México tiene una oportunidad histórica para generar un proceso de reconciliación nacional con el caso de Emilio Lozoya Austin, dijo el asesor antimafia Edgardo Buscaglia. Para ello, el Gobierno deberá optar por juicios multitudinarios y castigos de muerte civil, incluso en contra de expresidentes, además de limpiar al Poder Judicial, mejorar los mecanismos de auditoría a funcionarios públicos y crear una ley de reasignación social de bienes decomisados.
Ciudad de México, 13 de julio (SinEmbargo).- Las irregularidades ligadas al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin, como todos los grandes casos de corrupción en México que involucran redes criminales de funcionarios públicos y empresarios, tienen que ser perseguidas y procesadas como delitos de crimen organizado que incluyan, entre otras cosas, juicios multitudinarios (o maxi-procesos) y castigos como la muerte civil (que incluye decomisos de bienes patrimoniales), de acuerdo con Edgardo Buscaglia, asesor antimafia y académico senior de la Universidad de Columbia, en Nueva York.
“Casos como el de Lozoya dependen de la causa penal; que sea imputado por delincuencia organizada y lavado de dinero, pero no sólo por corrupción. Porque por delincuencia organizada, al Estado le permite, inmediatamente, detener e imputarle causas a toda asociación ilícita potencial entre Lozoya y cualquier político o empresario ligado a éstos actos de los cuales se le acusa. Y entre ellos debería de estar incluido, con todo el rigor de los principios de inocencia y debido proceso, el expresidente Enrique Peña Nieto”, afirmó el también presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México.
En ese sentido, Buscaglia dijo que la imputación por delincuencia organizada no sólo permite abordar un caso, sino atraer múltiples casos al mismo tiempo, para iniciar un proceso de desarticulación del crimen organizado en el Estado. Se trata de un proceso de imputación inédito que permite abordar los 12 tipos penales del Código Penal de México, entre ellos los de enriquecimiento ilícito, sobornos y conflictos de interés.
“México tiene que armar una arquitectura procesal para tener un histórico maxi-proceso, porque nunca puedes simplemente prosperar con base en acusaciones individuales por corrupción, como se hizo con la señora Elba Esther Gordillo y demás. Tiene que haber imputaciones paralelas al mismo tiempo que abarquen a la red criminal de decenas de políticos y empresarios involucrados, para que éstas personas tengan un incentivo para colaborar”, explicó Buscaglia en entrevista con SinEmbargo.
De acuerdo con el también académico senior de la Universidad de Turín en Italia, “para que una persona como Lozoya esté dispuesta a colaborar, como colaboraron los imputados, políticos y mafiosos italianos en los años ochenta con los maxi-procesos, tiene que ver que está sometido a un jaque mate por el sistema judicial y que, los demás protectores políticos que tenía, están jaqueados también”.
Con ello, Buscaglia refirió que los involucrados en los delitos relacionados con Odebrecht y Altos Hornos de México caerán “como en efecto dominó. Esa es la táctica procesal, que a través de los años que yo he venido trabajando en 119 países, ha tenido un efecto en destruir o desmantelar a las redes criminales de políticos y empresarios al más alto nivel de los estados. Así caen las redes criminales y ahí, la clase política que no está acusada y que está involucrada en otros delitos organizados se da cuenta que se terminó la barra libre”, abundó.
Hasta el momento, se sabe que Lozoya será extraditado desde España y que, como está acorralado, podría negociar con la Fiscalía General de la República para involucrar a mandos superiores –como Luis Videgaray Caso o Enrique Peña Nieto– y suavizar los procesos penales en su contra (criterio de oportunidad) por lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa.
De ese modo, el criterio de oportunidad podría ser utilizado por primera vez desde que entró en vigor el nuevo Sistema Penal Acusatorio en 2016. Esto implica que Lozoya podría poner fin al pacto de silencio entre los peñistas y de paso, poner sobre la mesa la posibilidad del primer maxi-proceso en México, lo que sería un hito en materia de impartición de justicia a nivel nacional, siendo que el problema no sólo es resolver un caso específico de delincuencia organizada, sino generar un antecedente que permita garantizar que casos como el de Lozoya no se repitan, no queden impunes y en su caso, haya procesos de resarcimiento de daños y reconciliación nacional.
Sin embargo, para que haya un juicio multitudinario que desmantele por primera vez una red criminal de políticos y empresarios en México, hace falta mejorar los controles patrimoniales, hacer una limpieza del Poder Judicial y crear una ley de reasignación social de bienes decomisados, más allá de la iniciativa para devolver al pueblo lo robado del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
MUERTE CIVIL Y AUDITORÍAS
Los casos de corrupción en los que Lozoya está implicado, como los sobornos de Odebrecht y la compra de la planta productiva de Agro Nitrogenados a la empresa Altos Hornos de México nos dicen al menos dos cosas: se trata de casos en que hay colusión entre empresas privadas, una Empresa Productiva del Estado que es Pemex, e instituciones políticas como el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Es un tema económico relacionado con actos electorales desde la Presidencia de la República.
De acuerdo con Edgardo Buscaglia, “el problema de la inversión pública en México no sólo abarca a éste Gobierno sino a los previos también, ya que lamentablemente los controles patrimoniales que se le aplican a esas inversiones públicas son muy escasos”.
El reto es enorme. Para frenar los abusos, la criminalidad desde el Estado y deselectoralizar la inversión pública nacional, México “va a necesitar a un batallón de ministerios públicos, porque la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada no se va a dar abasto para poder abarcar una mega-causa, un maxi-proceso como éste”.
En ese sentido, Buscaglia indicó que “hay que tratar de aplicar mano dura en el buen sentido de la palabra”. Se trata de ejercer procesos que lleven a los altos mandos del gobierno a juicio, así como procesos de desmantelamiento patrimonial, “en donde a todos éstos actores políticos, personas físicas y morales se les decomisen hasta los huesos. Eso es lo que más les va doler. Y después, por supuesto, las sentencias condenatorias en número de años de cárcel que indica el Código Penal. Pero no es una cuestión de inflar el número de años en la cárcel lo que va a resolver esto. Tienes que desmantelarlos”, explicó el especialista en temas de corrupción.
Además de la muerte civil, que incluye decomisos y la disolución de empresas y personas morales, hará falta cambiar al Poder Judicial y fortalecer los mecanismos de auditoría a funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno.
–Usted ha mencionado que el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, parece ser alguien confiable, alguien recto. Considerando que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador podría no estar exento de situaciones similares a la de Lozoya, ¿hay indicios para pensar que el Poder Judicial actual es diferente al Poder Judicial del peñanietismo?
–No. Es el mismo y es la gran materia pendiente del doctor Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, que lamentablemente no ha propuesto al pueblo mexicano un plan judicial antimafia que limpie sus propias filas de jueces y de personal judicial que ha sido capturado por las redes criminales.
Mientras no exista una purga antimafia en el mismo Poder Judicial, tenemos que asumir que es el mismo Poder Judicial de Felipe Calderón Hinojosa y de Enrique Peña Nieto. No hay razón para pensar diferente; y sin eso no vamos a poder esperar sentencias finales condenatorias, decomisos y demás. Ahí la punta de lanza es el Consejo de la Judicatura, claramente. Es una institución muy cara, donde cobran muy bien, pero que ha hecho muy poco y que solamente es reactiva ante denuncias.
Por ejemplo, los programas antimafia en España, en Francia, en Alemania y en Estados Unidos están basados en auditorias preventivas. Antes de que exista cualquier tipo de denuncia, antes de que exista cualquier tipo de irregularidad hay auditorías; eso forma parte del rol jurisdiccional de los consejos de la Judicatura, que no son sólo instituciones para manejar presupuesto, administrar al sistema judicial, o para disciplinar. También tienen una función jurisdiccional de auditar sentencias, de auditar preventivamente. Esa es una materia pendiente sin la cual no podemos esperar que exista un maxi-proceso que se traduzca en decomisos.
–También están las acciones de la Auditoría Superior de la Federación que acusan actos de corrupción y que pasan de noche, o el mecanismo de evolución patrimonial en la Secretaría de la Función Pública, que sólo es activado previa denuncia o indicio de algún tipo de ilícito.
–La razón por la que yo he criticado a la doctora Irma Eréndira Sandoval Ballesteros no es un problema personal; todo lo contrario. Me encantaría elogiarla como elogio al doctor Santiago Nieto Castillo, o como elogio a la doctora María de la Luz Mijangos Borja que está a cargo de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República.
Irma Eréndira Sandoval es una peor práctica. Es una persona con características de lealtad incondicional política al Presidente, donde confunde la lealtad a la Constitución con la lealtad hacia el Presidente de la República, cosa que a mí me parece algo subsahariano.
Ella tiene un sistema de declaraciones patrimoniales. Yo le preguntaría a las mexicanas y mexicanos que leen éste artículo si piensan que hay algún mecanismo de auditoría que corrobora lo establecido en esas declaraciones patrimoniales. La doctora Sandoval tiene que incluir mecanismos de auditoría social, de auditoría externa y de auditoría interna. Tres canales de auditoría para ir, como en una lotería, tomando declaraciones patrimoniales al azar, y auditarlas preventivamente sin que exista denuncia, sin que periodistas como ustedes estén destapando cloacas.
En eso consiste una auditoría económica y no sólo contable. Claro, las reglas que se le aplican a un director y hacia arriba, son diferentes a las reglas que se le aplica a un funcionario de menor nivel jerárquico. Son diferentes riesgos. En el caso del personal de más alto riesgo se le aplican auditorías en tres niveles y se determina el origen de los patrimonios, y para los empleados públicos de menor nivel jerárquico, serán reglas de auditoria un poquito más estándar. Pero el punto es que eso se tiene que empezar a hacer inmediatamente, porque la penetración de la delincuencia organizada en el Estado se da con tanta facilidad gracias a éstos vacíos institucionales.
JUSTICIA Y DEMOCRACIA
“México es un país ahogado en sangre, ahogado en corrupción debido justamente a éste pacto político de impunidad mafioso que lleva décadas y décadas. México es una sociedad, un pueblo sediento de justicia. Necesitan ver que los más poderosos que han estado causando los ríos de sangre en las últimas décadas, sufran las consecuencias de sus actos. Eso generaría una enorme estabilidad social, una enorme sostenibilidad democrática y evitaríamos que éste Gobierno fracase, porque si éste Gobierno fracasa, lo que se viene adelante es mucho peor, en cuanto a candidaturas improvisadas que van a estar representadas por demagogos autoritarios”, explicó el doctor Buscaglia a SinEmbargo.
Para el académico de la Universidad de Columbia, en Nueva York, “si el caso contra Lozoya termina en un tacho de basura como sucedió en el caso contra Elba Esther Gordillo y otros más, eso va a generar otra desilusión social; eso va a conducir claramente a un resultado electoral adverso para el Presidente, porque la situación de seguridad va a seguir empeorando, van a seguir explotando casos de corrupción donde inclusive personajes del partido Morena pueden estar involucrados, y eso llevaría a que la gente comience a percibir a Morena como otra versión del Partido de la Revolución Democrática [PRD]”.
De acuerdo con Buscaglia, el problema es que “cuando la ciudadanía está sujeta a una gran desilusión con el sistema de partidos y no encuentra un partido que sea diferente al otro, los ven como todos corruptos y allí es donde entran los Bolsonaros; allí es donde votan por los Trumps. Eso es lo que queremos evitar con éste Gobierno. Queremos que éste Gobierno triunfe para que México no caiga en una demagogia autoritaria. Queremos que el Gobierno triunfe para poder ver en la cárcel a los corruptos y con los decomisos, ver a millones de víctimas con sus daños reparados a mediano plazo, y que eso contribuya a la estabilidad democrática de México hacia futuro”.
Más allá de estar en juego una democracia más estable, justa y con Estado de Derecho, Buscaglia mencionó que está en juego la capacidad del Estado para resarcir daños a víctimas y familiares de víctimas del crimen organizado, lo que se traduce en un proceso de reconciliación nacional.
El mega-proceso en contra del exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya Austin,”podría ser la oportunidad o el catalizador para empezar a ver lo que hemos visto en otros países: un proceso más allá del judicial; un proceso social antimafia con que la gente comience a ver que los cientos de casas blancas, los cientos de campos y de tierras y de fábricas que ésta gente maneja en su patrimonio, son decomisados y son puestos al servicio de redes de sociedad civil para brindar servicios a víctimas. Eso se está haciendo en Italia, en Alemania, en Estados Unidos y en Canadá”.
Para Buscaglia, lo que a México le hace falta es una ley para resignar recursos a través del Poder Judicial.
“No hay que confundirnos. Yo tengo entendido que en México hay un programa para devolver al pueblo lo robado. Esa es una muy buena institución que refleja la buena voluntad del Presidente López Obrador y de su gente, y obviamente lo considero como un gesto, pero para que una democracia en un Estado de Derecho aplique reparación de daño a los millones de víctimas mexicanas que han sufrido diferentes tipos de delitos organizados, desde desaparición forzada hasta violación y compraventa de seres humanos, etcétera, para que ese proceso se materialice en un Estado de Derecho democrático, se tiene que hacer a través de una resignación social de bienes decomisados a través del sistema judicial, para que sea sostenible y basado en la justicia”.
El asesor antimafia recalcó que “la gente tiene que ver que en México se hace justicia y que al mismo tiempo, se utilizan esos decomisos para hacer justicia para repara daños directos a víctimas que deberían estar registradas a través de comisiones de la verdad. Necesitamos proponer inmediatamente en México una ley de reasignación social de bienes decomisados. Esto forma parte, no solamente de la reparación del daño en México, sino de la reconciliación nacional en México en la cual está tan interesado el Presidente López Obrador”.
“Hay que empezar ya a redactar esa iniciativa de ley y avanzar en el caso Lozoya como lo he propuesto con base en la tipificación penal por delincuencia organizada y todos los delitos precedentes involucrados en ese caso. Y así vamos a caer en un maxi-proceso en donde muy bien podríamos llegar a tener entre 200 y 300 imputados, como en Italia. Esto nunca se ha desarrollado en México, pero la buena noticia es que legislativamente hablando, México ya cuenta con los instrumentos jurídicos para implementarlo de inmediato. No hay que comenzar de cero”, concluyó Buscaglia.
