En las próximas horas, el Senado de la República iniciará una sesión del pleno para dar la declaratoria de la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial, ya que se superó el umbral de 17 Congresos locales que la avalaran para poder enviar el documento al Presidente López Obrador.
Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).– De nueva cuenta, el Poder Judicial intenta bloquear el avance de la reforma al Poder Judicial avalada en el Congreso esta semana y que el Legislativo de más de una veintena de estados han validado, pues ahora un Tribunal federal de Colima concedió una suspensión provisional dentro de una demanda de amparo para que no se publique el dictamen en el Diario Oficial de la Federación (DOF), algo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador planeaba hacer este fin de semana, durante la conmemoración del inicio de la Independencia mexicana.
Un Tribunal Colegiado de Colima dio a conocer este viernes que hay una suspensión provisional para impedir que la reforma judicial sea aprobada y por lo tanto evita que entre en vigor. Esto, hasta que un Juez de Distrito resuelva si concede la suspensión definitiva a una asociación civil que impugnó el dictamen.
La demanda fue promovida por la Fundación Iris en Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. “Esta Judicatura considera fundado el restante argumento en el que la parte quejosa se inconforma respecto de los efectos de la medida cautelar solicitada. La parte quejosa señala, en lo conducente, que en su demanda de amparo solicitó la suspensión para el efecto de que la reforma reclamada no fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación, pues sería la publicación apuntada la que podría dejar sin materia el juicio de amparo. Lo anterior se considera de esa manera, pues del análisis a la demanda de amparo se observa que la peticionaria de amparo fue clara en establecer que solicitaba la suspensión para el efecto de que no se publicara la reforma reclamada, argumentando que de lo contrario quedaría sin materia el juicio de amparo”, señala el documento.
El Tribunal Colegiado de Colima consideró procedente que, además de los efectos para los que fue concedida la suspensión provisional, “se conceda para que, en caso de que fuera aprobada la reforma por las Cámaras de Diputados y de Senadores, así como por las legislaturas estatales, no sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, pues dicho acto vincularía su entrada en vigor y ocasionaría daños y perjuicios de imposible reparación a la quejosa”.
En las próximas horas, el Senado de la República iniciará una sesión del pleno para dar la declaratoria de la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial, ya que se superó el umbral de 17 Congresos locales que la avalaran para poder enviar el documento al Presidente López Obrador.
Una vez concretado ese paso, será cuestión de tiempo para que López Obrador la publique en el DOF y sea promulgada oficialmente. No se prevé que este tipo de suspensiones, las cuales y han sido otorgadas a diversos quejosos en las últimas semanas cuando se discutía la reforma en la Cámara de Diputados y el Senado, frenen ni la sesión de hoy en la Cámara Alta ni la firma del mandatario mexicano.
Ya la semana pasada, López Obrador había asegurado que las suspensiones de oficio provisionales concedidas por jueces y juezas a colegas para prohibir la discusión de la reforma al Poder Judicial en la Cámara de Diputados no tenían sustento legal. Desde Palacio Nacional, López Obrador señaló que las y los jueces quieren “entorpecer” la vida política del país al intentar detener la discusión del dictamen de reformas al Poder Judicial.
“Voy a tu pregunta sobre estos recursos de amparo. ¿Qué validez tienen? Pues ninguna validez. Es una intromisión desesperada, un exabrupto. ¿Cómo una Jueza va a detener, con qué fundamento legal detiene un proceso en el Poder Legislativo? ¿Cómo detiene un proceso que es consustancial a la función principal del Poder Legislativo?”, criticó.
Los congresos de 21 estados –incluidos Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán– aprobaron esta semana la reforma al Poder Judicial, cuya principal modificación es la de la elección de jueces, magistrados y ministros a través del voto popular. Mientras tanto, Querétaro la rechazó: es el único que lo ha hecho a nivel local.