Un juez por 30 años, con título falso y cédula falsa, dictó sentencias -en muchos juicios- pero sobresalen los relacionados con los presos políticos del ex Gobernador Rafael Moreno Valle.

El peón de Moreno Valle se llama José Refugio Alejandro León Flores. Según una investigación de Lado B, promovida por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, a finales de 1989, León Flores presentó un examen de conocimientos ante el Poder Judicial de Puebla. Según las mismas autoridades judiciales, obtuvo el puntaje más alto y tomó protesta ese mismo año.

El juez León Flores cursó la carrera de derecho en la BUAP, pero jamás se tituló. Y, ante la falta de su título original, decidió aventurarse a presentar uno falso ante las autoridades del Tribunal Superior de Justicia del estado. Lado B, después de incesantes cuestionamientos, hizo que el juez (o falso juez) “reconociera que no contaba con la documentación en un escrito que envió Consejo de la Judicatura poblano en enero de 2018, en respuesta a un procedimiento que se le inició por irregularidades en su expediente laboral (folio R16/2017)”.

Según la información provista por la universidad poblana, el juez se tituló 29 años y 4 meses después de su nombramiento. Durante todos los años en el banquillo, el TSJ de Puebla o no quiso o le pareció poco relevante que no tuviera a un miembro que no cumplía con los requisitos.

Además, según reporta Lado B, tuvo que recurrir a la justicia federal para acceder a la copia digital del título para cotejar con lo que se encontraba en el TSJ. La universidad se negó. El Instituto de Transparencia de Puebla se negó. Sobre el tema, la actual presidenta del ITAIP, Laura Carcaño Ruiz, aseguró que el instituto decidió proteger los datos personales del juez y el derecho de la universidad pública de mantener la reserva sobre esa información, pues insistió varias veces en la entrevista “se trata de datos privados”.

Además -y muy importante-  su paso como juez apócrifo sí tuvo consecuencias al cambiarle la vida a varias personas. “Unos 20 años después, entre 2011 y 2016, la figura de León Flores cobraría relevancia pues fue el juez que tuvo en sus manos al menos 34 casos de perseguidos políticos del Gobierno que encabezó Rafael Moreno Valle.

Entre los ciudadanos que fueron juzgados y encarcelados por León Flores están Adán y Paul Xicale, cabezas del movimiento opositor “Cholula Viva y Digna”, que se gestó en los municipios del mismo nombre en contra de un proyecto de intervención del Gobierno de Moreno Valle a la zona arqueológica de la pirámide cholulteca.

Los Xicale estuvieron presos durante 14 meses y lograron la liberación tras ganar un amparo en juzgados federales.

Otro de los expedientes de presos políticos cuyo caso llegó al escritorio de León Flores fue el de Rubén Sarabia Sánchez, también conocido como Simitrio, el histórico líder de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre.

Durante la gubernatura de Rafael Moreno Valle, Simitrio fue encarcelado por orden de León Flores a pesar de que existían irregularidades en su expediente. Igual que en el caso anterior, Simitrio logró su liberación cuando su proceso llegó a juzgados federales.”

De acuerdo a Enrique Romero Razo, citado en la investigación, “Rafael Moreno Valle se hizo de manera unipersonal de todo el poder, controlando tanto el legislativo como el Poder Judicial del estado. Esto provocó que las instituciones de administración y procuración de justicia estuvieran bajo su control, y permitió que se convirtiera en un instrumento coercitivo más. Para ello se requerían sicarios, brazos ejecutores y obviamente gente sin ningún tipo de conciencia; este caso en particular es uno de ellos”.

“Una persona que en su momento libró órdenes de aprehensión en contra de los disidentes del régimen, convirtiéndolos en perseguidos políticos. Al final las resoluciones pronunciadas por él fueron tumbadas en los juicios de amparo”, agrega.

La impunidad en nuestro país está aceitada. Nadie llega al ministerio público o bien a un juez pensando que su derecho a la justicia está garantizado. Nadie. Y de ese escepticismo y aceptación social del debacle de nuestra justicia se alimenta nuestra perene impunidad.

Al final el caso de juez que rompió las leyes -para impartir justicia siguiendo las leyes- no es un caso aislado. Un reciente estudio enlista los datos de 112 jueces y magistrados que habrían utilizado sus facultades para conseguir empleo a su esposa o pareja, 180 a sus hijos, 136 a sus hermanos y 27 a sus papás. El estudio revela que hay, además, otros 7 mil 148 servidores públicos del Poder Judicial que comparten espacio laboral con sus parientes.

La debilidad del Poder Judicial es intrínseca a el mismo. La cercanía con el Poder Ejecutivo como parte del sistema político no ha hecho más que debilitar la democracia y principios fundamentales como la división de poderes. Hay muchas aristas que debemos de mover para renovar anacrónicos vicios dentro del Poder Judicial. Sin embargo, la renuencia a cambiar viene muy arraigada y con ella la imposibilidad de atacar de raíz la impunidad.

Darío Ramírez

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Estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana y Maestría en Derecho Internacional Público Internacional por la Universidad de Ámsterdam; es autor de numerosos artículos en materia de libertad de expresión, acceso a la información, medios de comunicación y derechos humanos. Ha publicado en El Universal, Emeequis y Gatopardo, entre otros lugares. Es profesor de periodismo. Trabajó en la Oficina del Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR), en El Salvador, Honduras, Cuba, Belice, República Democrática del Congo y Angola dónde realizó trabajo humanitario, y fue el director de la organización Artículo 19.

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