El resultado de las elecciones del dos de junio marca, sin duda, el final de un ciclo histórico. Aunque la incertidumbre sobre el nuevo rumbo es aún muy grande, no cabe duda de que con el triunfo avasallador de Claudia Sheinbaum y de su coalición, que dominará el Congreso de la Unión de una manera que no se veía en México desde 1985, el régimen surgido de la transición a la democracia de finales del siglo pasado ha concluido con un estrepitoso fracaso.

Un proceso que comenzó desde la reforma política de 1977, una liberalización exitosa que abrió los cauces para que la disidencia política se manifestara a través de los partidos políticos con representación parlamentaria y que condujo de manera gradual y accidentada a un nuevo pacto político en 1996, el cual supuso el final del régimen de partido hegemónico y prometió la construcción de un nuevo arreglo político, basado en un orden jurídico efectivo, con una presidencia acotada por la pluralidad en el Congreso y por un Poder Judicial con capacidad de interpretación de la constitucionalidad de las leyes y de las acciones del gobierno, acaba de sucumbir, destruido por sus insuficiencias y por la pesada carga de la trayectoria histórica grabada en el modelo mental compartido por buena parte de la sociedad mexicana.

¿Qué hizo fracasar al proyecto de construir en México una democracia constitucional que permitiera transitar de un orden social de acceso limitado, donde la protección del Estado se dispensa de manera arbitraria a ciertos grupos con poder económico o con capacidad de presión política, a un orden social de acceso abierto, donde el Estado es garante de derechos universales establecidos en la Constitución? Creo que es necesario un análisis sosegado de lo que impidió la consolidación de un régimen democrático, pero a bote pronto voy a plantear lo que he reflexionado sobre la derrota política de mi generación y de la anterior, la que pactó las condiciones del nuevo arreglo electoral, pero no tuvo el talento para sacar adelante reformas indispensables para hacerlo sustentable en el largo plazo.

En primer lugar, la agenda de la transición democrática quedó circunscrita a la reforma electoral y a una reforma limitada, aunque no menor, al papel del Poder Judicial Federal. Cuando en las discusiones de lo que se tenía que reformar Porfirio Muñoz Ledo hablaba de una reforma mayor al Estado mexicano la mayoría de los interlocutores planteaban que no había que ser tan ambicioso, que las reformas se irían abriendo paso.

El resultado de aquellas negociaciones de 1995 y 1996 fue una colosal reforma electoral, que primero acabó con la mayoría del PRI para reformar las leyes –la mayoría calificada para que el Presidente en turno pudiera modificar la Constitución a su arbitrio se había terminado con el resultado electoral de 1988– y, después, en 2000, llevó a la primera derrota de un candidato presidencial del PRI.

Sin embargo, el Estado que Vicente Fox (2000–2006) llegó a gobernar era el mismo que se había forjado durante la época clásica del régimen del PRI, con un orden jurídico endeble, siempre sujeto a la negociación de la desobediencia de las leyes, donde la protección del Estado se tenía que comprar, con ministerios públicos venales y politizados, policías incapaces, derechos laborales solo para las corporaciones con privilegios monopólicos garantizados por una legislación proteccionista, una sanidad pública fragmentada e ineficiente y una educación en situación calamitosa y el primer presidente de la transición no fue capaz de encabezar un nuevo pacto para desmontar esas taras. No fue hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto, con el Pacto por México, cuando se impulsaron de manera tardía algunas de las reformas necesarias.

El Estado de la época del PRI era un sistema de botín, en el cual los puestos públicos se repartían entre los allegados, socios y cómplices de quienes ocupaban los cargos ejecutivos, desde la Presidencia de la República, hasta el presidente municipal del pueblo más recóndito del país. Solo en el servicio exterior, en los institutos de salud y en las fuerzas armadas existían carreras funcionariales basadas en el mérito y el desempeño profesional. En la Secretaría de Hacienda y en el Banco de México también existían cuerpos profesionales, pero basados en prácticas no regidas por estatutos legales. El gobierno de Fox fracasó en su tibio intento de crear un servicio profesional de carrera de la Administración Pública Federal, porque a pesar de haber impulsado una ley razonable, en ella se estableció la excepción por la cual se coló la manera tradicional de hacer las cosas y los puestos siguieron distribuyéndose entre las clientelas políticas, pero con menos continuidad que antes, pues la competencia electoral se convirtió en una contienda por la distribución del empleo público.

La transición fracasó también porque la promesa de crear un auténtico Estado de derecho quedó trunca. El ministerio público no obtuvo su autonomía hasta muy tardíamente y solo en el papel. El sistema de justicia penal oral acusatorio se enfrentó a la inepcia de jueces, fiscales y abogados y a la trayectoria institucional de los juicios escritos del antiguo régimen, que acabó imperando apenas maquillada. Paradójicamente, la judicatura federal, ahora bajo asedio, fue la que más se profesionalizo y se hizo transparente, mientras los sistemas judiciales locales no cambiaron en absoluto.

El tema del papel de las fuerzas armadas es uno de los más delicados. En el pacto de 1996 se dio por hecho la lealtad de los militares al orden constitucional y no se planteó ninguna reforma al ejército o la marina. Sin embargo, ha quedado claro que su lealtad era con el régimen del PRI y que han aprovechado la incapacidad de las fuerzas de seguridad civiles para renegociar su papel político, al grado de volver a ser un actor clave en la gobernabilidad, además de haber recuperado un poder económico que no tenían desde el pacto de 1946, del que surgió el PRI.

Se puede decir mucho más sobre lo que faltó reformar, pero el gran fallo de la transición es que no fue capaz de construir un Estado social de derecho que legitimara la democracia entre la mayoría de la población. La supervivencia de un pacto anti fiscal, persistente a lo largo de toda la historia de México, ha servido para proteger privilegios y ha impedido que el Estado brinde con eficacia derechos sociales. Sin salud universal, sin educación de calidad para todos y sin pensiones dignas, la democracia nunca tuvo el apoyo social necesario para subsistir. Si a eso se le suma el empecinamiento de los gobiernos del PAN y del PRI en mantener los bajos salarios como ventaja competitiva de México en su inserción en la economía norteamericana, se entiende mejor el vuelco electoral a favor del retorno a la autocracia electiva.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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