Ante el retraso de la SEP para publicar las regulaciones que prohibirían la venta de comida chatarra en las escuelas, organizaciones han exigido en que las autoridades deben cumplir sus responsabilidades antes del próximo ciclo escolar que inicia en agosto.
Ciudad de México, 13 de julio (SinEmbargo).– El plazo que la Secretaría de Educación Pública (SEP) tenía para actualizar los lineamientos de venta y distribución de alimentos y bebidas en las escuelas concluyó en junio, por ello organizaciones civiles exigen que se publiquen cuanto antes para que el próximo ciclo escolar inicie con espacios libres de la venta de comida chatarra y bebidas azucaradas.
En diciembre de 2023 el Presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un decreto que reformó la Ley General de Educación para prohibir la venta y publicidad de productos no saludables en las escuelas, una obligación que no se cumple desde hace 10 años. La SEP tenía 180 días para dar a conocer los lineamientos a seguir, es decir hasta el 17 de junio, pero no lo hizo.
Por ello, las organizaciones civiles que integran la Alianza por la Salud Alimentaria, como El Poder del Consumidor y la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), protestaron frente a la Secretaría de Educación y entregaron en junio una carta dirigida a la titular, Leticia Ramírez Amaya, para demandar que publique los lineamientos, en ella también explicaron los beneficios que tendría su aplicación.
“Un modelo realizado recientemente por el Instituto Nacional de Salud Pública [y que se divulgó en la revista PLOS Medicine] muestra que al implementar efectivamente estos lineamientos se estima una reducción de 9 puntos porcentuales en obesidad infantil, lo que nosotros hemos calculado que se traduciría en medio millón de niños y niñas con menos obesidad en sólo un año”, expuso Liliana Bahena, coordinadora de la campaña Mi Escuela Saludable en entrevista para En Defensa del Consumidor, programa del Estudio B de SinEmbargo.
En México la prevalencia de sobrepeso en niñas y niños de cinco a 11 años creció de 7 por ciento en 2006 hasta alcanzar 37.3 por ciento en 2022, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud Pública obtenidos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut).
Pese a este panorama, y aunque desde 2010 se publicaron los Lineamientos Generales para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas, obligatorios en todas las primarias y secundarias desde 2014, la intromisión de la industria de productos ultraprocesados ha permitido que hasta la fecha se sigan vendiendo a menores de edad.
Cifras de Mi Escuela Saludable del ciclo escolar 2023-2024 muestran que en 98 por ciento de 10 mil 724 planteles públicos y privados del país se venden productos ultraprocesados, conocidos como comida chatarra.
En contraste, en 73 por ciento de ellos no venden frutas y verduras, 78.5 por ciento venden refrescos y en 75.2 por ciento no hay bebederos de agua.
“Los lineamientos [de 2014] se publicaron y no tuvieron seguimiento, es decir, no hubo capacitaciones, no hubo monitoreo, guías operativas. En 2017 hicimos un estudio y preguntamos a la administración escolar y desconocían que existían estos lineamientos, desde supervisores de zona, directores o, si sabían que existían, no tenían los contenidos ni sabían cómo implementarlos; si el director, que es quien toma las decisiones, no tiene el conocimiento, accede a la venta de esos productos ultraprocesados y poco saludables”, mencionó Liliana Bahena.
Desde la Alianza por la Salud Alimentaria, así como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés), han destacado la importancia de que las infancias y adolescencias crezcan fuera de ambientes obesogénicos, como se conoce a los espacios donde la comida rápida, los alimentos ultraprocesados y las bebidas azucaradas son de fácil disponibilidad, además de la alta exposición a publicidad de estos productos para evitar el aumento en el sobrepeso y obesidad.
“No basta con dar educación nutricional si el ambiente no se modifica, porque entonces para el niño es confuso, le enseñan el plato del bien comer dentro de las aulas, pero salen en un espacio escolar, al recreo, y todo lo que le han dicho que no debería suceder, sucede en el entorno escolar”, agregó Bahena, también integrante del Poder del Consumidor.
La defensora explicó que una diferencia con la reforma reciente es que establece la responsabilidad de la SEP de crear lineamientos libres de conflicto de interés para regular los ambientes alimentarios, es decir, asegurar que en todas las escuelas públicas y privadas del país no se venda ningún tipo de producto ultraprocesado –conocidos por tener sellos de advertencia por el exceso de azúcar, grasa y sodio– dentro y fuera de las escuelas; tampoco puede haber publicidad.
Al mismo tiempo, los nuevos lineamientos buscan crear estrategias para garantizar el acceso de alimentos, saludables y sostenibles mientras se apoya a la agricultura familiar y local, a ello se suma contar con educación nutricional transversal, que incluya a docentes y familiares.
Ante el retraso de la SEP para publicar las regulaciones, Liliana Bahena insistió en que las autoridades deben cumplir sus responsabilidades antes del próximo ciclo escolar que inicia en agosto, y no esperar al cambio de administración federal de octubre, donde Mario Delgado, actual dirigente de Morena, encabezará la secretaría.
“Es responsabilidad de la titular actual, la maestra Leticia Ramírez. publicar estos lineamientos antes de que se haga la transición. La idea es que salgan para el inicio de este ciclo escolar, de otra forma se retrasaría un año más, es decir, otra generación más con este tipo de de ambientes tóxicos. En caso de que no cumplan esto tendría que pasarse a la administración próxima, pero ya está en un decreto, está en la ley, tienen que cumplir con este mandato lo antes posible, no necesitamos esperar a la próxima administración”, destacó.
Mientras no se establezcan nuevas regulaciones, se estima que sólo en un día de escuela las y los estudiantes consumen, en promedio, 550 calorías extras provenientes de productos chatarra, de acuerdo con una auditoría realizada por el Poder del Consumidor.
