¿Se vale cometer un delito y que quede sin castigar? En México, esto sin duda es la regla. ¿Pero qué pasa cuando el delito lo cometen funcionarios públicos que perjudican a los ciudadanos y aprovechan su poder para salir impunes? Por eso surgen los derechos humanos.

Esto pasó, por ejemplo en Argentina durante la dictadura militar, donde los propios funcionarios públicos y militares cometieron delitos espantosos: desapariciones forzadas, torturas, arrestos arbitrarios y homicidios. Pero es fácil borrar los pecados de quienes detentan el poder. Siempre lo ha sido, y en esta dictadura lo fue. Tan sencillo como que un Congreso argentino, elegido democráticamente, promulgara las Leyes de Amnistía: dos legislaciones que con pretextos técnicos como la prescripción y la obediencia debida, perdonaban todos los delitos cometidos durante el “Proceso de Reorganización Nacional”. El resultado fue la impunidad generalizada.

Algo parecido acaba de suceder en México, pero en menor escala y con un tema que tenemos metido hasta los huesos: la corrupción. Mientras los argentinos fueron más afortunados, pues su Corte Suprema declaró inconstitucionales dichas leyes en 2005, nosotros no corrimos con la misma suerte: la Suprema Corte mexicana se decidió el miércoles pasado por proteger la impunidad al desechar el amparo #YoContribuyente por voto mayoritario de la Primera Sala.

Vayamos a los hechos del caso.

Imagina que eres un trabajador burócrata en un estado o municipio del país. Mes con mes te descuentan equis cantidad de tu nómina (hasta el 35%) para que pagues el ISR. Ese “descuento” es retenido por tus jefes en el gobierno, y en teoría no pueden quedárselo sino que deben dárselo a la federación. Ahora imagina que ese dinero retenido por concepto de impuestos, simplemente desaparece. Nadie sabe que pasó. El dinero que debían los gobiernos estatales y municipales, simplemente no fue pagado. La deuda se quedó en el aire.

¿Qué delito o conducta irresponsable puede imputarse? ¿Corrupción? ¿Opacidad? ¿Despilfarro? ¿Robo? Fuentes extraoficiales confirmar que se trataba de una cantidad cercana a los 600 mil millones de pesos. ¿Cómo se desaparece tanto dinero? ¿En qué se gastó y por qué nadie hizo nada?

Para solucionar el tema, a nuestro Congreso (elegido democráticamente como en Argentina) se le ocurre perdonar esa deuda en la Ley de Ingresos del año pasado. ¡Pum! Así de la nada, el Poder Legislativo avala la desaparición corrupta de esa cantidad de dinero. Aunque no hablamos de homicidios, esta condonación tiene el mismo efecto práctico que las Leyes de Amnistía en Argentina: perdonar los posibles delitos de los funcionarios que estuvieron involucrados.

Las finanzas públicas quedaron desbalanceadas, y qué mejor idea que subirle los impuestos a los ciudadanos en 2014 para cubrir el despilfarro gubernamental. ¡Claro! Así de fácil, el resto de los mexicanos pagamos los platos rotos de una corrupción que quedó impune.

En este contexto un grupo de ciudadanos presentaron el amparo #YoContribuyente. En el juicio se preguntaban una cosa: ¿tenemos derecho los contribuyentes para fiscalizar cómo se gasta el gobierno nuestros impuestos?

La lógica dice que sí, pero para la Suprema Corte el amparo era demasiado novedoso por haber sido presentado bajo la nueva figura de “interés legítimo”. Y digo nueva, porque el amparo es un instrumento decimonónico que no había sido reformado sino hasta 2011. Antes existía el “interés jurídico”, un daño concretísimo que a veces es imposible de probar sobre todo frente a derechos humanos de últimas generaciones. Hoy la Constitución permite un interés legítimo: amplio y que puede hacerse válido por ciudadanos que tengan una especial situación frente a las leyes.

¿No hablamos precisamente de eso cuando preguntamos en qué se gastan los impuestos que pagamos? ¿Ante opacidad y despilfarros respaldados por un Congreso legislativo? ¿No es eso algún tipo de “interés” para promover un amparo?

El proyecto del ministro José Ramón Cossío respondía en afirmativo estas preguntas. Pero la mayoría de la Primera Sala no pensó igual. Por lo tanto, nos dejaron sin garantía alguna para proteger nuestros derechos al cerrar la puerta del juicio de amparo bajo criterios rígidos y obsoletos del siglo pasado.

Cínico es aquel que encubre y engaña con descaro y sin justificación:

Cínicos los funcionarios estatales y municipales que se robaron los impuestos de sus trabajadores.

Cínicos los diputados y senadores del Congreso que votaron a favor de condonar el robo en una Ley de Ingresos. Cínicos, por aumentar nuestros impuestos para tapar el hoyo en las finanzas.

Cínicos los que en Secretaría de Hacienda clasificaron los datos sobre quién y cuánto dinero fue robado bajo el abusiva arma del “secreto de estado”, impenetrable para los ciudadanos.

Cínicos los poderosos que pudiendo proteger derechos, deciden respaldar la impunidad.

La mayoría de la Primera Sala de la SCJN no dio ninguna explicación. Con la opaca tradición arraigada hasta en la toga, votan a favor de desechar un amparo que cuestionaba la corrupción sin dar ningún tipo de razonamiento público.

¿Cómo criticar su criterio jurídico si no dieron ninguno? ¿No es esto una especie de impunidad que escapa todo reproche ciudadano?

¿Cómo ejercer nuestros derechos si se ponen pretextos “técnicos” para no admitir juicios de amparo novedosos?

Vivimos en la cultura política de la opacidad, la corrupción y la impunidad. La negativa del #YoContribuyente es tan sólo un ejemplo más, en todos los niveles de gobierno.

Los ciudadanos amolados, y los poderosos impunes.

Todos cínicos… y los cambios imposibles.

Gisela Pérez de Acha

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