Los votos de los ciudadanos de los municipios más pobres del PRI inclinaron la balanza en favor de Alfredo del Mazo Maza. El partido Morena acusa que la compra de votos y el acarreo de los priistas lograron que esas entidades tuvieran un “fervor cívico” que se tradujo en una participación de más del 60 por ciento, contrario a otras del mismo estado que se mantuvieron en un promedio del 50 por ciento.
Especialistas consultados por SinEmbargo explicaron que la falta de transparencia en este tipo de programas permite que se les dé un uso político, lo que genera una competencia inequitativa entre las fuerza políticas porque hay una población que depende de estos.
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Ciudad de México, 13 de junio (SinEmbargo).- La opacidad en la entrega de programas sociales permite que se les dé un uso político, que en periodos de campaña podría ser determinante, máxime cuando a nivel federal, en los últimos 13 años, esos programas han crecido diez veces y la pobreza no disminuye, apuntaron expertos.
Competencias cerradas agrandan el impacto de los programas sociales en los resultados de las elecciones, aseguró la organización civil Gestión Social y Cooperación A.C. (Gesoc). Un factor que podría haber pesado en las elecciones presidenciales, como ocurrió el pasado 4 de junio en el Estado de México y Coahuila.
“Este tipo de uso de programas sociales puede tener influencia en una elección cuando la competencia es muy cerrada. Es decir, cuando es menor a cinco puntos porcentuales”, dijo Alejandro González Arreola , presidente y director de Gesoc, a reserva de hacer una estudio más detallado.
El Quinto Informe del Gobernador Eruviel Ávila Villegas aseguró que los programas sociales benefician a 7 millones 600 mil personas. Una maquinaria que fue echada andar el 4 de junio y que influyó en las elecciones, apuntaron los partidos de oposición.
Tres días después de los comicios, el cómputo distrital apuntó que 2 millones 48 mil personas había votado por el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alfredo del Mazo Maza y un millón 879 mil por la maestra Delfina Gómez Álvarez, del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
“Hay unos datos de una encuesta de salida en particular que identificó que prácticamente el 26 por ciento de todo el electorado recibió algún beneficio de parte del PRI, ojo no detalló si votaron por ese partido o por otros”, dijo González.
En los municipios de San José del Rincón, Ixtapan del Oro, Sultepec, Villa de Allende y Zumpahuacán más de la mitad de la población carece de acceso suficiente a alimentación y habita en viviendas que no cuentan con los servicios básicos. Un análisis del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) documenta que en 2010 el 83.6 por ciento del total de la población se encontraban en pobreza, de los cuales, el 47.3 por ciento vivía en pobreza extrema.
El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) indicó que el PRI –solo, sin los partidos con los que se alió en esta elección– perdió ante Morena con 17 mil 137 votos en los más ricos, un margen de 8.2 por ciento. En los más pobres, ganó de manera apabullante sobre Morena. 184 mil 742 votos más, una diferencia de 54 por ciento.
El Gobierno de Eruviel Ávila apoyó la entrega de dádivas como la tarjeta La Efectiva, un monedero electrónico que se da a líderes de familia. El diario Reforma refirió, el 2 de mayo, el reparto de 55 mil 939 de esas tarjetas, en los primeros seis meses del proceso electoral por un monto que osciló entre los 134 y 196 millones de pesos.
Sin embargo, la efectividad de los programas sociales para ganar votos ha sido puesta en duda por algunos académicos, que afirman que al momento no se ha hecho un estudio que brinde mayor claridad. Así lo sostiene Nicolás Loza Otero, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
Loza Otero detalló que pese a que el Partido Acción Nacional, que gobernó entre el 2000 y 2012, hizo uso de los programas sociales, los votos de aquellos beneficiarios se han inclinado mayoritariamente al PRI.
“Es muy probable que el partido en el Gobierno destine estos beneficios a quienes ya son en alguna medida partidistas de ese partido. En el caso del Edomex a segmentos territorialmente priistas. Lo que hacen en esos recursos es el empujón final para que voten por el PRI”, dijo Loza.
Diversos consultados coincidieron en que el uso de los programas sociales se da de manera más parcializada en las entidades federativas, que a nivel federal. Sin embargo, sus efectos podrían volver a verse en resultados electorales en el 2018.
“El riesgo es que si bien se ha avanzado en garantizar competencia electoral; esta no es una competencia equitativa. Entonces el poder político se produce y reproduce porque condicionará siempre los programas sociales al hecho de votar por candidatos cercanos al poder”, Gerardo Coutiño, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de Chiapas (UNACH).
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Datos del Índice de Desempeños de Programas Públicos del 2016, elaborado por Gesoc, apuntaron que 2.5 de cada 10 programas sociales no son capaces de comprobar su población beneficiaria.
“Esto abre la puerta para que una buena parte de ellos puedan ser utilizados para fines diferentes a los que fueron creados o bien utilizados de una manera particular en un contexto electoral”, dijo González.
Los programas sociales han ido ganando presupuesto y tamaño. En el 2004 los programas y acciones sociales federales contaban con 72 mil millones de pesos, una cifra que ascendió a 946 mil millones de pesos en el 2016. En el 2004 había 89 programas y acciones sociales, hacia el 2016 ascendió a 272.
“Los programas sociales mexicanos son un paliativo. Pero no cuentan con elementos incluyentes en el aparato productivo nacional. Solo sirven para que los pobres subsistan; pero no son una herramienta para el desarrollo de las capacidades individuales y colectivas”, dijo Coutiño,
“Es decir para que las personas y las comunidades se inserten en el sector productivo. Crecimiento económico no significa reducción de la pobreza. Hay que diseñar políticas públicas incluyentes, no solo programas económicos paliativos”, agregó.
Con base en datos oficiales el Gesoc apunta que en el 2004 el 17.4 por ciento de la población se encontraba en situación de pobreza alimentaria, hacia el 2014 el porcentaje se situaba en 20.6 por ciento
La pobreza patrimonial en el 2014 rondaba en 47 por ciento de la población, y hacia el 2014 abarcaba al 53.2 por ciento.
“Partiendo del hecho innegable de que más de la mitad de los mexicanos vivimos en una situación de pobreza; los recursos financieros que se transfieren a la población más pobre -es decir los programas sociales- son un instrumento de ‘hacer política’. En el caso de los procesos electorales, los programas sociales garantizan la movilidad electoral, la coacción del voto y el uso para otros fines de los recursos públicos. Esto es así porque hay un sector de la población que depende para subsistir de los programas sociales”, dijo Coutiño.
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