La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, saludable, aceptable y asequible”. A pesar de ello, en marzo pasado el Instituto Nacional de Estadística y Geografía expuso que al menos 32 millones 925 mil hogares no cuentan con una dotación diaria de agua.
El costo real del agua en la capital del país es de 26 pesos por metro cúbico (m3) , aunque gracias al subsidio y la tarifa diferenciada las poblaciones de una condición económica baja pagan 4.9 pesos por m3. El precio se considera razonable, sin embargo, los problemas en la provisión del recurso provocan que los pobladores tengan que contemplar gastos extras como el pago de pipas y agua embotellada, y ser presas de uso político.
La Comisión Nacional de Agua estima que el pago de una pipa provisto por un particular es de 82 pesos por m3 y 20 pesos por m3 si es llevada por un organismo público, esto debido al pago de propinas, lo que supera los 4.9 pesos que se deberían pagar por el servicio.
Ciudad de México, 13 de octubre (SinEmbargo).– El presente parece desesperanzador. En medio de un terrero con largas tiras de asfalto, un grupo de personas se reúne para montar guardia a vehículos de carga que traen consigo un recurso vital para la comunidad: agua.
A pesar de las largas filas, los vecinos saben que podrían no llevar consigo lo necesario, sin embargo, insisten porque llevan días sin bañarse, sin lavar su ropa y sin poder lavar sus alimentos. El entorno comienza a violentarse. Algunos grupos deciden secuestrar a los conductores de las pipas que cargan entre 20 mil y 45 mil litros de agua potable, las llevan a sus casas y posteriormente venden los sobrantes porque han descubierto que la necesidad ofrece oportunidades de “negocio fácil”.
Algunos de los pobladores ceden y compran a los vendedores clandestinos a pesar de los altos precios. Otros prefieren encontrar la manera de abastecerse de agua aún si esto implica otra clase de gastos.
Cristina, habitante del conjunto habitacional Ermita Iztapalapa, Zaragoza, es una de ellas. Cuando hay crisis de agua gasta entre 523 y 600 pesos adicionales. Para poder cocinar, compra de manera semanal cinco garrafones del líquido purificado, con un costo unitario de 12 pesos; y dos más para consumo familiar, cada uno con un precio de 40 o 35 pesos.
No sólo eso: gasta 25 pesos en desinfectante, 30 pesos en cloro, 250 pesos en caso de uso de lavandería; la última vez la uso cinco veces en un mes. Y por si fuera poco, la última vez que se quedó sin agua pagó 300 pesos para comprar un nuevo tinaco en el que pudiera almacenar más y compró un diablito de 330 pesos con los que carga el agua potable hasta su domicilio. A esto habrá que sumarle los gastos en pipas y en el pago de propinas de los “piperos”.
Pero no sólo es Cristina. Son millones así en la capital mexicana.
EL DESABASTO DE AGUA
El problema del desabasto responde a diferentes razones que van desde los argumentos históricos hasta los problemáticas de origen social causadas por la sobreexplotación del manto acuífero y la concentración masiva de personas en algunas regiones del país. El Valle de México, por ejemplo, concentra a 23 millones de habitantes y cuenta con la disponibilidad anual más baja de agua llegando apenas a 160 metros cúbicos (m3) por habitante.
Una de las demarcaciones con mayores problemas de suministro de agua es la Ciudad de México. De acuerdo con un estudio desagregado de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México realizado en el año 2008 por lo menos 260 colonias sufren de tandeos o recortes de servicio que afectan a un millón 430 mil 667 personas mientras que 87 mil 324 reciben agua de mala calidad.
El estudio “Tarifas y Derecho Humano al Agua”, escrito por la académica Gloria Soto Montes de Oca, revela que los tandeos más numerosos afectan con frecuencia a las alcaldías de Iztapalapa con 585 mil 564 perjudicados, Tlalpan con 275 mil 591, Coyoacán con 173 mil 023 y Magdalena Contreras con 132 mil 532.
El problema del agua se agrava al considerar que problemas de gestión y políticas públicas obligan a los habitantes de la ciudad a resolver por sí mismos el goce de lo que debería ser un derecho fundamental. Además, los deja innermes ante el uso político, pues recurrentemente candidatos ofrecen, y no cumplen, resolver la carencia a cambio de votos.
EL COSTO PARA LOS MÁS POBRES
En 2010, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) y la Tesorería Local hizo un reestructuración de tarifas con el objetivo de aumentar la recaudación del sector e inhibir el sobreconsumo de los precios bajos. El planteamiento diferenció el pago de tarifas por uso y en función del desarrollo por manzana e ingreso de los hogares. Con este criterio las manzanas fueron catalogadas en cuatro grupos: popular, bajo, medio y alto.
El costo real del agua es de 26 pesos por metro cúbico (m3) , aunque gracias al subsidio y la tarifa diferenciada las poblaciones de una condición económica baja pagan 4.9 pesos por m3. El precio se considera razonable, sin embargo, los problemas en la provisión del recurso provocan que los pobladores tengan que contemplar gastos extras como el pago de pipas y agua embotellada.
En la investigación de Montes de Oca, que toma como referencia un estudio nacional realizado por la Comisión Nacional de Agua (Conagua), se estima que el pago de una pipa provisto por un particular es de 82 pesos por m3 y 20 pesos por m3 si es llevada por un organismo público, esto debido al pago de propinas, lo que supera los 4.9 pesos que se deberían pagar por el servicio. Si a las cifras se le suman los costos del tiempo invertido al acarrear al agua se tendrán que considerar otros 442 pesos por m3 para pagar las horas de desvelo y trabajo invertido.
El ciclo no termina con los gastos extraordinarios, la “desesperación” descrita por los mismos habitantes del área ha provocado que se incurra en prácticas ilegales que incluyen la clandestinidad en el padrón de usuarios, la venta ilegal de agua y los robos de pipas.
ROBOS Y CLANDESTINIDAD
En 2017 se reportaron 3 millones de persona sin agua en el Valle de México. El desabasto fue una consecuencia del sismo del 19 del de septiembre que rompió y daño tuberías que abastecían a una buena parte del oriente de la ciudad. El contexto provocó un fuerte caos entre los vecinos que sufrían las consecuencias de grupos organizados que secuestraban a las pipas para abastecer a sus conocidos y posteriormente vender el agua sobrante a los demás habitantes.
Cristina dijo que los cuotas de los “apoderados” eran excesivas: 200 pesos para llenar un tinaco estándar, 50 pesos para un bote pequeño y 500 si se trataba de un tinaco de gran tamaño. Esto, la llevó a comprar más garrafones de agua. En total compraba 10 garrafones que costaban 15 pesos y que representaban un gasto de 150 pesos, un poco menor al ofrecido por los “ladrones de pipas”.
Como parte de un relato que parecía sacado de una novela apocalíptica, las familias se veían forzadas a montar guardias para proteger a las pipas de los abuso. En algunas ocasiones las mismas tuvieron que ser escoltadas por la policía o por el Ejército.
El especialista Daniel Salazar, presidente del Consejo Ciudadano para el Desarrollo Sustentable, AC, explicó que la incertidumbre por el sismo visibilizó una práctica que no era común, pero que existe cada vez que las familias llegan a quedarse sin agua por varias semanas.
Salazar reconoció otras prácticas que dejan fuertes afectaciones en la distribución: el robo de equipo y material hidromecánico, así como las tomas clandestinas que representas un 20 por ciento en el padrón de usuarios, un total aproximado de 40 mil tomas de las que no se tiene registro alguno sobre el uso, pero que podrían enumerarse en la categoría de usos mixtos y no en los domésticos.
Desde 2008, la Ley de Aguas Nacionales castiga el robo del agua; sin embargo, la falta de tecnología para tener un control y un número sobre los mismos ha permitido que se continué con el despilfarro del vital líquido. Para Salazar el desabasto y las afectaciones también tiene como origen la clandestinidad, ya que “al no pagarse agua se consume de manera irresponsable y desmedida”, además de que se continua con los daños de sobrexplotación del acuífero que provocan afectaciones cíclicas.
En este sentido afirma: “Sin duda la sustentabilidad es un problema que debe atender. Pero los sistemas de gestión y gobernabilidad son temas de los que también se tiene que comenzar a hablar”.
EL USO POLÍTICO DEL AGUA
A partir de una reforma expedida en febrero de 2012 el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, saludable, aceptable y asequible”. A pesar de ello, en marzo pasado el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) expuso que al menos 32 millones 925 mil hogares no cuentan con una dotación diaria de agua.
La carencia pone en desventaja a la ciudadanía pero, no así a los administradores públicos que aprovechan la oportunidad para ofrecer soluciones que pueden ayudarles a influir en la política. En una investigación realizada por la académica de la Universidad de Connenicut, Veronica Herrera se revelo que los candidatos a las alcaldías recurren a las promesas de servicios de agua gratuitos o subsidiados, en lugar de cobrar en función del consumo.
La investigadora señala que “el fenómeno del comercio del agua como un favor político es probablemente más común en las comunidades de bajos ingresos, que dependen casi exclusivamente de las pipas”.
En Junio del 2018, en medio de la coyuntura electoral y de la recuperación del sismo de septiembre de 2017, vecinos de la alcaldía de Iztapalapa denunciaron que la delegación condicionaba el uso de las pipas otorgando el liquido a quienes pertenecían a ciertos grupos políticos, o bien, a quienes llevaban consigo más de 20 copias de credenciales de elector.
Durante el mismo periodo el partido político Morena presentó una denuncia formal contra Ismael Figueroa, quién fuera candidato a diputado local por el Distrito XI, por el presunto ofrecimiento de pipas de agua a cambio de votos. Los habitantes de la demarcación revelaron que el aspirante a la legislatura utilizaba un carro de bomberos para bastecer el liquido a quienes comprometían su voto a favor de él.
El comercio del agua como un favor político es un acto recurrente en la CdMx y tiene alcance para quienes son vulnerados y no cuentan con los recursos económicos suficientes para cubrir los gastos extraordinarios del acarreo.
CARENCIAS EN EL DESIERTO DE ASFALTO
La carencia de agua es un problema que a nivel global ha generado nuevas dinámicas de organización social y política. México no es la excepción, la demanda de agua es cada vez más mayor debido a los fuertes cambios de temperatura y al aumento en el grueso de la población.
De acuerdo con la organización Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental A.C, el aumentó en el consumo de agua per cápita ha tenido un crecimiento significativo. En 1955, cada mexicano consumía alrededor de 40 litros al día; para el año 2012 el consumo había aumentado a 280 litros por día, agravando aún más la disminución de la disponibilidad del agua.
Además del crecimiento de las ciudades y la amenaza por el calentamiento global, la falta de cultura para el consumo continúa sumando perdidas por desperdicio y contaminación.
La Ciudad de México y el área metropolitana es la superficie del país donde más se desperdicia agua. De acuerdo con las autoridades de la Comisión Nacional del Agua, la Cuenca del Valle de México alcanza un desperdicio por fugas en la red hidráulica de 38 por ciento. Asimismo, esta cuenca destaca por sus altos índices de contaminación generalmente ocasionada por la industria, pero también, por la sobreexplotación de los mantos acuíferos que ha causado el deterioro de la calidad del agua inducidas por el efectos de bombeo y contaminación del aire.
Daniel Salazar, especialista en el tema del agua, destací que el problema ha adquirido una condición cíclica que coloca a la metrópoli frente todo clase de riesgo, incluyendo los sismos de fuerte magnitud que vienen de la sobreexplotación de la tierra y sus mantos de agua.
