La única constante del PRI a lo largo de su historia es la previsibilidad. De la voluntad del caudillo a la de los candidatos; del sistema formal de representación, designación y elección al simple y elemental “dedazo”; de la corrupción ensayada a la corrupción como plataforma, aceite, avance, gobierno y desgobierno.

La taimada diferencia de hoy es lo predecible de la decadencia tricolor.

La reelección de Alejandro “Alito” Moreno por cuatro años más en la dirigencia era un trámite: 440 votos a su favor, el 97 por ciento de los sufragios de los casi 480 integrantes del Consejo Político Nacional, contra los ocho de su única oponente, Lorena Piñón. La aplanadora de papel en el derrumbe ético y territorial de priismo.

Si el éxito de un dirigente político se midiera en avances electorales, la de Alito ha sido una desastrosa intervención: solo aportó a la alianza 5.7 millones de votos en la elección presidencial, una sexta parte de los obtenidos por la alianza encabezada por Morena. Será la quinta “fuerza” en la Cámara de Diputados y gobierna únicamente en dos estados. El partidazo… de la implosión.

Los datos reflejan el desorden de una vida interna desplomada en una subcultura de engaño precedente al pseudoliderazgo de Alito. Cuentas pendientes y no aclaradas, ausencia de controles internos priistas, omisión, neutralización y marginación de otras voces después de la más reciente etapa de la debacle electoral, la del 2 de junio.

Señalamientos periodísticos serios y ministeriales más formales que eficaces involucran al dirigente en situaciones ilegales de carácter civil y penal. Todo fue desestimado al momento de reelegirlo. Sus voceros en medios de difusión voltean la mirada y pocas voces truenan ante la descomposición

Lo más reciente, una investigación de la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera sobre una red de empresas mediante las cuales, presuntamente, Alejandro Moreno y su hermano Emigdio habrían triangulado recursos para la compra de propiedades en la Ciudad de México.

Además, la Fiscalía General de Campeche tiene una carpeta de investigación abierta desde 2022 por operaciones con recursos de procedencia ilícita, y hay una denuncia ante la FGR por un posible desvío de casi 4 mil millones de pesos de recursos federales durante su gestión como gobernador de Campeche, entre 2015 y 2019. Duermen los expedientes.

Al interior del partido que el domingo arropó a Alito en su sede y alejado de liderazgos críticos a su gestión, también hay acusaciones por actos de corrupción y violencia política de género.

Opacidad administrativa y política cuestionan la legitimidad de quien lleva a la decadencia del segundo partido opositor. En agosto de 2019, al asumir la dirigencia priista, Alito Moreno decía: “quiero que mi presidencia al frente del partido marque el inicio de una nueva etapa para el priismo”. La nueva etapa es un viejo capítulo de la misma decadencia.

Ayer, unas horas antes de conocerse la expulsión de la bancada del senador Manlio Fabio Beltrones —por acciones graves atentatorias de la unidad del partido—, el sonorense recordó en sus redes a Lázaro Cárdenas: con la reelección se corre el riesgo de resucitar caudillos y oligarquías.

Alito parece el nombre de un desastre ético-político posibilitado por un marco normativo con abundantes huecos y oportunidades para perfiles como el suyo.
QEPD

Salvador Guerrero Chiprés

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Salvador Guerrero Chiprés es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Es doctor en Teoría Política por la Universidad de Essex, Inglaterra; maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y licenciado en Derecho y en Comunicación por la UNAM. Fue asesor de la Secretaría de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal y de la Comisión Nacional de Seguridad, y Comisionado Ciudadano de Transparencia en el InfoDF.

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