Autoridades guanajuatenses omiten aplicación de la Ley de Personas Desaparecidas, vigente en todo el país, que tiene obligaciones específicas en casos de desapariciones forzadas, hallazgo de cuerpos sin identificar o que han sido encontrados en fosas clandestinas, señalan especialistas.
Zona Franca dio a conocer que desde el pasado mes de mayo, la Procuraduría General de Justicia del Estado encontró tres fosas clandestinas en el municipio de Villagrán, en las que podrían haber al menos 37 cuerpos, aunque las autoridades únicamente se limitaron a señalar que como máximo habría 8 en una de ellas. El resto de la información no ha sido pública.
La Procuraduría General de Justicia de Guanajuato, a cargo de Carlos Zamarripa Aguirre, inició tres carpetas de investigación por las fosas clandestinas en Villagrán en las que se estiman encontraron 37 cadáveres, pero al día de hoy no hay un dato oficial del número de cuerpos localizados, cuántos fueron identificados y cuántos entregados a sus familias.
León/Irapuato/Ciudad de México, 13 de septiembre (Zona Franca/SinEmbargo).- El estado de Guanajuato, al igual que otras entidades del país, está incumpliendo con la aplicación de la “Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas”, que obliga a las localidades a tener organismos especializados en la localización de personas así como a mantener una comunicación estrecha con los familiares de las mismas.
Así lo mencionó la maestra en Derechos Humanos e integrante del Consejo Ciudadano Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, Volga de Pina, quien manifestó que la manera discrecional en la que el estado de Guanajuato está llevando la investigación del hallazgo de fosas y cadáveres en el municipio de Villagrán, está generando suspicacias graves.
Juan Miguel Alcantara Soria, ex titular del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, mencionó que Guanajuato es parte de esa crisis humanitaria en el país, porque hay un número impreciso de desaparecidos y la Procuraduría General de Justicia del Estado, además de incumplir con el protocolo de acompañar a las familias de las víctimas, no cumple las leyes que marcan que a “más tardar en 30 días naturales” tendrán que informar sobre el hallazgo de fosas clandestinas.
INCUMPLEN LEY Y NO HAY PROTOCOLO
Desde su experiencia, Volga de Pina señaló que en el estado de Guanajuato se está evitando reconocer que hay un problema severo de violencia, mismo que ha desembocado en la desaparición forzada y el hallazgo de fosas clandestinas, factores que han superado a las autoridades estatales.
Además de manifestar que se están incumpliendo los protocolos que marca la Ley de Desaparición Forzada, aprobada en noviembre de 2017.
Recientemente, Zona Franca dio a conocer que desde el pasado mes de mayo, la Procuraduría General de Justicia del Estado encontró tres fosas clandestinas en el municipio de Villagrán, en las que podrían haber al menos 37 cuerpos, aunque las autoridades únicamente se limitaron a señalar que como máximo habría 8 en una de ellas. El resto de la información no ha sido pública.
Volga de Pina manifestó que el estado de Guanajuato, al igual que otras entidades, se encuentra en una situación de “emergencia forense” por la cantidad de homicidios reportados diariamente, además de los cuerpos que han sido hallados en las fosas de Villagrán.
La especialista mencionó que las autoridades del estado carecen de protocolos y mecanismos para la atención de la violencia, así como para el manejo de información respecto a las personas desaparecidas.
Dijo que la experiencia de otras entidades donde, desde hace algunos años comenzaron a encontrarse fosas, es que las autoridades tienen que hacer una investigación exhaustiva y dar a conocer información fidedigna a los medios de comunicación pero sobre todo a los familiares de personas desaparecidas.
En este sentido, enfatizó que desde el año pasado existe la Ley de Personas Desaparecidas (oficialmente la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas), que está vigente en todo el país y que señala obligaciones específicas para la federación y entidades, en casos de desapariciones forzadas y por tanto, también en el hallazgo de cuerpos sin identificar o que han sido encontrados en fosas clandestinas.
Entre los artículos de esta ley destaca el número 68, que señala que cada entidad debe tener una fiscalía especializada en la investigación de desaparición de personas. Sin embargo a casi un año de la publicación de este nuevo reglamento, en Guanajuato no se le ha dado cumplimiento.
“Artículo 68. La Procuraduría y las Procuradurías Locales deben contar con Fiscalías Especializadas para la investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, las que deberán coordinarse y dar impulso permanente a la búsqueda de Personas Desaparecidas”.
La especialista en derechos humanos manifestó que las autoridades guanajuatenses deben apegarse a este protocolo para garantizar que absolutamente toda la información que surja del hallazgo de fosas clandestinas esté bien documentado.
Agregó que un proceso transparente y limpio puede ayudar a que las personas que están en estas fosas clandestinas puedan ser perfectamente identificadas.
“Sí es grave que se haga así porque genera suspicacias y otras experiencias han dejado ver que cuando no se transparentan estos temas, el procesamiento de los lugares se hace mal por inexperiencia, porque nuestras instituciones no están preparadas para este tipo de hallazgos, nuestros servicios periciales estaban acostumbrados a un cuerpo pero no a este tipo de lugares en donde deben tener mucho cuidado en el procesamiento antropológico, entonces generan mucha suspicacia cuando no se transparenta y cuando no se hace adecuadamente, porque lo que ha pasado en otros casos es que dejan restos ahí mismo o dejan otros indicios que son importantes para la identificación, como ropa, a veces hasta casquillos de bala u otras cosas”, mencionó Volga de Pina.
Agregó que la aplicación de esta ley permite que Guanajuato esté en coordinación con la federación y con otras entidades para hacer una colaboración en la búsqueda de personas desaparecidas, así como en la identificación de los cuerpos encontrados en las fosas.
Mencionó que algunos estados han recurrido a solicitar ayuda a la federación o a entidades más experimentadas en el tema, para poder extraer material genético de los cuerpos encontrados.
Para este fin existe la figura del Registro Nacional, previsto en el artículo 102 de la Ley de Desaparición Forzada y que es una “herramienta de búsqueda e identificación que organiza y concentra la información sobre Personas Desaparecidas y No Localizadas, con el objeto de proporcionar apoyo en las investigaciones para su búsqueda, localización e identificación”.
Este registro contiene el material genético de las familias que buscan a un familiar desaparecido y se alimenta también con las muestras extraídos de cuerpos de fosas clandestinas, de tal forma que se pueda generar un cruce de información que ayude a la identificación de las personas.
Volga de Pina mencionó que Guanajuato es una entidad donde este fenómeno “está silenciado” y que las autoridades parece que se niegan a reconocerlo, por lo que se genera un problema al intentar saber cuántas familias han proporcionado su material genético para la identificación de sus familiares.
La especialista dijo que es una obligación, tanto de los familiares como de las asociaciones civiles y de los medios de comunicación, exigir a las autoridades que las muestras encontradas en las fosas clandestinas sean integradas a bases de datos nacionales.
“Los estados no piden los cruces o no mandan los datos que ellos tienen para hacer los cruces y esa es parte de las cosas centrales que desde familias de personas desaparecidas y de la sociedad civil, siempre hay que estarles exigiendo a las fiscalías locales, que nos aseguren que esto se mandó cruzar con las bases de datos que se tienen a nivel nacional”.
Esta manera desordenada y opaca de llevar la información pone a las familias de personas desaparecidas en una situación de vulnerabilidad pues el estado “genera una segunda desaparición” al no transparentar información que pueda ayudar a la identificación de los cuerpos.
“De entrada (es su deber) asegurar que las familias tengan contención a la mano, que estén con alguien que esté ahí para explicarles el proceso a seguir, los términos de la localización y las probabilidades que haya de identificación de personas y todas esas cosas se tienen que hacer con el acompañamiento de peritos, de abogados y de personal de atención social”, finalizó.
EXIGEN QUE EXPLIQUEN OMISIONES
Guanajuato forma parte de la crisis humanitaria en el país, luego que la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato incumplió con los protocolos de informar en 30 días naturales a las instancias federales de las fosas y la localización de los cuerpos aseguró Juan Miguel Alcántara Soria, ex titular del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública.
A la fecha no se sabe el número de desaparecidos.
La Procuraduría General de Justicia de Guanajuato, a cargo de Carlos Zamarripa Aguirre, inició tres carpetas de investigación por las fosas clandestinas en Villagrán en las que se estiman encontraron 37 cadáveres, hoy no hay un dato oficial del número de cuerpos localizados, cuántos fueron identificados y cuántos entregados a sus familias.
El ex funcionario federal explicó que Guanajuato es parte de esa crisis humanitaria en el país, porque hay un número impreciso de desaparecidos, que algunos deben estar en las fosas clandestinas creadas por los cárteles.
Detrás de esa impunidad, no sólo de los homicidios y de la incineración de cadáveres, existe “la impunidad de autoridades que no hacen su trabajo, ocultan información…” por ello se debe “exigir que se evidencie si esta información fue suministrada al Sistema Único de Información Criminal”.
Lo delicado, destacó Alcántara Soria, es que la Procuraduría General de Justicia del Estado, además de incumplir con el protocolo de acompañar a las familias de las víctimas, no cumple la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que marca que a “más tardar en 30 días naturales tendrán que informar, ¿por qué el Centro Nacional de Información a la fecha no tiene el reporte de las fosas y del número de personas privadas de la vida localizadas en el lugar, si fue en mayo?”, cuestionó.
Y añadió que hay penas para quien brinde información “errónea” sobre el número de víctimas que se puedan presumir están localizadas (en un lugar), dicha pena va de 2 a 8 años (de prisión) y la inhabilitación del cargo. Además, a quien se abstenga de informar de datos que tienen que ver con el Sistema Único de Información Criminal, se prevé prisión de 1 a 4 años.
Juan Miguel Alcántara se preguntó por qué no está la información en el Sistema Nacional, si es obligatorio que cada mes las entidades, en este caso la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, entregue información que “por las circunstancias de las personas, raza, pelo, color de piel es información desagregada” misma que a los 15 días, al mes siguiente, deberá ser pública, “hay que cotejar por qué no está esa información reconocida en el Sistema Nacional”.
Y respecto a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no haya incluido las fosas que se ha registrado en Guanajuato, Juan Miguel Alcántara Soria explicó que esta dependencia tiene “una insuficiente investigación, la CNDH creo que no tuvo el cuidado, la atención de voltear hacia Guanajuato… ahora, entre otros organismos, dará vista a las omisiones de la Procuraduría en esa materia y puede investigar”.
