El pueblo makurawe o guajiró, auto identificación de los llamados guarijíos, habita la zona norte de México por lo menos desde hace dos mil años. Como muchos pueblos indígenas, con la invasión española en busca de minerales, fueron despojados de sus tierras y aguas. En un principio se alejaron de las fundaciones y misiones estableciéndose en zonas remotas de la Sierra Madre Occidental. Las misiones en Sonora buscaron concentrarlos en poblados, y en 1632 en la región hubo un alzamiento guarijío junto a comunidades indígenas chínipas en descontento con la labor de los misioneros.

Desde Culiacán, una expedición militar los redujo y esclavizó. A partir de esa época un grupo importante se asentó en los márgenes del río Mayo y otro grupo, los guarojíos, se replegaron más cerca de las comunidades rarámuris en lo que hoy conocemos como Chihuahua. En Sonora, por las relaciones que construyeron con los mayos y en el vecino estado por su ubicación dentro de la zona tarahumara, se les creyó extintos o asimilados, pero el trabajo de los antropólogos y académicos logró que el gobierno les reconociera su especificidad como pueblo en 1976. En la década de 1980, fue restablecido su derecho a la tierra y en cinco comunidades cercanas a la población de Alamo, Sonora recibieron dotaciones agrarias.

Los proyectos hidráulicos asociados a la cuenca del río Mayo han amenazado sus territorios por lo menos desde hace 50 años. La presa Pilares es el último capítulo de esta historia de despojos. El gobierno de Guillermo Padrés la ha impulsado como parte del proyecto “Sonora Sí” y la presa ha contado con el apoyo del Distrito de Riego 038 y los agroindustriales de la cuenca baja del río.

El caso de los guarijíos ejemplifica cómo a los pueblos originarios primero se les desplazó de los valles fértiles hacia regiones inhóspitas o alejadas de las rutas agrícolas y comerciales. Ahora van hasta ahí para intentar despojarlos de sus recursos naturales. Las regiones del refugio que describiera magistralmente Gonzalo Aguirre Beltrán como espacios de resistencia frente a la aculturación, no lo son más. El embate de los megaproyectos de minería, de presas y parques eólicos amenazan estos reductos en todo el país.

Irregularidades y corrupción

Para la presa Pilares el gobierno de Sonora tiene adquiridos alrededor del 97 por ciento de los terrenos necesarios para su construcción. El tres por ciento que falta está en manos de las comunidades guarijías . Hay que decir que el trabajo de división del gobierno del estado en estas comunidades ha surtido efecto, algunas de las cuales han aceptado dando su firma.

En este mismo espacio hemos preguntado sobre un aspecto básico de toda megaobra, el proyecto ejecutivo. Es día que no lo conocemos.  Las preguntas obvias son: ¿Cómo una presa puede beneficiar a diferentes poblaciones si no conocemos en qué consiste? ¿Cómo diferentes políticos estatales y nacionales dicen sí a un proyecto que ni siquiera conocen en sus características principales? Insistimos una vez más, ¿alguien del gobierno de Sonora o de quienes lo apoyan pueden publicar el proyecto para su conocimiento o debate público?

En tanto se resuelven esas dudas lo que conocemos es la manifestación de impacto ambiental (MIA) presentada por el Distrito de Riego 038. Señalábamos la semana pasada los defectos del documento al colocar los sanitarios de los trabajadores de la obra en Ciudad del Carmen, Campeche. Más grave aún son los intereses alrededor del despacho “Flores y Asociados” que presenta el documento.

Arturo Soto, periodista sonorense, ha develado información valiosa. El MIA fue realizado por una consultora cuyo socio es un funcionario estatal: Jesús Antonio Cruz Varela, Director General de Infraestructura Hidroagrícola de la Comisión Estatal del Agua. Tanto él como su socio, Jesús Enrique Flores Ruiz, “se embolsaron una cuantiosa suma de dinero público, aunque el gobierno del estado tuvo que pagar una suma extra para que el estudio fuera corregido, debido a que presentaba muchas inconsistencias”. Les convino equivocarse.

Otro dato revelado por Soto es que los recursos para pagar el MIA “fueron triangulados de una manera extraña. Quizá para evitar el trámite de una licitación pública, los recursos estatales fueron otorgados al Distrito de Riego 038”. De este embrollo existe ya una queja en la Contraloría Ciudadana del Estado del que no se espera mucho dada su cercanía con el poder.

Las amenazas

Acompañando a los guarijíos que aún resisten, están los prestigiados académicos Alejandro Haro y Ramón Martínez Coria, a quienes las amenazas de muerte les han hecho salir del estado. La semana pasada, Alejandro me comentó: “Yo sigo el mandato legal que tenemos en el Colegio de Sonora, vincularnos con la sociedad y que el conocimiento sirva para la justicia social. Me duele estar en el exilio ¿Qué debe pasar para que un sonorense deje su tierra?”. Tras sus palabras, se me estrujó el corazón al tiempo que la indignación me invadía.

Ayer lunes, el transporte que llevaría a un aeropuerto de Sonora a un gobernador tradicional guarijíos en resistencia, don José Romero y a su hija, fue atacado. Las llantas pinchadas no impidieron que llegara a un evento en la Ciudad de México, aunque el mensaje queda claro. Van por sus tierras y no quieren obstáculos.

El Mecanismo Federal de Protección de Personas que Defienden Derechos Humanos y Periodistas reaccionó a tiempo y brindó seguridad a Armando y a Ramón. Desde Propuesta Cívica les acompañaremos junto a don José y a su hija. El gobierno de Sonora ha contribuido al enrarecido contexto descalificando a los guarijíos que resisten y a quienes les acompañan. Sus intereses están en juego.

La responsabilidad está en el gobierno federal para que en cumplimiento de la Ley de Protección de Defensores y Periodistas, garantice la vida y la integridad de los defensores, así como el derecho de consulta de los pueblos indígenas como bien se lo ha recordado la Suprema Corte de Justicia de la Nación a Guillermo Padrés en su resolución sobre el Acueducto Independencia y los derechos de los yaquis.

Hay responsabilidad también en nosotros, la ciudadanía y la sociedad civil de este país. Debemos lograr que en este México nadie muera por defender la tierra. Que no mueran porque los maten, que mueran de viejos o mueran si es que les toca. Que vivan sus luchas, porque sus luchas por la tierra y por el agua son vida para nosotros y vida para nuestras hijas e hijos.

Jesús Robles Maloof

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Defensor de derechos humanos, entusiasta de los efectos transformadores de las tecnologías de la información. Hace años decidí unir mi voluntad a quienes luchan contra la corrupción, la violencia y la impunidad. Desde integro 2010 el colectivo de activistas digitales Contingente Mx. Colaboré como Senior Lawyer en New Media Advocacy Project y actualmente soy responsable del área de Defensa Jurídica de la organización Enjambre Digital que defiende las libertades en internet.

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