La estocada para matar la penalización del aborto en México vino finalmente de Coahuila, después de que la SCJN invalidó la legislación de ese estado que imponía tres años de cárcel a la mujer por abortar y prohibía a médicos ayudarles.
Por Gardenia Mendoza
México, 13 de septiembre (La Opinión).- Nadie irá más a la cárcel por un aborto en México como ocurría antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) despenalizara la interrupción del embarazo en Coahuila. Fue después de 88 años de presión por parte de grupos feministas que han sido perseguidas, censuradas y maltratadas.
Es un logro de las mujeres de muchas generaciones, un ejemplo de cómo se obliga a cambiar el rumbo de la política y el Gobierno a base de astucia, valentía y persistencia: la primera propuesta para que el Estado mexicano regulara la práctica del aborto fue en 1935.
La hicieron dos activistas marxistas y leninistas de aquella época, Ofelia Domínguez Navarro y Matilde Rodríguez Cabo, fundadoras del Frente Único Pro Derechos de la Mujer para empujar al Gobierno a legislar la práctica dentro de los primeros meses del embarazo, según la gaceta oficial de la Ciudad de México.
El aborto estaba penalizado desde la creación del primer Código federal de 1871 para proteger la “moral pública y las buenas costumbres”.
¿Cómo se logró pasar de un concepto abstracto y religioso al cambio en la máxima autoridad judicial del país que consideró ilegal penalizar a la mujer que aborta desde el pasado 7 de septiembre?
Marta Lamas, una de las mujeres más duras en la promoción de la liberación del aborto, activista desde los años 70 del siglo pasado, es una clave para entenderlo: “Fue a base de agudeza de muchos colectivos de mujeres”, explica: desde organizarse a buscar alianzas, acuerdos internos, argumentaciones jurídicas, presiones callejeras…
Después del primer intento en los años 30 por lograr una legislación a favor del aborto, la lucha feminista se opacó en las siguientes décadas. Revivió con fuerza casi medio siglo después: en 1979 se creó el Frente Nacional de Lucha por la Liberación y los Derechos de las Mujeres que se enfrascó en debates mínimos como el tiempo para permitir el aborto.
Posteriormente, Marta Lamas creó otra organización, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) en 1992. La fundadora escribió en eses entonces un duro artículo sobre las “carencias y errores sustantivos” en la búsqueda de los derechos reproductivos de la mujer.
“En 20 años las feministas no habíamos sido capaces de construir una política de alianzas, como si no entendiéramos cómo funciona la real política en México. Habíamos desarrollado mucha de nuestra actividad política de cara al movimiento de izquierda y no habíamos sido capaces de reconocer (ni de apoyar, como en 1983) al sector gubernamental que también coincidía con nosotras”.
Mientras tanto, la iglesia Católica encabezaba una fuerza de presión en provincia junto con la organización provida con dramáticas campañas de fotografías y videos donde un feto era “asesinado a tijeretazos” dentro del vientre materno.
Esta religiosa en la provincia fue clave para frenar el avance de la legislación hasta el 2007.
PRIMERAS ALIANZAS
Después de la victoria de la izquierda en la capital mexicana, las viejas alianzas feministas rindieron frutos. El proceso duró 10 años hasta que el Congreso local se impuso con una votación mayoritaria y dejó en completa libertad a las mujeres para decidir la suspensión del embarazo en Ciudad de México.
El Gobierno local se vio obligado, en consecuencia, a montar clínicas especializadas para ayudar a las mujeres a abortar hasta las 12 semanas de gestación. Desde entonces se practican alrededor de 18 mil abortos al año.
No fue un camino fácil, explicó Leticia Quezada, la Diputada que llevó la bandera al interior de la Asamblea Legislativa en 2007: “Se trataba de hacer entender que se trataba de abortar para que no hubiera más muertes por los miles de casos en la práctica clandestina”
Pero los conservadores Abogados Católicos insistieron y fueron con todo en contra. El día de la votación llegaron a la sede del Congreso local para entregar 36 mil firmas de ciudadanos que pedían un referéndum y cientos de manifestantes entre consignas y gritos.
Del bando aliado a la autorización del aborto estaba el Colegio de Bioética. Fijó su posición científica con la aclaración de que el embrión de 12 semanas no es un individuo biológico, ni una persona: carece de vida independiente, ya que es totalmente inviable fuera del útero.
¿QUÉ SIGUIÓ?
Entre los opositores al aborto está el Partido Acción Nacional (PAN). Después de la despenalización en la capital mexicana, el organismo político acudió a la SCJN con un recurso de inconstitucionalidad que finalmente perdió y abrió el camino para que el aborto quedará autorizado en la constitución.
No obstante en los 32 estados sólo en cuatro (la capital, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz) tienen una ley de plazos que permite la interrupción del embarazo libremente en las 12 primeras semanas de gestación por lo que en el resto de la provincia mexicana se podrá seguir encarcelando a las mujeres y a quien las ayudara a abortar.
La batalla en los estados ha sido dura. En Oaxaca, uno de los estados con peores niveles educativos, con índices altos de marginación y pobreza, donde los derechos de las mujeres no fueron durante años una prioridad, se dio prioridad al aborto gracias a organizaciones feministas.
El día de la votación en el pleno, en septiembre de 2019, una procesión de católicos pidió excomunión para los diputados que hicieron eco a organizaciones como la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos que se subieron a la tercera ola abortista procedente de Sudamérica y conocida como “Marea Verde”.
Mayra Morales coordinadora estatal de la Red dijo a la prensa que su plan no era ser activista pro aborto hasta que un día se despertó y estaba sangrando y corría el riesgo de ir a prisión si se le acusaba de aborto o peor aún de homicidio por razones de parentesco como muchos casos de mujeres que hay en México y que no se pueden contar.
🚨México🇲🇽:
En una decisión unánime la @SCJN ha protegido a niñas, mujeres y personas con capacidad de gestar para que no sean criminalizadas por acceder al aborto.
Esta sentencia es criterio obligatorio para los jueces y juezas en 𝘁𝗼𝗱𝗼 el país.
💚¡Crece la marea verde!💚 pic.twitter.com/FAKlFt2fks
— Centro de Derechos Reproductivos (@ReproRightsLAC) September 7, 2021
“Desde entonces comencé a ir a marchas en busca de mejorar la desesperación de tantas mujeres”.
La Marea Verde se caracterizó por nuevas acciones en todo el país. A la par de la búsqueda de alianzas políticas miles de mujeres salieron a las calles con agresivas manifestaciones y acciones radicales como la que promovió el colectivo Brujas del Mar en redes sociales con la convocatoria a un paro nacional “un día sin nosotras”, que llamó a las mujeres a no ir a trabajar, no estar en las calles, no hacer compras ni ir a estudiar el 9 de marzo.
Pero la estocada para matar la penalización del aborto vino finalmente de Coahuila, después de que la SCJN invalidó la legislación de ese estado que imponía tres años de cárcel a la mujer por abortar y prohibía a médicos ayudarles.
Las activistas del estado se enfrentaron a poderosas organizaciones con el Frente Nacional por la Familia que años atrás había impedido la liberación del aborto que empujaba el entonces gobernador Rubén Moreira. Por este caso, la Procuraduría General de la República tuvo que promover el recurso en la Suprema Corte que llevó a la despenalización nacional.
