Elena Burns plantea en este ensayo cómo para caminar hacia un buen gobierno del agua se requiere reemplazar la dependencia de nuestras ciudades en pozos ultraprofundos y agua bombeada de otras cuencas, con proyectos que tratan y regeneran aguas pluviales y residuales, en lagos, ríos y humedales en coordinación con las comunidades locales. “Con la gestión de ciclos de reuso, el agua se vuelve infinita”, plantea.
Ciudad de México, 13 de julio (SinEmbargo).– A pesar de no haber logrado la Ley General de Aguas, bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador se obtuvieron importantes avances hacia el buen gobierno del agua. Su Gobierno frenó la construcción del aeropuerto en el Lago Texcoco y se decretaron 14 mil hectáreas de la zona como Área Natural Protegida. Se rediseñó la cortina de la Presa Zapotillo para no inundar las comunidades de Temacapulín, y ahora se cuenta con un plan de restauración de la cuenca consensuado con ellos. Convocó una consulta pública sobre la cervecera Constellation Brands bajo construcción en Mexicali, y con base en los resultados, ordenó su desmantelamiento.
Esta administración paró en seco la ola de privatizaciones de sistemas municipales que han causado tantos daños en Quintana Roo, Veracruz, Puebla, Saltillo, Aguascalientes y Huixquilucan. La entonces Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum finalizó los contratos con Agua de México y las trasnacionales Veolia, Iacmex y Tecsa para la medición y cobro de las aguas de la CdMx.
Al realizar las obras hidráulicas desde el sector público, pagando al contado, se puso fin a la especulación financiera detrás de las “inversiones privadas” en este sector. Se construyó infraestructura hidráulica para el Pueblo Yaqui, y se espera que pronto cuenten con su Título de Derechos al Agua, compromiso del Plan de Justicia.
Se acordó y otorgó la primera concesión comunitaria indígena para las comunidades de Valles Centrales de Oaxaca. Se frenó la entrega de concesiones mineras, y se restringió el uso del glifosato. El proyecto de regeneración Lago Tláhuac-Xico ya cuenta con su proyecto ejecutivo y su zona de influencia ha sido designada como Área Natural Protegida.
Con pocas excepciones, estos importantes logros fueron obtenidos por fuera de y a pesar de la Conagua.
¿Ahora qué sigue? En este momento, los intereses vinculados al modelo centralizado y excluyente de antaño están batallando para mantener su control sobre la Conagua, y para que la institución pueda cuadruplicar su presupuesto para financiar una serie de grandes proyectos diseñados desde el Gabinete.
Pero hay límites a este modelo, y el voto del 2 de junio demostró contundentemente que el pueblo de México busca seguir profundizando los procesos de transformación. Más que algunas obras imponentes diseñadas sin conocimiento de causa, las comunidades y la ciudadanía quieren soluciones a los problemas que se viven en cada localidad del país, y quieren participar.
El agua es un bien común íntimamente vinculado con el territorio. Las soluciones más eficaces son las que se basan en los conocimientos y acuerdos entre los actores locales: Se previenen las inundaciones cuidando los bosques y las zonas de recarga. Se elimina la contaminación en fuente. Se puede enfrentar el sobreconcesionamiento, acaparamiento y despojo con medidas específicas a cada cuenca y acuífero. Para que el agua llegue a las colonias de la periferia, no hay que traerla de lejos sino hay que distribuirla bien y dejar de perderla en fugas.
Y el agua pesa.
Requerimos reemplazar la dependencia de nuestras ciudades en pozos ultraprofundos y agua bombeada de otras cuencas, con proyectos que tratan y regeneran aguas pluviales y residuales, en lagos, ríos y humedales en coordinación con las comunidades locales, como se está logrando ahora con el Gobierno de Delfina Gómez en el Estado de México. Con la gestión de ciclos de reuso, el agua se vuelve infinita.
Los próximos pasos hacia el buen gobierno del agua entonces tendrían que ser locales, contando con la voluntad y los recursos federales requeridos para extender el modelo de los planes de sustentabilidad y justicia hídrica por todo el país.
Ya contamos con vastas redes de comunidades, investigadores y colectivos que han generado propuestas sólidas para resolver sus crisis del agua. Se requiere ahora de facilitadores y asesores para convertir estas propuestas en planes, a ser apoyados con programas federales, fuertemente condicionados para garantizar su transparencia y efectividad.
Se requieren de programas para prevenir fugas con un diseño sólido y el monitoreo de su cumplimiento. Programas para la reingeniería de las decenas de miles de plantas de tratamiento abandonadas, para bajar sus costos de operación y vincularlos con esquemas de reuso. Programas para la tecnificación del riego que requerirán que los distritos y módulos se democraticen, que restauren los derechos al agua de los despojados y que pongan fin al mercadeo de derechos y la venta de “excedentes”.
Asesoría técnica y legal para construir reglamentos de cuencas y acuíferos que ajustarán sus patrones de concesionamiento hasta lograr la sustentabilidad y el respeto por los derechos al agua de comunidades indígenas, núcleos agrarios y sistemas comunitarios. Se requerirán de oficinas de defensoría y enlaces con las contralorías autónomas.
En este momento los intereses y sus recientes reclutas andan ondulando sus banderitas de la 4T con el proyecto de conservar y engrosar la Conagua salinista. Su propuesta de cuadruplicar los recursos disponibles para resolver las crisis del agua es acertada, solo que estos recursos tendrán que llegar a las manos de los actores locales, organizados y con planes consensuados.
