto es encontrar a esas personas. Hasta el momento ya hay mil 68 reclamos válidos de más de 18 mil estimados.
La historia comenzó en 2012. Antonia manejaba rumbo a su trabajo en un restaurante de comida rápida. Llevaba viviendo tres años en Los Ángeles junto con su hija pequeña.“ Las cosas estaban bien. Teníamos nuestro propio apartamento. Tenía un trabajo decente”, cuenta.
El 11 de agosto de ese año, al entrar al estacionamiento, un policía bloqueó su auto, cuando miró su identificación y registro, le dijo que había una orden de arresto a su nombre. La detuvo, la llevaron a una celda, le tomaran huellas digitales y fotografías. El cargo que le imputaron fue el robo de un vehículo.
Luego de horas, el sheriff dijo su nombre y le anunció que no podía pagar la fianza porque ella tenía una retención de inmigración. Fueron las primeras horas que pasó detenida. Recuerda que estuvo en un cuarto frío, que cimbró sus piernas al tener tornillos y placas a causa de un accidente que tuvo años antes.
Luego de 10 días, le explicaron el por qué de la detención: un hombre y una mujer habían entrado a una agencia de carros de lujo diciendo que querían hacer una prueba de conducción. Ella traía el pelo recogido —como Antonia lo tenía en la foto de su identificación— y llevaba gafas de sol.
Ese episodio fue el 22 de noviembre de 2010. El ladrón le dijo a la vendedora que por un cumpleaños querían comprar un automóvil; la vendedora les dio las llaves y se fue para hacer una copia, cuando regresó la pareja había salido del estacionamiento con el auto y nunca regresó.
En la Corte de Estados Unidos, el defensor público le dijo a Antonia que firmara una admisión de culpabilidad, que cumpliría la condena y posteriormente sería deportada. No lo hizo. Regresó a la cárcel y de las pocas certezas que tenía es que quizás pasaría allí 15 años de su vida.
La defensa de Antonia logró demostrar lo que ella hizo el día en que se llevó a cabo el robo y reunieron testigos y elementos de prueba, luego de 70 días en detención. El Juez procedió a desestimar el caso, pero no llegó a ella la libertad, ya que le anunciaron que había una solicitud de retención de ICE. La abogada comprobó que el Departamento del sheriff había colaborado con la agencia.
“Es ilegal que un condado colabore con ICE. No es jurisdicción, no es su obligación dar información a las autoridades migratorias, es una tendencia de estas agencias de aplicación de ley y tienen una referencia hacia ICE o las autoridades migratorias, porque no les corresponde y es ilegal. Es la tendencia de criminalizar a las personas migrantes por su estatus migratorio, su color de piel, de dónde son. Es una tendencia mucho más grande de estas agencias colaborando con ICE, es parte del sistema de migración laboral, de quienes están buscando asilo”, comentó Evy Peña, Directora de comunicaciones y desarrollo en el Centro de los Derechos del Migrante.
“Como inmigrantes, venimos de diferentes países y las agencias de aplicación de la ley actúan como si las protecciones básicas no se aplicaran a nosotros. Nos tratan como si fuéramos menos que humanos. Nos etiquetan como si estuviéramos en una categoría inferior de personas, como si no nos mereciéramos justicia. Venimos a este país para mejorarnos. Y se sienten con derecho a quitarnos todo, todo lo que construimos y ganamos: perdí mi casa, mis muebles, mi ropa. Rompieron mi familia y mi hogar”, relató Antonia al Centro.
El arreglo entre ICE y el Departamento del sheriff cobró varias víctimas.
En entrevista con SinEmbargo, Evy Peña señaló que en este tipo de casos lo que se busca es encontrar a todas las personas que califican para obtener compensación o indemnización, pero la dificultad está en que muchas personas, justo como resultado de la violación de sus derechos, fueron deportadas a México y a Centroamérica.
Las autoridades estadounidenses buscaron al Centro para lograr contactar a personas en la región, ya que en Estados Unidos se ponen anuncios en los periódicos pero en otros países no ocurre y en ocasiones, estos anuncios para migrantes en sus países de origen pueden resultar ser un fraude.
“Hasta el momento se han acreditado mil 068 personas. Son muchas, pero son al menos 18 mil 500 personas. Nuestro único objetivo en este apoyo al litigio es asegurarnos que cualquier persona que fue afectada por las acciones del sheriff del condado de Los Ángeles obtenga justicia a través de este fondo de compensación. Hay cuatro diferentes casos y es distinto el rango de lo que puede obtener una persona de indemnización, que es entre 250 dólares y 25 mil. Depende de varios factores, como personas a las que detuvo el sheriff y otras, como Antonia, que estuvo detenida en cárcel y luego en un centro de detención migratoria”, explicó Evy Peña.
Otro de los puntos a considerar es que si alguien reconoce este tipo de malos tratos y busca acceder a la indemnización, es que no importa dónde están las víctimas ni su estatus migratorio ni de dónde son, ya que cualquier persona afectada puede acceder al fondo de compensación.
“El sistema de inmigración el que criminaliza a las personas inmigrantes y este caso ejemplifica esta práctica. Pero por decisión del tribunal federal las personas podrán acceder a una manera de justicia, aunque ninguna remuneración será suficiente para el daño emocional y físico que sufren las y los migrantes y sus familias. Es una manera de cómo la comunidad migrante e hispana pueden obtener justicia ante este comportamiento del Gobierno de Estados Unidos”, concluyó Evy Peña.
