Por Iván Benumea (@Benumea)

El 20 de mayo de 2019, el Presidente firmó un decreto en donde se comprometió a no condonar impuestos a los grandes contribuyentes que incumplan sus obligaciones fiscales. Un mes después, el 29 de julio, anunció que próximamente presentará una iniciativa para que a nivel constitucional se prohíba la posibilidad de perdonar el pago de impuestos, lo cual significa importantes avances en la lucha contra la desigualdad por diversos motivos:

1. Los grandes contribuyentes finalmente dejarán de beneficiarse de una práctica que le ha costado mucho a nuestras finanzas públicas. Cuando se condonan impuestos, el gobierno suele recuperar una parte de lo que debían los contribuyentes. Sin embargo, este esquema fomenta la evasión fiscal y aumenta la percepción de injusticia alrededor de nuestro sistema tributario al favorecer a los deudores. En el periodo 2007-2018, se implementaron dos programas masivos de condonación, y según la información de la titular del SAT, en estos años fueron condonados 400 mil millones de pesos a un total de 153 mil 530 contribuyentes, pero 45 de ellos concentraron el 33 por ciento del monto total perdonado.

2. La reforma constitucional evitará que legisladores y gobiernos condonen impuestos. El decreto presidencial por sí solo es insuficiente. Perdonar impuestos no es una facultad exclusiva del Presidente, pues también los diputados, senadores, e incluso cada gobierno estatal, pueden decidir cuándo hacerlo. Este último aspecto es vital: las amnistías fiscales han sido aprobadas por los legisladores federales, y si se reforma la Constitución, ellos no podrán perdonar el pago de impuestos.

3. Las entidades federativas tampoco podrán asumir esta facultad. Un aspecto menos discutido, pero que también debería ser prohibido en nuestra Constitución, son las condonaciones de impuestos locales por parte de los gobiernos de cada estado. A nivel local, son muy comunes los decretos que permiten privilegios fiscales como la tenencia y el predial. Si bien estos decretos son creados para que las entidades recuperen una parte de lo que los contribuyentes deben, su aplicación genera una percepción de injusticia entre quienes sí pagan impuestos a tiempo y la ciudadanía que prefiere esperar el próximo decreto de condonación.

4. Promueve un sistema tributario justo. Aunque suele creerse que las condonaciones son un derecho de todos los contribuyentes, en realidad son políticas económicas que no tienen nada que ver con el derecho a que una persona solicite que sus impuestos sean perdonados. De hecho, nuestra obligación constitucional como mexicanos y mexicanas es pagar impuestos. De ahí que el Presidente haya anunciado que se reformará el artículo 28 constitucional, el cual regula diversas facultades en materia económica.

La prohibición constitucional representará un cambio de paradigma de nuestro sistema tributario, pero no debería ser la única modificación significativa que ocurra en este sexenio. Para acabar con la pobreza, también deben terminarse los privilegios fiscales. Por eso nuestras leyes deben abordar otro tipo de beneficios que son aprovechados por los grandes contribuyentes, y gravar la riqueza de quienes concentran la mayoría de los recursos de nuestro país.

Organizaciones como Fundar han realizado un seguimiento puntal de este tema colocando en la mesa propuestas para mejorar nuestro sistema tributario. Ejemplo de ello es el foro “Privilegios Fiscales: retos ante la desigualdad” que tendrá lugar el 14 de agosto en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, espacio de reflexión donde se debatirán los avances y pendientes en materia de condonaciones fiscales.

Fundar

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