Daniel Wilkinson, director ejecutivo adjunto en la región de Human Rights Watch (HRW), recordó que los sucesivos gobiernos de México han justificado el uso de las fuerzas armadas para operativos de seguridad pública con el argumento de que son necesarias para enfrentar a cárteles de narcotráfico que están fuertemente armados y son extremadamente violentos.
Mientras, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mostró su preocupación por el hecho de que el Gobierno mexicano haga patente la política migratoria de seguridad, al enviar a la frontera sur a seis mil elementos de la Guardia Nacional como contención a los flujos migratorios en colaboración con el Instituto Nacional de Migración (INM).
Ciudad de México, 13 de junio (SinEmbargo).– La organización Human Rights Watch (HRW) aseguró hoy que el despliegue de seis mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera sur de México para regular el flujo migratorio podría resultar en un desastre, debido a la “extensa y espantosa” historia de abusos vinculados con la militarización de la seguridad pública en el país.
“Si el Gobierno de López Obrador lleva a cabo este plan, implicará el despliegue de una fuerza esencialmente militar, no contra organizaciones delictivas violentas, sino contra familias y niños pobres, muchos de las cuales están huyendo de la persecución de grupos violentos”, dijo Daniel Wilkinson, director ejecutivo adjunto en la región.
El despliegue de la Guardia Nacional contra migrantes es una fórmula para el abuso.
Si el gobierno de López Obrador lleva a cabo este plan, desplegara una fuerza esencialmente militar contra familias pobres que huyen de grupos violentos.
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— Human Rights Watch (@hrw_espanol) June 13, 2019
En un comunicado, recordó que los sucesivos gobiernos de México han justificado el uso de las fuerzas armadas para operativos de seguridad pública con el argumento de que son necesarias para enfrentar a cárteles de narcotráfico que están fuertemente armados y son extremadamente violentos.
Sin embargo, destacó que esta militarización de la fuerza pública sólo ha contribuido a aumentar la violencia y ha provocado violaciones generalizadas de derechos humanos.
“La Guardia Nacional, creada por el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para reemplazar a la Policía Federal, representa una extensión de esta militarización de la seguridad pública. La Guardia, que está previsto oficialmente que empiece a operar el 30 de junio, estará conformada en gran parte por soldados y comandada por un general del Ejército que está actualmente en servicio”, señaló HRW.
Por último, consideró que México tiene derecho a reforzar sus fronteras, pero que es difícil pensar en una prueba menos apropiada para su nueva Guardia Nacional.
“Dados los deplorables antecedentes de derechos humanos de las fuerzas de seguridad mexicanas en los últimos años —y especialmente del Ejército— es predecible que el despliegue termine resultando en graves abusos”, finalizó.
Pronunciamiento del Consejo Consultivo de la CNDH sobre la política migratoria derivada de acuerdos entre México y los Estados Unidos de América. 👉 https://t.co/84Gl69mx1q pic.twitter.com/fKrC6rFjJ0
— CNDH en México (@CNDH) June 13, 2019
PREOCUPA A CNDH
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos mostró su preocupación por el hecho de que el Gobierno mexicano haga patente la política migratoria de seguridad, al enviar a la frontera sur a seis mil elementos de la Guardia Nacional como contención a los flujos migratorios en colaboración con el Instituto Nacional de Migración (INM), a partir del reforzamiento de los puntos de internamiento y controles de verificación migratoria en diversas localidades de los estados del sureste mexicano, sin que haya claridad en sus objetivos, límites a su intervención y protocolos de actuación.
En su pronunciamiento, reconoció que desde finales del año pasado y lo que ha transcurrido en este año, se han incrementado en México de manera importante los flujos migratorios de diferentes nacionalidades, llegando a cifras que han rebasado las capacidades de las autoridades migratorias, lo que ha dificultado transitar a una migración segura, ordenada y regular, como lo establece el Pacto Mundial suscrito por los países miembros, incluido México, en Marruecos el 10 de diciembre de 2018 y adoptado posteriormente por la Asamblea General de la ONU. La migración es patrimonio cultural de la humanidad.
“Ante la decisión del Gobierno mexicano de recibir mayor número de personas centroamericanas solicitantes de asilo en los Estados Unidos de América, en tanto son recibidos por un juez de ese país, se hace necesario crear una política integral que no riña con el respeto a los derechos humanos y asistencia humanitaria, dando respuesta no solamente a dichas personas extranjeras, sino también a cientos de connacionales que son repatriados a nuestro país y que requieren de asistencia para reintegrarse a la sociedad, así como reconocer y apoyar la labor de organizaciones de la sociedad civil, albergues y casas del migrante que en las ciudades fronterizas del norte del país reciben y atienden a las personas retornadas”, indicó el organismo.
Además, coincidió en que se hace necesario crear mecanismos de desarrollo que den respuesta a la problemática migratoria en sus orígenes y de manera regional, con acciones en las diversas naciones centroamericanas y en el sur de nuestro país tendientes a evitar la migración forzada, teniendo como eje principal en las mismas la dignidad de la persona y el respeto a sus derechos humanos.
Y realizó un llamado al Gobierno mexicano para que la política migratoria sea guiada por los principios de igualdad y no discriminación. “El respeto a los derechos humanos que solicitamos del país del norte hacia nuestros connacionales debe corresponder con el que se otorgue a los miles de extranjeros que ingresan y transitan por nuestro país. La dignidad de la persona y la solidaridad internacional son principios fundamentales que se deben incluir en la conformación de la nueva política pública migratoria que tienda a cumplir con los objetivos de lograr una migración ordenada, segura y regular en un marco de respeto irrestricto a los derechos humanos”, culminó la CNDH.
