Sin esperar a que el INE validara sus reformas, ni a que el TEPJF resolviera la impugnación de exlíderes priistas, la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI emitió la convocatoria para renovar su dirigencia con las nuevas reglas que permiten la reelección de Alejandro Moreno.
Ciudad de México, 13 de julio (SinEmbargo).– El proceso interno para renovar la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el que se perfila la reelección de Alejandro Moreno Cárdenas será el 11 de agosto, de acuerdo con la convocatoria.
Sin esperar a la validación del Instituto Nacional Electoral (INE) a sus reformas estatutarias del pasado domingo, ni a que el Tribunal Electoral tampoco se pronuncie sobre la impugnación hecha por Dulce María Sauri, Pedro Joaquín Coldwell y Enrique Ochoa, la Comisión Nacional de Procesos Internos emitió el jueves la convocatoria, pero apenas se difundió la noche del viernes.
La convocatoria permite que Alejandro Moreno, actual presidente del PRI, y Carolina Viggiano, secretaria general, puedan concursar por su reelección para el periodo 2024-2028.
El artículo 178 de los estatutos instituye que las personas titulares de la Presidencia y la Secretaría General electas para el Comité Ejecutivo Nacional durarán en su función cuatro años y podrán ser electos hasta por tres periodos consecutivos. Es decir, “Alito”, como se le conoce al líder del PRI, tendría el derecho a quedarse hasta ocho años más.
La Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI, que preside Pablo Guillermo Angulo Brice, firmó la convocatoria y se hizo pública casi a la media noche del viernes 11 de julio, a pesar de que las reformas a los estatutos del partido fueron impugnados el jueves por expresidentes priistas.
De acuerdo con la convocatoria, el registro de aspirantes a la Presidencia y Secretaría General del PRI se llevará a cabo el 22 de julio de las 10 a las 12 horas y la expedición de dictámenes del trámite será el día 23.
Las fórmulas, señala la convocatoria, deben acreditar el respaldo de al menos 20 por ciento de la estructura territorial, consistente en los 32 comités directivos estatales y apoyo de al menos uno de tres sectores, ya sea agrario, obrero o popular y de organizaciones nacionales.
El periodo de campaña se realizará del 24 de julio al 10 de agosto, mientras que el día 11 de agosto será la votación, se darán los resultados, se declarará la validez de la contienda y se entregarán las constancias de mayoría a quien resulte ganador.
REFORMAS GENERAN DESCONTENTO DE PRIISTAS
El pasado miércoles, el Consejo Político Nacional del PRI aprobó —con 474 votos a favor, cinco en contra y siete abstenciones— que en la nueva convocatoria se tomara en cuenta la reforma al artículo 178 de los Estatutos del PRI, con la que se permite que la dirigencia nacional pueda reelegirse para hasta tres periodos consecutivos de cuatro años.
La decisión inconformó a priistas que se oponen a la reelección de Alejandro Moreno, debido a que la reforma a los estatutos se realizó apenas el pasado domingo 7 de julio y el Instituto Nacional Electoral no ha declarado la validez de esa modificación.
El pasado 11 de julio,Dulce María Sauri Riancho, Enrique Ochoa Reza y Pedro Joaquín Coldwell, exdirigentes del Partido Revolucionario Institucional, impugnaron ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la XXIV Asamblea Nacional del tricolor, con la finalidad de solicitar la invalidez de su celebración y de los cambios a los estatutos que abren la posibilidad de que Alejandro Moreno Cárdenas se reelija como su líder por otros dos periodos.
“Ante las múltiples irregularidades que se presentaron en el procedimiento para la celebración de la XXIV Asamblea Nacional del PRI, expresidentes del Comité Ejecutivo Nacional promovieron un juicio de la ciudadanía ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde solicitaron la invalidez de la Asamblea y, por ende, de las reformas a los documentos básicos“, destacaron en el comunicado.
Con el respaldo de Manlio Fabio Beltrones, Senador electo del PRI, Sauri Riancho, Ochoa Reza y Coldwell consideraron que el pasado 7 de julio se llevó a cabo, “de manera ilegal y contraria a los estatutos de nuestro partido político”, la Asamblea Nacional Ordinaria del PRI, donde se aprobaron reformas importantes a los estatutos, a la declaración de principios, al programa de acción y al código de ética partidaria.
“Particularmente, destaca la modificación al artículo 178 de los estatutos para establecer que las personas titulares de la Presidencia y Secretaría General del partido podrán ser electas hasta por tres periodos consecutivos de cuatro años”, alertaron en un posicionamiento conjunto.
La y los expresidentes del PRI aseguraron que esta impugnación a la Asamblea Nacional es el primer paso que tomarán al respecto, ya que interpondrán otros recursos contra las reformas que se han hecho a los documentos básicos del partido.
En el boletín, señalaron que esta impugnación se presenta en su calidad de priistas y expresidentes del partido, pero que también lo hacen a nombre de miles de militantes que han manifestado su inconformidad por el atropello que está realizando la actual dirigencia del partido, la cual se encuentra al mando de Alejandro Moreno.
Entre el cúmulo de irregularidades procedimentales que se hicieron valer en la demanda que presentaron la y los priistas, destacan las siguientes:
a. Violación a la prohibición de realizar reformas estatutarias en proceso electoral, mismo que se encontraba en la etapa de resultados y de calificación de las elecciones federales y de las entidades federativas, lo cual impedía modificar los documentos básicos del partido político.
b. Incompetencia del CEN del PRI para emitir el reglamento de integración de la Asamblea Nacional, porque conforme al artículo 83, fracción X del estatuto, corresponde al Consejo Político Nacional, mediante la emisión de un reglamento, definir gran parte del número de integrantes a la Asamblea Nacional y la forma como se elegirán. El procedimiento “se realizó de forma totalmente indebida, al publicar la convocatoria se auto adjudicó la facultad de emitir el reglamento para la conformación de la Asamblea Nacional, lo cual constituyó una violación flagrante al procedimiento”.
c. El plazo de 30 días, entre la emisión de la convocatoria y la Asamblea Nacional fue irracional e insuficiente para desahogar todas las etapas. El procedimiento partidario se desahogó en un plazo de 30 días, comprendido del 6 de junio en que se emitió la convocatoria al 7 de julio en que se llevó a cabo la Asamblea, lo cual fue evidentemente insuficiente para desahogar las distintas etapas del proceso de reforma de la normatividad partidaria (12 etapas).
“En ese sentido, la brevedad del plazo limitó y obstaculizó la participación de la militancia en los procesos de organización, deliberación, y elección de las y los delegados que integrarían la Asamblea, e impidió el análisis y discusión reflexiva del dictamen final”, indicaron.
d. Los delegados no tuvieron un plazo razonable para deliberar las iniciativas sometidas a discusión. “Es claro que el plazo fue insuficiente, porque el dictamen relativo a las propuestas de reforma a los estatutos, programa de acción, declaración de principios y código de ética, que consta de más de 300 páginas, se publicó aproximadamente a las 19:00 horas del día 6 de junio, mientras que la Asamblea inició al día siguiente, a las 11:00 horas, por lo que el plazo que medió entre la publicación y la Asamblea fue de aproximadamente 16 horas y por la noche, lo cual es absolutamente insuficiente”, refirieron la y los priistas.
e. Invalidez de la Asamblea. Las irregularidades citadas, conforme a precedentes vinculantes tanto de la SCJN como del TEPJF, tienen un potencial invalidante de los acuerdos adoptados en la Asamblea Nacional, en atención a que se afectó de modo relevante a los principios democráticos que rigen el debate que debe guiar la decisión de aprobar modificaciones a la normativa básica del partido político, porque se impidió que todas las y los delegados a la Asamblea Nacional contaran con los elementos necesarios para adoptar una decisión informada.
Por último, la y los exdirigentes nacionales priistas advirtieron que “esta impugnación es la primera de una larga cadena que seguramente será necesario agotar, ya que, en estos momentos, es un hecho notorio que el CEN del PRI está próximo a emitir la convocatoria para la renovación de la dirigencia, sobre la base de normas que se encuentran impugnadas y que no han sido aprobadas por el INE, por lo que la batalla jurídica apenas empieza”.
