La crisis de la política en los países democráticos en las postrimerías de la segunda década de este siglo tiene una causa principal: la migración. Tanto en Europa, como en Estados Unidos la política se ha trastocado por las reacciones sociales a la llegada de personas provenientes de regiones en conflicto o en extrema pobreza que deciden moverse de sus lugares de origen en búsqueda de mejores condiciones de vida o simplemente para lograr sobrevivir a situaciones de violencia extrema. Mientras la globalización económica ha producido flujos migratorios relativamente ordenados de trabajadores calificados, la enorme desigualdad que marca al planeta ha provocado grandes movimientos de personas desesperadas en busca de refugio y supervivencia.

La reacción primaria de buena parte de todas las sociedades es de rechazo a la llegada de cantidades notables de personas que no solo son distintas en costumbres, lengua, religión y color de piel, sino que además son pobres. Incluso cuando se trata de gente muy parecida a la propia, como ocurre con los centroamericanos en México, la pobreza hace que se le rechace y se le tema, se le identifique con el crimen y la inseguridad y se le quiera lejos, fuera de la vista. Es posible que no sea la mayoría la que se muestra insolidaria y xenófoba, pero los grupos que padecen esas pulsiones de rechazo suelen tener capacidad de hacerse oír y han influido seriamente en los políticos, al grado de que incluso los partidos y gobiernos de izquierda, supuestamente solidarios y humanitarios, acaban aplicando políticas que rechazan y criminalizan a los migrantes, que los expulsan a zonas donde su vida corre peligro o los hacinan en campamentos de miseria.

La crisis de la migración hace tiempo que llegó a México, pero hasta ahora la estrategia dominante había sido de intervención marginal del Estado. Desde hace décadas sabemos que los migrantes centroamericanos que van rumbo a Estados Unidos son víctimas de abusos y delitos nefandos en este país: robos, secuestros, leva del crimen organizado, asesinatos, desapariciones, violaciones y trata de personas. La perspectiva en México para las mujeres, niños y hombres que cruzan rumbo al norte es más bien terrorífica, muy lejana a la de "tercer país seguro" en el cual podrían recibir un asilo que les permitiera vivir en paz.

La mayoría de los análisis de lo ocurrido durante la crisis de la semana pasada se han centrado en si el Gobierno mexicano negoció bien o simplemente se sometió a las condiciones de Donald Trump. Mientras que para unos la misión mexicana cedió demasiado pronto, pues existía la posibilidad de que el brabucón norteamericano estuviera alardeando y, en todo caso, una respuesta de aranceles recíprocos, orientada a productos procedentes de regiones especialmente sensibles para las expectativas de quien está a punto de empezar su campaña por la reelección, hubiera sido suficiente para detener la andanada y permitir a México diseñar con autonomía su estrategia migratoria. Otros, en cambio, opinan que el Gobierno de López Obrador carecía de margen de maniobra y no tenía más remedio que detener a toda costa la imposición arancelaria, pues estaba en riesgo toda su estabilidad económica.

Desde mi perspectiva, el Gobierno de López Obrador ha llevado a la economía a una posición endeble, por las decisiones que ha tomado, sobre todo en materia energética, con su reversión de facto de la reforma del sexenio pasado, pero también en torno a sus proyectos de inversión que en el ámbito financiero suenan disparatados. En esas condiciones, no tuvo margen de negociación y en buena medida el Canciller Ebrard fue a recibir instrucciones y a tratar de contener lo imposible de cumplir. Una vez más, como en los tiempos de la crisis de 1982 o cuando la quiebra de 1995, el Gobierno mexicano no ha tenido más que obedecer los designios del vecino del norte, aunque entonces se hizo a cambio de paquetes de ayuda económica. Lo aceptado ahora en Washington, con su plazo de revisión para evaluar qué tan bien nos hemos portado se parece mucho al proceso de certificación en materia de combate de drogas, que estuvo vigente entre 1986 y 2001, cuando el Gobierno de Estados Unidos evaluaba año con año si se había hecho la tarea en decomisos y en contención del tráfico de psicotrópicos prohibidos para decidir si concedía o no ayuda económica a México.

Ahora una nueva espada de Damocles pende sobre nuestra cabeza patria: la imposición de aranceles si no se hace lo que el Gobierno vecino ha decidido que se debe hacer para impedir que los migrantes centroamericanos entren a Estados Unidos o, si entran, que sean regresados al territorio mexicano sin demora a costa del erario nacional. Lo que antes impusieron sobre las drogas, ahora lo pretenden con las personas: que el trabajo sucio se haga en México. Pero el tema de si fue una buena o una mala negociación me parece secundario frente a la gravedad de lo pactado.

El hecho es que, de una u otra manera, el Gobierno mexicano ha aceptado adoptar una política migratoria de derecha. No es una excepción: incluso los socialdemócratas europeos han aplicado estrategias de contención policiaca de los flujos migratorios y el Gobierno más izquierdista de la Unión Europea, el ahora menguante de Syriza, pasó de una actitud muy abierta y solidaria con la migración a una más pragmática y conservadora en el Gobierno, pues apoyó que Turquía fuera convertido por la UE en tercer país seguro, como ahora Estados Unidos quiere que México sea, aunque en el caso turco ha sido a cambio de ingentes recursos económicos provisto por Europa para que el país se haga cargo de buena parte del peso del refugio humanitario y contenga en su territorio a los migrantes.

México ni eso consiguió, fuera de una vaga promesa de aportar a un fondo de desarrollo para Centroamérica. Lo único que, al parecer, logró Ebrard es un plazo de 45 días para procesar internamente la aceptación de la condición de tercer país seguro, con lo que Estados Unidos se podría lavar las manos de buena parte de las solicitudes de asilo que hoy recibe y cargarle la responsabilidad de sostener a los refugiados a México. Por hacer el trabajo sucio de la UE, los turcos han recibido millones de euros; México, en cambio, no solo no va a recibir un dólar, sino que se compromete a sostener completamente a los migrantes que se queden aquí. El resultado esperable es una catástrofe de derechos humanos, que rebasará las endebles capacidades del Estado mexicano, pero el Presidente ha salido a autohomenajearse como héroe patrio.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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