Seis millones de mexicanos sin condiciones mínimas de trabajo es la herencia que dejaron los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña, de acuerdo con datos del colectivo Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Esto quiere decir que este grupo labora con jornadas superiores a las 48 horas a la semana, ingreso insuficiente para adquirir la canasta básica, sin afiliación a la seguridad social y contrato estable.
Ciudad de México, 13 de mayo (SinEmbargo).- Los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, sumaron al país, 6 millones de personas trabajadoras sin condiciones mínimas de trabajo: para finales de 2006, eran 19.7 millones en esa condición y para 2018 ya eran 25.6 millones.
De acuerdo con las cifras del colectivo Acción Ciudadana Frente a la Pobreza en el Observatorio de Trabajo Digno, en México son ocho de cada 10 personas que trabajan, pero que tienen alguna de las cinco carencias que incumplen las condiciones de trabajo digno, que son subocupación, jornadas laborales superiores a 48 horas a la semana, ingreso laboral insuficiente para adquirir la canasta básica, afiliación a la seguridad social y contrato estable.
Es decir, la mayoría de los trabajadores se enfrenten a una o más de esas condiciones.
“Ocho de cada 10 personas que están empleadas por un tercero no tienen las condiciones mínimas establecidas en la ley, esta situación viene empeorando. Queremos que se modifiquen las estructuras, lo que ha venido pasando es grave: casi seis millones es el número de personas que trabajan y no tienen las condiciones mínimas de trabajo, cuando este debe ser fuente de riqueza”, comentó Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador del Colectivo.
En el evento al que también asistieron Gonzalo Hernández Licona, Director del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y Manuel García Urrutia, titular de la Unidad de Capacitación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), se habló de encontrar la manera responsable, sostenible para mejorar las condiciones de trabajo de millones de personas.
Para Licona, si los ingresos de las personas provienen de los activos que tienen como tierra, o empleo, el capital humano es, para la gran mayoría de las personas, el único activo que genera ingreso a partir del trabajo por lo que merecen derechos y además, un trabajo digno y socialmente útil.
Según los datos del Coneval, la carencia por acceso a la seguridad social es de 58 por ciento, principalmente por la informalidad.
“Es un tema de solidaridad mínima: hay que mejorar la educación, la productividad. No se puede negociar un salario de 80 pesos, se trata de mejorar el mundo de trabajo digno”, agregó el director del Coneval.
El representante de la STPS habló de los compromisos hechos ya en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y reconoció qué hay leyes que generan pobreza y desigualdad.
“Hay una vía formal, a través del PND con estrategias que es el Desarrollo Económico en el que se habla de la inclusión de jóvenes, pero hemos vivido la simulación por lo que hay que generar diálogos muy abiertos”, señaló.
Otra de las problemitas que aumentó es la informalización forzada, que es aquella en la que aunque una persona trabaja para un empleador pero sin afiliación. A finales de 2018 se registraron 14.6 millones de personas en esa condición, 4 millones más que en 2006.
“Tenemos pobreza crónica, ancestral, pero lo que hemos venido acumulando es una pobreza que se genera desde el mundo del trabajo, lo que es una contradicción, ya que se dice que el trabajo es la vía. Hay que encontrar los engranes que hay que mover”, agregó Gómez Hermosillo.
Finalmente, Hernández Licona comentó que lo que se debe hacer es pensar en una seguridad social diferente, universal, que no fomente la informalidad.
“¿Cuál es la combinación idónea para la justicia social? Protección social y empleo. Un solo instrumento no le puede pegar a los dos”, agregó.
