Los 15 gobernadores que acaban su administración este año tienen cuentas pendientes en materia educativa. Según el último reporte de la Auditoría Superior de la Federación, en el dinero de las transferencias federales etiquetado para infraestructura en la materia se detectaron diversas anomalías.
Ciudad de México, 13 de julio (SinEmbargo).- Dinero que no se ejerció, contratos duplicados con el mismo proveedor, obra sin entregar y licitaciones directas sin justificación, son algunas de las observaciones que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo al gasto federalizado destinado a infraestructura educativa en 15 entidades que están por cambiar de Gobernador.
Los estados con las observaciones más sustanciales son Baja California, Guerrero, Nuevo León, Nayarit y Zacatecas.
En la Cuenta Pública de 2020, que fue liberada apenas la semana pasada, la ASF revisó cómo gastaron los 32 estados el dinero que la federación les entregó para la ejecución del programa Escuelas al CIEN, el cual fue creado en 2013 para atender la infraestructura del nivel básico ante el alto grado de deterioro y el estado físico de las escuelas provocado por la falta de mantenimiento, la antigüedad de los inmuebles y los desastres naturales.
Ya en un contexto de pandemia, hay servicios básicos que se pueden cubrir con esta partida, como mejorar las condiciones generales de funcionamiento, los servicios sanitarios, mobiliario y equipo, la accesibilidad, infraestructura para la conectividad y la mejora de los espacios de usos múltiples.
¿Cómo se ejerció el dinero?
En Baja California, las autoridades del Instituto de la Infraestructura Física Educativa, no entregaron todos los oficios de solicitud de pago que envió al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), ya que se identificaron diferencias entre los recursos solicitados y los entregados; tampoco demostraron contar con un registro adecuado del presupuesto y ya en los resultados, de los 616 proyectos autorizados, a diciembre de 2020, 555 se reportaron concluidos y 61 en proceso, pero todo el dinero se reportó ya como erogado.
Otra de las observaciones de la ASF es que el Gobierno del Estado de Baja California no tiene un sistema de control interno adecuado ni un manejo adecuado y transparente de los recursos, lo que provocó en parte las irregularidades detectadas.
En Guerrero, lo que se detectó fueron recursos no pagados del programa Escuelas al CIEN y rendimientos financieros generados en la cuenta que tampoco se gastaron. En uno de los contratos que se celebraron, la ASF encontró que uno que se entregó por adjudicación directa bajo el argumento de que se debía a un caso fortuito, pero ese “caso fortuito” tenía fecha de dos años antes.
También en cuanto a los contratos, la ASF revisó una muestra de 12 contratos, de los que determinó que el Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa fraccionó cinco adquisiciones similares y las asignó a un mismo proveedor; además, la suma contratada rebasó el monto máximo permitido para adjudicarse de manera directa, por lo que no se constató que fueron contratadas con base en criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
En el caso de Nayarit, hubo recursos no que no se ejercieron y además un probable daño al erario por un monto de un millón 028 mil 572 mil pesos, porque no se acreditó la amortización del anticipo de los contratos pagados con recursos del programa.
En Zacatecas, la ASF reportó que cinco contratos carecieron del acta entrega recepción, del acta de extinción de los derechos y obligaciones, del acta finiquito y de la fianza de vicios ocultos; de cuatro contratos, de los que no se contempló el dinero pagado por anticipo, se generó un probable daño al erario por 979 mil 486 pesos.
En Nuevo León, la ASF revisó en la página del Servicio de Administración Tributaria (SAT), dos facturas que se encontraron canceladas en la página del SAT, por lo se levantó una “Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal” para que se audite a una persona física.
Se verificó también que el Gobierno de Nuevo León no cumplió con las metas del programa Escuelas al CIEN, ya que, al 31 de diciembre de 2020, de los mil 179 proyectos autorizados, algunos al ICIFES y a la UANL, 192 se reportaron apenas en proceso.
LAS OTRAS OBSERVACIONES
Baja California Sur
El Instituto Sudcaliforniano de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE) reportó a la ASF que de los 495 proyectos autorizados, al 31 de diciembre de 2020, se pagaron 105, de los cuales, 72 se reportaron como concluidos y 33 estaban en proceso. De una de las obras terminadas, no se encontraron pruebas del finiquito de obra ni el acta de entrega-recepción.
Campeche
En la revisión de lo hecho por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Campeche (INIFEEC), la ASF encontró seis pagos con atrasos de 14 a 211 días naturales después de que la federación le entregara los recursos a la entidad, además se realizó un pago duplicado y uno en exceso.
Además, 14 expedientes de obras públicas carecieron del oficio de término, del acta entrega recepción, del finiquito, del acta de extensión de derechos y obligaciones, del cierre de bitácora, de la fianza de vicios ocultos y los plazos de los contratos se encontraron vencidos.
Chihuahua
En esta entidad hubo dinero que no se ejerció, tanto del que se transfirió como de los rendimientos generados en la cuenta bancaria. Se identificó una disponibilidad financiera de 684 mil 590 pesos, de los cuales 29 mil 261 pesos se destinaron al mantenimiento de proyectos con fecha de ejecución entre 2015 y 2018, por lo que se emitió la recomendación de garantizar el ejercicio de los recursos en los objetivos del programa.
Michoacán
El Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán (IIFEEM) no instrumentó mecanismos para agilizar el pago de los recursos del programa Escuelas al CIEN, ya que se identificaron 23 pagos con atrasos de 14 a 165 días naturales después de la entrega de los recursos.
Y del dinero destinado a las tareas del Programa, se utilizó una parte para pagar mantenimiento de proyectos, con fecha de ejecución entre 2015 y 2018.
Sinaloa
Con la revisión de una muestra de 10 obras públicas, contratadas mediante cinco contratos, se verificó que la entidad encargada no presentó la documentación consistente en las convocatorias, las bases, las actas de junta de aclaraciones, las actas de propuestas técnicas y económicas, los dictámenes y las actas de fallo, que acreditaran que los procesos de licitación se ajustaron a la normativa.
Sonora
De acuerdo con la ASF, en este estado se formalizaron convenios modificatorios fuera de la vigencia de los contratos respectivos. Tampoco se amortizó en su totalidad el anticipo de una de las obras, por lo que quedó pendiente un importe de 15 mil 456 pesos.
Tlaxcala
De los 562 proyectos autorizados, 443 se reportaron concluidos, 64 en proceso y 55 carecieron de contrato, por lo tanto, no se han pagado en su totalidad debido a que no se supervisó la ejecución de los proyectos.
Finalmente, respecto a Colima, Querétaro y San Luis Potosí, las observaciones son mínimas, pero hay una observación en la que coinciden las tres entidades: parte del dinero que recibieron para infraestructura educativa, se destinó a otros fines, como el mantenimiento de obra de años anteriores.
