En Alemania se han multiplicado los contagios entre empleados de mataderos; en Canadá fallecieron dos mexicanos trabajadores temporales, lo que sacó a relucir la precariedad de miles de mexicanos y centroamericanos que trabajan allí en la agricultura.
Las medidas de distanciamiento social “no siempre se ha hecho de forma efectiva por las barreras de idioma de muchos inmigrantes”, destacó la FAO.
Por Belén Delgado
Madrid, 13 de agosto (EFE).- La informalidad y las malas condiciones de vida que sufren muchos temporeros en países tanto ricos como pobres propician una mayor exposición de esos trabajadores a la COVID-19, especialmente en el caso de los que migran.
“Muchos de esos trabajadores trabajan en condiciones informales y afrontan malas condiciones laborales y de alojamiento, a veces sin medidas de protección o higiene”, explica a Efe el experto de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) Ion Bulgac.
No se trata solo de la falta de medidas en explotaciones agropecuarias o en el transporte, sino también en los asentamientos informales abarrotados en los que no se respeta la distancia de seguridad y el aislamiento es difícil en caso de enfermedad.
Corren así el riesgo de contagio en ambientes en los que los extranjeros sin documentos en regla “sufren una vulnerabilidad adicional porque no pueden acceder a los servicios de salud o los beneficios sociales por su estatus”, precisa Bulgac.
TRABAJADORES POBRES EN PAÍSES RICOS
En España han surgido brotes vinculados a la recogida de la fruta y la industria alimentaria, situación que se repite en otros tantos países.
En Alemania, se han multiplicado los contagios entre empleados de mataderos, muchos de origen extranjero, al igual que ha sucedido en plantas cárnicas de Estados Unidos.
La muerte de dos temporeros por la COVID-19 en Canadá también ha sacado a relucir la precariedad de miles de mexicanos y centroamericanos que trabajan allí en la agricultura, entre otros ejemplos.
Bulgac afirma que, desde el inicio de la pandemia, los gobiernos y empresas de países desarrollados han tenido que introducir medidas con vistas a garantizar la mano de obra para las cosechas y la seguridad alimentaria.
También ha habido que comunicar la información disponible, algo que “no siempre se ha hecho de forma efectiva por las barreras de idioma de muchos inmigrantes”, agrega.
Con el tiempo se han realizado más pruebas diagnósticas, impuesto cuarentenas y reforzado la seguridad en las fincas, pese a las dificultades para guardar la distancia mínima en determinados trabajos, y algunos gobiernos han optado por extender permisos a temporeros extranjeros o regularizar la situación de quienes no tenían papeles.
“Ninguna de esas medidas está a prueba de bombas, sobre todo porque se requieren muchos recursos”, asegura el experto de la FAO, organización que insta a proteger a los temporeros desde el punto de vista sanitario y social, “con independencia de su estatus migratorio o laboral”.
Las actuaciones deben centrarse, según el organismo, en prevenir el coronavirus en el trabajo, regularizar a los inmigrantes y alargar los permisos de trabajo, conectar la oferta con la demanda de mano de obra, asegurar la movilidad de modo seguro dentro de los países y apoyar a los más vulnerables.
MÁS VULNERABLES EN PAÍSES POBRES
En países en desarrollo como la India, Sudáfrica, Brasil o Perú, numerosas personas se encontraron de repente sin casa ni trabajo tras la aparición del virus, y se vieron en la necesidad de volver a sus lugares de origen o de trabajar informalmente, aunque fuera saltándose el confinamiento y poniendo en peligro su salud.
En Centroamérica, resulta habitual la migración de los trabajadores agrícolas a otras regiones o países, que se espera sobre todo en los próximos meses, cuando empiecen las cosechas de cultivos como el café o la zafra azucarera.
“No tenemos los protocolos adecuados para asegurar una migración ordenada ni infraestructuras de vivienda, educación y salud para atender a esas personas”, una realidad que “la pandemia ha desnudado”, según Erick Quirós, coordinador para la región central del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).
A su juicio, muchas actividades productivas deberán realizar fuertes inversiones para garantizar unas mínimas condiciones a los jornaleros, acostumbrados muchos de ellos a la falta de agua potable, electricidad, seguridad social y, en el caso de personas indocumentadas, a salarios más bajos.
En otras naciones como Chile, Argentina, Brasil o México, Quirós explica que la concentración de mucha mano de obra en plantaciones intensivas o durante su traslado ha generado también problemas de contagio.
“Los productores saben el alto riesgo que corren de perder una parte importante de la cosecha si todos los trabajadores enferman”, comenta el experto.
A escala global, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que nueve de cada diez trabajadores migrantes se han visto afectados por el cierre parcial o total de las fronteras.
La pandemia ha demostrado la dependencia que tienen los países desarrollados de los temporeros extranjeros para la producción de alimentos, así como el papel “esencial” que estas personas desempeñan para la agricultura y la economía en general, según la OIT.
Sin embargo, la organización lamenta que esos trabajadores no son recompensados en términos de salarios, protección social y condiciones laborales, y sufren desigualdades, agravadas por la covid-19.
Por ello, la OIT insta a “rediseñar los esquemas” e integrar la migración laboral en el conjunto de las políticas, con el fin de “dar sostenibilidad” y mejorar la vida de esos trabajadores esenciales.
