El agravio a la dignidad de la persona fallecida al incurrir en un mal manejo del cadáver y filtrar las fotografías a medios de nota roja, es una de las formas más recurrentes en que también se revictimiza a las personas asesinadas y a sus familiares. Se hizo durante todo el sexenio pasado. Nunca nadie ha pagado por hacerlo.
Diana Elizabeth Villafañez Santín es uno de los casos en que se incurrió en este tipo de prácticas violatorias a los derechos humanos.
Ciudad de México, 13 de octubre (SinEmbargo).– La última vez que Diana Elizabeth Villafañez Santín y su hijo, Arturo Irabien, se reunieron y conversaron, hicieron planes para festejar el cumpleaños número 56 de ella. Ambos acordaron que irían a comer para festejar para celebrar la vida. Sin embargo, Arturo no volvió a ver a su mamá hasta días después, cuando tuvo que ir al anfiteatro a recoger su cadáver. Había sido asesinada.
La imagen de su madre en el anfiteatro, con las huellas de violencia y en una bolsa, con las consecuencias que el cuerpo no fue debidamente refrigerado es algo que hasta la fecha Arturo no se puede quitar de sus pesadillas.
“Un día la vi con vida y la siguiente vez no sólo la vi muerta, sino que me la dieron con el cuerpo [en estado descomposición]. Eso es algo que, hasta la fecha, en terapia, no me lo puedo quitar de mis pesadillas”, narró Edgar Arturo Irabién Villafáñez en entrevista con SinEmbargo.
Diana Elizabeth fue localizada sin vida la madrugada del domingo 30 de julio de 2017 en la carretera México–Toluca, a la altura de la colonia Vista Hermosa. Su cuerpo tenía huellas de violencia. La golpearon y estrangularon con su propio cinto hasta la muerte.
En el lugar del hallazgo se encontraron objetos que –al rastrearlos– ayudaron a identificarla. Arturo, su hijo, fue notificado de su muerte el martes 1 de agosto de 2017.
A más de dos años de su asesinato, el caso sigue sin ser esclarecido. Mientras tanto, familiares y la propia víctima han padecido violencia institucional por parte de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, acusó la familia, y su testimonio quedó asentado en la Recomendación 09/2019 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) junto con otros 19 expedientes.
Y es que la revictimización cometida por parte de las autoridades a los familiares de mujeres asesinadas y a las propias víctimas directas se ha convertido en una denuncia constante.
La omisión en la investigación y negligencia en diligencias ministeriales; revictimización, filtración de datos, son prácticas –violatorias de derechos– que persisten en dependencias de seguridad y de procuración de justicia de la Ciudad de México, concluyó la CDHCM en la recomendación.
DEJÓ UNA RELACIÓN NOCIVA
Diana era una mujer muy sonriente y cariñosa, relató su hijo. “Era el tipo de persona que siempre tenía algo bueno que decirte, te conociera o no”.
Ella trabajaba como administradora de casa que se renta por Airbnb, “recibía a las personas y se encargaba de todo el mantenimiento”, agregó su hijo.
Vivió seis años con su novio hasta dos días antes de su muerte. El 28 de julio Diana rompió con él: en una discusión le avisó que había encontrado un lugar dónde rentar y dejó esa nociva relación.
El ex novio de Diana fue el primer sospechoso, pero de inmediato quedó descartado. Los registros telefónicos y testimonios asentaron que él estaba en su trabajo el día y la hora en que la mujer fue privada de la vida.
PRINCIPALES SOSPECHOSOS
Cuando el cuerpo de Diana fue encontrado también se localizaron unas llaves y un candado. En tanto que, en el cadáver, se halló un rastro de saliva. Sus uñas tenían restos de piel y sangre.
Parte de las investigaciones, muchas de ellas realizadas por la familia, lograron establecer que la colonia Roma fue el último lugar donde se vio con vida a Diana. Para los allegados a Diana es un lugar común, pues ahí es donde ella vivió por muchos años, después de la muerte de su esposo.
El padre de Arturo sufrió un accidente automovilístico que le quitó la vida en 1984 y partir de ahí, Diana “cayó en una depresión muy fuerte”. Ella no tenía una buena relación con la familia de su esposo –explicó Arturo– por lo que, al caer en la depresión y enviudar le quitaron su casa y a su hijo. Arturo se fue a vivir con sus abuelos paternos.
“Es cuando mi mamá se quedó en la colonia Roma y empezó a tener malas amistades”, explicó el joven.
La línea de investigación del feminicidio apunta a dos sospechosos. Uno de ellos es “Esteban “N” (nombre ficticio), un hombre señalado por una testigo como la persona con quien Diana habría discutido momentos antes de su muerte y quien radica en la colonia Roma Sur.
El segundo sospechoso está relacionado con el seguimiento al aparato celular de la víctima.
Arturo narró que existe un tercer sospechoso, Emilio “N” (nombre ficticio), un viejo amigo de Diana de la colonia Roma, con quien ella se reunió el día del crimen y habría estado en su casa.
Las autoridades ya descartaron a Emilio como sospechoso, pues realizaron una confronta de su ADN con la prueba de saliva y no coincidieron. Sin embargo, la familia de Diana no está convencida porque las llaves que encontraron junto con su cuerpo son propiedad de Emilio “N”, pues corresponden a su casa.
LA REVICTMIZACIÓN
Arturo Irabien resaltó que desde el primer momento en que pisó dependencias de la PGJ, a raíz del feminicidio de su madre, el trato indolente ha sido una de las constantes.
En las instalaciones del Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) –antes SEMEFO–, por ejemplo, le reprocharon la hora en que había acudido a recoger el cuerpo de su madre. Él no tenía forma de llegar antes, recién le habían de notificar del feminicidio y aún estaba en shock por la noticia, comentó.
“Fue pésimo, me dijeron que ya no eran horas para ir. Yo les expliqué que el cuerpo de mi mamá estaba como desconocida, que me acababa de enterar. Cómo querían que fuera antes, pero ellos siguieron diciéndome que cómo se me había ocurrido a mi llegar a esa hora, que claramente dicen los horarios de atención”, narró.
Y añadió: “Aparte yo ya había llegado, yo ya llevaba un rato ahí, porque no sabía que debía entrar a cierta hora, yo le llamé a alguien para que me acompañara. Estaba solo afuera, llorando, esperando a mi familia. Estaba en shock, no quería pasar ese momento yo solo”.
Arturo añadió que la mala atención siguió al tomar la declaración de una testigo clave en el caso.
El hijo de Diana explicó que, al inicio de la indagatoria, se logró establecer que el último lugar donde estuvo su madre fue en la colonia Roma. Ahí ese día, una mujer vio cuando la víctima discutió con un hombre.
Arturo comentó que desde el principio se “buscaba” a esa testigo clave –que es una persona en situación de calle–, sin embargo, no lo habían “encontrado”.
INDOLENCIA Y HUMILLACIÓN
A mediados de este año, Arturo ubicó a la testigo y la llevó al Ministerio Público para que le tomaran la declaración, pero al llegar al lugar, le dijeron que las personas que conocían su expediente no estaban, es decir, no había “nadie” que pudiera tomar la declaración de la mujer.
Arturo le llamó a su Ministerio Publico, y ella le dijo que no podía atenderlo porque se iba a ir a un curso que duraría 15 días. Desesperado porque nadie le tomaría la declaración a la testigo, Arturo llamó a su asesor e hizo presión. Finalmente, logró que una abogada tomara la declaración de la testigo.
No obstante, la persona que los atendió “fue súper grosera”, dijo Arturo. El joven describió la escena y citó parte de una conversación.
–Oye, un favor, ten cuidado con las fotos. Hace mucho no veo las fotos y me ponen muy mal, por fa, si abres mucho la carpeta, dime o yo me volteo– le pidió el hijo de Diana a la abogada cuando ella a tomó la carpeta y empezó a hojearla
–Ah, sí, no te preocupes–, le contestó.
La mujer siguió abriendo la carpeta sin cuidado alguno ante las imágenes. Luego le habló al un policía:
–“Oye, a ver, ven, necesito que me ayudes, ¿sabes de este caso?
–Pues sí más o menos– le replicó el agente.
– Ah, pues mira, yo creo que aquí se llevaron a la mujer y yo creo que aquí le partieron la madre.
Arturo estaba enfrente. Se sintió ofendido por la forma en que la policía se expresaba de los hechos y su madre.
–“Ay, perdón es que así hablo yo– le dijo la abogada a la víctima indirecta, pero siguió con las mismas expresiones.
–Pues mira, yo creo que la han de haber engañado y se la han de haber llevado aquí a la vuelta y se la madrearon entre todos– abundó.
El ofendido se sentía molesto e incómodo. Ahí no acabo. A la hora de entrevistar a la testigo del caso, la servidora pública fue por demás grosera con la mujer.
“A la testigo, que es una persona en situación de calle, que no sabía ni leer ni escribir, se la pasó todo el tiempo diciéndole que no podía ser posible eso, que saliendo de ahí la iban a meter a la escuela, que, a su edad, como era posible no supiera leer ni escribir, que se meta a la nocturna”, narró.
DIGNIDAD DEL FALLECIDO
Además del trato indolente, la falta de investigación y debida diligencia, se agravió la dignidad de la persona fallecida, al incurrir en un mal manejo del cadáver y filtrar las fotografías del mismo a medios de nota roja, denunció el entrevistado.
“Cuando me entregaron el cuerpo, abrí la bolsa, y, – esto me pesa mucho– el cuerpo de mi mamá estaba mal. Yo no entendía, en mi mente quería pensar que estaba así porque le habían puesto algo y le pregunté a la chava, ‘Oye, ¿por qué el cuerpo de mi mamá está raro?’. En eso, veo su cara, y de inmediato entiendo por qué estaba así; porque ya estaba en descomposición”, narró.
Irabien Villafánez añadió que ese momento fue traumático para él. Investigó y fue así como se percató que el cuerpo de su madre no tuvo la refrigeración correcta.
“Me di cuenta que, cuando los cuerpos entran a la Semefo [hoy Incifo] como desconocidos, ni siquiera los refrigeran, los tienen ahí todos juntos, no les dan la atención que debería de tener cualquiera”, comentó.
LA INVESTIGACIÓN
Arturo Irabien reiteró que la investigación no avanza y ha acumulado errores, omisiones; falta de atención y empatía de los servidores públicos.
“Ha sido una pesadilla, desde que principio. Nunca me ofrecieron asesor jurídico de planta, me dijeron ‘¿tienes abogado personal?’, yo les contesté que no, que no tenía para pagarlo, y me dijeron que si quería había asesores, pero que a veces me podían ayudar y a veces no estaban”, expresó Edgar Arturo Irabien, hijo de la víctima, en entrevista con SinEmbargo.
La lentitud de la investigación es uno de los aspectos que recalca el entrevistado. El caso se quedó estancado y sin Ministerio Público, por al menos seis meses, desde finales de 2018 hasta junio pasado, destacó.
Luego de casi seis meses sin Ministerio Público, le asignaron una nueva agente, “ella dijo que estaría super comprometida que se iba a encargar y hasta el momento, jamás ha hecho nada, no se ha puesto las pilas, no hay comunicación buena con ella, a diferencia de con la primera MP, que había una comunicación constante, a la nueva MP le escribo y me deja en visto, le hablo y siempre está en cursos”, denunció.
Otra de las irregularidades, es que se encontraron manchas de sangre, que no son de la víctima, y huellas en el cinturón con el que fue asesinado. Dichas evidencias no se habían enviado a análisis y se sacaron muestras de ADN hasta hace poco, es decir, un año y medio después del crimen.
“Lo estaban pidiendo por primera vez en 2019, cuando se debió solicitar desde los primeros meses. ¿Cómo puede ser que algo tan obvio como las muestras de sangre, que estaban en su ropa, o huellas en su cinturón, los estén pidiendo por primera vez después de un año?” reprochó.
La familia de Diana teme que pudiera quedar impune frente a una serie de diligencias y omisiones. Exigió justicia para la mujer, diligencias profesionales y la pronta detención de él o los presuntos responsables.
“Yo sé que el caso de mi mamá no es el único, yo sé que no pueden dedicarse solo a mi mamá, pero necesito yo ver que están haciendo algo, pero si veo que no hacen nada, a mí me frustra. Yo lo que quiero es justicia”, expresó.
