Por Ana M. Saiz, directora general de Sin Fronteras IAP

Por la declaración conjunta dada a conocer, los acuerdos en materia migratoria tienen dos puntos esenciales: el primero frenar, contener, limitar, dominar (curb, según la palabra utilizada en la versión en inglés, mientras que la versión en español fue traducida como reducir) la migración irregular desplegando la Guardia Nacional en la frontera sur y el segundo la devolución “sin demora” de solicitantes de asilo en Estados Unidos.

En relación al despliegue de la fuerza pública, en este caso de la Guardia Nacional en la frontera sur de nuestro país no se puede dejar de mencionar que dicho cuerpo tiene una conformación de elementos militares -al menos hoy y con esa premura no podemos suponer que vayan a tener entrenamiento de policía civil-, y por lo tanto la actuación con respecto de las personas que se encuentren de manera irregular en México debe quedar delimitada al entendido de que no están cometiendo delito alguno. Conforme a las leyes vigentes, se trata de una falta administrativa, en pocas palabras no son delincuentes.

La Guardia Nacional, y todas las autoridades del país, deben respetar los derechos de las personas migrantes que se encuentren en situación irregular. Estas personas, conforme a las leyes mexicanas, tienen derecho a que se les haga saber las posibilidades para regularizarse y, en su caso, para pedir asilo. Asimismo, queremos pensar -porque no se hace mención alguna en el comunicado- que deberá no sólo desplegarse la fuerza pública, sino multiplicarse los esfuerzos del Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para que las personas puedan hacer efectivo el derecho a contar con documentación y así reducir los riesgos a los que quedan expuestos. Acciones que han sido completamente insuficientes ya durante esta administración. Lo que debería implicar que no tuvieran restringida su libertad de tránsito por el país.

También, a pesar de los niveles de impunidad y deficiencias en los sistemas de impartición y procuración de justicia, México se comprometió a desmantelar las organizaciones de tráfico y trata de personas, así como sus redes de financiamiento y transporte ilegales. Situación que se debía atender ya hace décadas y que ha sido, probablemente, una de las causas de que la gente haya optado por viajar en “caravanas”.

Con respeto a la extensión de lo que los Estados Unidos llaman los “Protocolos de Protección a Migrantes” (Sección 235(b)(2)(C) ello implica que los solicitantes de asilo de aquél país, sean devueltos a México a esperar la resolución de sus casos. Por lo que sabemos, con la implementación de esta disposición, ya han sido devueltas a México más de diez mil personas -me pregunto a cuántas “caravanas” equivale esta cifra-.

México se ha comprometido -no sólo a documentarlas- sino a ofrecerles trabajo, servicios de salud y educación y hay que saber que esta cifra podrá verse incrementada exponencialmente y que los tiempos de espera pueden ser de aproximadamente dos años.

Durante las últimas dos semanas el equipo de Sin Fronteras IAP y las organizaciones que trabajan en la frontera norte han podido comprobar que las personas que han sido devueltas bajo este arreglo, en su gran mayoría, no cuentan con documento alguno y esto implica que se encuentran en riesgo ante el crimen organizado y también de ser extorsionadas, detenidas, deportadas y que no tienen posibilidad de trabajar ni de acceder a sus derechos.

Estas acciones, como se ha venido denunciando, están violando el derecho a la no devolución de las personas que solicitan asilo, además de que en las condiciones actuales, México no es capaz de garantizar su protección y la no deportación a los países donde su vida o su integridad puede estar en riesgo inminente.

El comunicado también establece acciones adicionales para el caso de que las medidas adoptadas no tengan los resultados esperados en un plazo de 90 días, mismos que no se han dado a conocer.

Como ya lo expresaron los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su reciente comunicación pública al Presidente de la República, fijar la política exterior es una facultad coordinada entre el Poder Ejecutivo y del Senado de la República, lo anterior en concordancia con los artículos 89 fracción X y 76 fracción I de la Constitución. Tanto por la materia implica una facultad del Congreso, los alcances y la forma en la que se ha negociado, es necesaria la aprobación del Senado.

Asimismo, estaremos pendientes a la publicación del acuerdo suscrito para conocer sus alcances y los compromisos asumidos por el Estado Mexicano, no sin mencionar que, si ya era urgente, ahora es apremiante diseñar una política de movilidad humana respetuosa de los derechos humanos y con el respaldo político del más alto nivel que deje de comprometer las capacidades materiales y humanas de las fronteras norte y sur del país.

@anasaizv

Sin Fronteras

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