Si bien la elección de los ministros de la Suprema Corte podría promover una nueva relación entre la ciudadanía y los operadores de justicia a nivel nacional, en ciertos estados como Chihuahua, es posible que dicha elección no altere la composición ideológica y de intereses del poder judicial estatal.

En este estado, parece que las fuerzas mayoritarias en el congreso, el PRI y el PAN, junto con dos votos adicionales, estan proponiendo candidatos impresentables para ocupar cargos de magistrados, desafiando las expectativas ciudadanas y promoviendo prácticas cuestionables en la administración de justicia.

Todo apunta a que durante el próximo trienio, los panistas seguirán manteniendo mayoría calificada en “Pay per View” en el congreso y un control absoluto sobre el poder judicial, lo que los mantendrá subordinados a la voluntad de la gobernadora. En estas circunstancias, las propuestas para nuevos magistrados probablemente vendrán directamente de la gobernadora, ejerciendo una influencia significativa sobre el poder judicial y legislativo.

En un caso similar en Argentina, Javier Miley se vio obligado a reformar la ley y emitir un decreto aprobado por la mayoría calificada del congreso, consolidando en sí mismo las funciones de presidente y parlamento en decisiones cruciales para el gobierno en los años venideros.

En el caso de Chihuahua, Maru no enfrentó mucha resistencia ni tuvo que recurrir a reformas extremas en la ley o la constitución; simplemente ha logrado cooptar parte de la oposición al PRIAN y ha concentrado los tres poderes republicanos en su persona.

Teniendo en cuenta estos puntos, es importante reflexionar sobre las implicaciones de estas dinámicas sin extendernos demasiado para no saturar a los lectores.
Ya sea mediante elección o no, parece que la gobernadora continuará proponiendo y el congreso seguirá votando por perfiles jurídicos inaceptables y vergonzosos para impartir justicia.

Resulta sorprendente que, en algún momento, se haya convocado a todos los jueces y magistrados a través de la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia para alcanzar un acuerdo aclamatorio, dado que no lograron un consenso unánime para oponerse con todas sus fuerzas, tanto terrenales como divinas, a la elección de los integrantes del poder judicial.

Al parecer, están preparándose para unirse a otros estados rebeldes y a sectores del poder judicial federal que se resisten a dialogar y buscar la mejor manera de reformar el poder judicial, con el objetivo de que la justicia sea administrada con la participación ciudadana en lugar de obedecer a los intereses particulares que han influido en la impartición de justicia en México.

Sin embargo, en Chihuahua, una vez aprobada la elección como método para seleccionar a los magistrados propuestos por los poderes judicial, ejecutivo y legislativo, todo parece indicar que aunque cambie, en realidad todo seguirá igual. Es decir, en Chihuahua, los resultados de la transformación judicial serán como los del “gatopardo”: cambiar para que todo siga igual.

Gustavo De la Rosa

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Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.

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