En la Ciudad de México se ejecutan en promedio 3 mil desalojos al año con elementos de la fuerza pública, de acuerdo con una solicitud de información a la Secretaría de Seguridad Pública local realizada por la Coalición Internacional por el Hábitat en América Latina, y la Plataforma Vecinal y Observatorio del Centro Histórico, la cual también detectó 300 quejas ante la Comisión de Derechos Humanos capitalina por los robos de pertenencias, golpes contra personas de la tercera edad y abuso sexual contra las personas desalojadas.
Ciudad de México, 13 de julio (SinEmbargo).– Ricardo Dorantes, de 77 años, despertó minutos antes de las seis de la mañana del lunes 8 de julio y se asomó desde la azotea del edificio en Chilpancingo 79, colonia Hipódromo en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Vio a unas 100 personas aproximarse por la avenida Baja California. El desalojo “ya iba en serio”, pensó. Despertó a su esposa y empezó a oír cómo subían por las escaleras rompiendo puertas.
“Eran un hormiguero”, dijo cuando se le entrevistó sentado en una silla rodeado de sillones, mesas, colchones, clósets y refrigeradores arrojados a la calle. Vigilaba que no se robaran más las pertenencias de sus vecinos. “Abrieron los roperos, saquearon documentos; todo. Buscaban dinero y alhajas. Eso se llama rapiña”.
Beatriz Torres, quien nació en el edificio y llevaba viviendo ahí 35 años, se bloqueó después de que tumbaron su puerta. “Mi hija de seis años empezó a llorar horrible. Me empecé a poner muy nerviosa, no sabía qué hacer”. Le robaron un celular, la parrilla, la licuadora y los trastes.
Las 15 personas que vivían en los seis departamentos se quedaron sin hogar. También perdieron su fuente de trabajo los empleados de los tres locales comerciales, una papelería, una taquería, y un restaurante.
La escena de desalojo forzado y violento se ha repetido en diversos edificios de la Ciudad de México, un fenómeno agudizado durante la gestión del ahora Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, de acuerdo con lo observado por la Coalición Internacional por el Hábitat en América Latina (HIC-AL) y las plataformas de vecinos afectados del Centro Histórico y la colonia Juárez, zonas donde despertó la especulación inmobiliaria, mezclada en ocasiones con irregularidades en la posesión jurídica de los inquilinos aprovechada por terceros.
En la capital del país se ejecutan en promedio 3 mil desalojos al año con elementos de la fuerza pública (sin contar golpeadores privados), de acuerdo con una solicitud de información a la Secretaría de Seguridad Pública local realizada por la HIC-AL, y la Plataforma Vecinal y Observatorio del Centro Histórico, la cual también detectó 300 quejas ante la Comisión de Derechos Humanos capitalina por los robos de pertenencias, golpes contra personas de la tercera edad y abuso sexual contra las personas desalojadas.
“El desalojo sobre todo en el sexenio previo ha sido llevado a cabo con uso de la fuerza pública (granaderos) o cargadores privados que sacan a las personas de mala forma”, dijo María Silvia Emanuelli, coordinadora de la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat.
“Estamos ante juicios simulados y corrupción que puede empezar desde los notarios que se prestan a falsificar documentos para ‘comprobar’ la propiedad a los inquilinos que quieren desalojar, seguir a veces por los jueces y los actuarios que no notifican, y además en el Registro Público de la Propiedad”, expuso sobre los modus operandi observados.
Dentro de la fórmula, la Procuraduría General de Justicia capitalina ha detectado a notarios públicos apócrifos, funcionarios del Registro Público de la Propiedad coludidos, además de representantes de inmobiliarias y golpeadores.
“En la época de Mancera existía una oficina gubernamental que avisaba cuáles eran los espacios vacíos o con problemas de propietario en la Ciudad para que se apropiaran estos grupos”, comentó Silvia Emanuelli de HIC-AL.
La Procuradora local Ernestina Godoy Ramos informó en su primera conferencia de prensa, el 6 de diciembre, que aseguraron el edificio en la calle Manuel Márquez Sterling 15, en el Centro, rentado irregularmente por la ex Secretaría de Gobierno de la Ciudad donde laboraba personal contratado por la PGJ, y la hipótesis es que operaba como un centro de espionaje.
Además de teléfonos y computadoras desarmadas, las autoridades de la PGJ hallaron un plotter y blue prints (planos) que indican la localización de “bienes montrescos”, es decir, inmuebles abandonados, con problemas de propiedad o cuyos habitantes son personas de la tercera edad.
“Desde el Gobierno de la Ciudad de México, con recursos públicos, se utilizó la estructura del Gobierno para despojar a personas de su legítimo derecho sin debido proceso”, recriminó Sergio González, de la Plataforma Vecinal y Observatorio de la colonia Juárez, donde han detectado desde 2014 que el Grupo inmobiliario Reurbano de Rodrigo Rivero Borrel y el Grupo Kaluz de la familia Del Valle Ruiz (Bx+ y Mexichem) han sido parte de los desalojos en la colonia Juárez y aledañas.
El edificio de Chilpancingo 79 en Hipódromo estaba intestado desde que se murió el dueño en la década de los 80, quien no dejó clara la propiedad. Además del centenar de personas, llegaron el actuario, el apoderado y un supuesto dueño, miembro de la Fundación Gabriel Pastor en Puebla, una casa de descanso para adultos mayores. Ricardo dijo que se identificaron y ya llevaban notificando desde septiembre de 2017, pero otro vecino afectado, Horacio, aseguró que el actuario no le mostró ningún documento.
Los habitantes de Chilpancingo 79 sospechan que el grupo los desalojó a las 6 de la mañana para adelantarse al amparo que prolongaría la orden de desalojo, pero que se concedería hasta las 9 de la mañana dentro del Juzgado de Distrito en materia civil del Distrito Federal.
A unas calles del edificio, sobre la misma Avenida Baja California, María Cristina Vázquez Chavarría, integrante del Comité Vecinal de la colonia Hipódromo, fue asesinada dentro de su casa, en Cholula, 140. Las autoridades encontraron el 1 de julio su cuerpo con signos de tortura. Había recibido amenazas previas.
Primero se opuso a la Torre Baja 370, proyecto de Ghetto Arquitectos, que se construía a lado de su edificio habitacional, con irregularidades por agregar ocho pisos más de los permitidos.
Los vecinos lograron que la obra fuera cancelada y se iniciara la demolición de los excedentes. Después señalaron la presencia de delincuentes dentro de la obra negra, quienes se saltaban a la azotea de su edificio y se robaban ropa del cuarto de servicio.
Solo esta semana, además de Chilpancingo 79, el Observatorio de vecinos del Centro Histórico detectó otros dos desalojos en Filipinas, colonia Portales (Alcaldía Benito Juárez); en General Pedro Anaya, en la colonia San Pedro Churubusco (Alcaldía Coyoacán), y amenaza de desalojo en el Edificio Trevi, en la Alcaldía Cuauhtémoc porque la empresa Público Trabajo busca instalar oficinas.
LA DEUDA DEL CONGRESO
Diputados del Congreso de la Ciudad de México aprobaron en febrero el artículo 60 de la Ley Constitucional de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, que contó con la participación de colectivos de vecinos con la intención de evitar desalojos con violencia sin el debido proceso o a través de los juicios simulados. No obstante, después de una ola de críticas, al término de mayo modificaron el artículo.
Entre opinólogos y legisladores se dijo que presuntamente privilegiaba el derecho a la vivienda sobre el derecho a la propiedad privada y otorgaba garantías a inquilinos morosos para no ser desalojados.
Sergio González, de la Plataforma Vecinal y Observatorio de la colonia Juárez, dijo que interpusieron amparos para que el artículo regrese a su origen.
El primer texto decía que para evitar que los desalojos forzosos violen el derecho a una vivienda adecuada, podrán llevarse a cabo solo en casos excepcionales.
De ser el caso, los desalojados tienen el derecho a no ser discriminados, evitar o minimizar la necesidad de recurrir a la fuerza, recibir la indemnización en caso de ser privados de bienes o sufrir pérdidas inmateriales y contar con las debidas garantías procesales.
Además las autoridades debían garantizar el adecuado realojamiento de las personas sin recursos desalojadas, en un radio no mayor a 15 kilómetros tomando como centro el lugar de origen.
“Los desalojos están plagados de irregularidades”, afirmó. “Es muy grave que los diputados de la CDMX no estén defendiendo los derechos humanos”.
Desde la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat, afirmó María Silvia Emanuelli, “no estamos viendo que el Gobierno de la Ciudad de México vea el desalojo como un tema prioritario”.
