La CNDH indicó que no promoverá ninguna acción de inconstitucionalidad, sino que se sumará a la ejecución de las reformas.
Ciudad de México, 13 de septiembre (SinEmbargo).- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) lanzó un comunicado donde indica su posicionamiento frente a las reformas aprobadas por el Senado respecto a la Guardia Nacional (GN) y destaca que no promoverá acción de inconstitucionalidad.
“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoce que la situación por la que atraviesa el país, en cuanto a la violencia generada por la delincuencia organizada continúa afectando a la ciudadanía y el goce pleno de sus derechos humanos; y que por ello, es necesaria la implementación de medidas no convencionales, con una estrategia clara que permita generar condiciones a corto, mediano y largo plazo que dé como resultado una protección integral a la sociedad”, reza el texto.
La CNDH considera que, “dada la situación de violencia que aqueja al país, la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) puede ser y es admisible, desde el punto de vista de los derechos humanos, siempre y cuando su intervención se encuentre limitada en el tiempo y sujeta a casos de excepcionalidad, que es lo que aprobó la mayoría del Senado, hace unos días”.
“Hay que reconocer así que, en mucho, los métodos tradicionales de enfrentamiento del delito que todavía imperan en la región han sido rebasados por la realidad; que se requieren respuestas adecuadas a los tiempos y a la altura de las nuevas dificultades que la complejidad del problema en nuestros países demanda”, expone, y señala que la transferencia del control operativo y administrativo de la GN a la Sedena atiende a parámetros nacionales e internacionales de los derechos humanos al ser extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces.
Posicionamiento institucional frente a las reformas aprobadas por el @senadomexicano respecto de la #GuardiaNacional (@GN_MEXICO_): La #CNDH no promoverá #AcciónDeInconstitucionalidad alguna.
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— CNDH en México (@CNDH) September 13, 2022
“Por esa y otras muchas razones, esta Comisión Nacional, con plena conciencia de su misión y en ejercicio de su autonomía, declara que no interpondrá acción de inconstitucionalidad alguna contra las reformas aprobadas por el Senado. Vamos a hacer algo más que eso: sumarnos a la ejecución de las reformas, mediante su observancia y monitoreo, atendiendo las quejas desde luego, que pudieran derivarse de posibles violaciones de derechos humanos que se cometan, pero también impulsando acciones preventivas, iniciativas de capacitación y formación que garanticen que en esta etapa de construcción de una Guardia Nacional consolidada, se afiance a la vez que su carácter civil, el compromiso de las Fuerzas Armadas con el respeto a los derechos humanos en todas sus actuaciones”.
La CNDH también señaló que, en medio del debate partidista, ha pasado casi desapercibido el hecho de que el mandato de “manejar” a la Guardia Nacional ya lo tenía Sedena y estaba establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), la cual recogía un ordenamiento que databa de la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado del 24 de diciembre de 1958, y se mantuvo por 64 años.
“Es de mencionar, que nada de esto es nuevo y que incluso históricamente existen antecedentes, que sin detrimento de su carácter civil, han colocado a la Guardia Nacional dentro del encuadramiento militar”, expone.
A su vez, la comisión destaca que “en la iniciativa aprobada por el Congreso se compromete ‘una fórmula equilibrada para la participación de la Sedena en el ejercicio del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional’, puesto que se establecen ‘reglas claras del funcionamiento de este cuerpo policial, con una estricta, clara separación y delimitación de las dependencias involucradas’, invocando una Tesis del Poder Judicial de abril de 2000 ‘para así prevenir y remediar todo tipo de abuso por parte de las autoridades en el ejercicio de sus facultades, o en la extralimitación en éste, en particular cuando ello sucede en el campo de la seguridad publica interior’. Siendo quizá ésta, la tarea central que se tiene el reto de desarrollar en los meses y años siguientes”.
La CNDH explica que, de acuerdo con la iniciativa y el dictamen aprobado en el Senado, el Ejecutivo Federal y una mayoría de integrantes del Congreso de la Unión, se asume que la crisis de inseguridad y violencia relacionada con el crimen organizado requiere acciones contundentes “y lo relevante es que, como dijo uno de los senadores participantes en las deliberaciones parlamentarias del día 9, en el documento aprobado no hay un solo artículo donde se pierda el estado civil de la Guardia”.
De igual forma, la comisión destaca que la iniciativa indica lo siguiente: “… es importante reiterar que la Guardia Nacional continuará su consolidación como una institución civil adscrita a la SSPC cuya función primaria es contribuir a la seguridad pública y desarrollará sus actividades con capacitación y adiestramiento policiales, de naturaleza no bélica. Por lo tanto, esta corporación seguirá sujetando su actuación al respeto irrestricto a los derechos humanos y a la observancia de los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución, gradualidad y rendición de cuentas, en relación con el uso de la fuerza, conforme a los estándares internacionales aplicables en la materia”.
