El 13 de mayo de 2012 , un total de 49 cadáveres mutilados fueron encontrados por la madrugada en Cadereyta, a un costado de la carretera libre a Reynosa, 40 kilómetros al oriente de Monterrey, Nuevo León. A lado de los cuerpos de 43 hombres y seis mujeres había una manta en la que Los Zetas se atribuían los homicidios.
Hoy, cuando se cumplen cinco años de aquel atroz hallazgo, se sabe que la mayoría de los asesinados eran migrantes, pero más allá del reconocimiento de 14 de las víctimas, no hay una sola persona consignada por este caso. Aun así, familiares de los ejecutados ese 13 de mayo siguen con su reclamo de justicia.
Por considerarlo de interés para nuestros lectores, SinEmbargo publica este texto escrito por Madeleine Penman, investigadora para México de Amnistía Internacional.
Por Madeleine Penman
Ciudad de México, 13 de mayo (SinEmbargo).– Cuarenta y nueve cuerpos desmembrados, sin cabeza, piernas y brazos, arrojados a lado de la carretera Monterrey–Reynosa. Un hallazgo de estas proporciones parece una película de terror.
Pero hoy, a cinco años de la masacre de migrantes del 13 de mayo de 2012 en el municipio de Cadereyta, Nuevo León, poco se conoce sobre los hechos y poco se comenta sobre uno de los acontecimientos más atroces y escalofriantes en la historia reciente de México.
Sin embargo, para Vilma López, los hechos no han quedado en el olvido. Vilma perdió a su esposo José Enrique Velásquez, quien partió de Honduras para emprender un camino peligrosísimo con la intención de llegar a Estados Unidos como migrante sin documentos. La última vez que Vilma supo de él fue por una llamada que le hizo a principios de mayo 2012 donde le dijo que estaba por cruzar la frontera de Estados Unidos, pero no precisó lugar. Unos días después, las noticias resonaron con la información de los cuerpos encontrados en Nuevo León al lado de una manta firmada por Los Zetas.
Vilma es una de 14 familias que ya conocen lo que pasó con su ser querido. En 2014, a Vilma le fueron entregados los restos de su esposo, que le llegaron en pedazos. El trabajo forense hecho hasta el día de hoy ha logrado identificar a 14 de las 49 víctimas de la masacre. Diez de esas personas eran migrantes hondureños, 2 migrantes nicaragüenses, un migrante guatemalteco y un mexicano. Aunque Vilma sabe que su esposo fue asesinado y ya no vive con la incertidumbre de tenerlo desaparecido, este saber es solamente el inicio de una larga búsqueda de verdad y justicia.
“Las autoridades nos han dado información, pero nos quedamos con preguntas,” relató Vilma en una conversación reciente con Amnistía Internacional. “¿Quiénes eran los perpetradores?”.
En el caso de la masacre de Cadereyta, a pesar de que hay por lo menos 16 tomos de expediente de investigación en el caso dentro de la Procuraduría General de la República (PGR) y cuatro tomos en la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León (PGJNL), no hay una sola consignación penal en este caso. No obstante, el caso abunda con información de contexto con la que se podría indagar con más profundidad, tomando en cuenta que esta masacre ocurrió durante un momento pre-electoral y una rivalidad desbordante entre el cartel del Golfo y Los Zetas.
La Procuraduría General de la República ha recabado las declaraciones de integrantes de Los Zetas, donde relatan que participaron en trasladar los cuerpos ya desembrados y decapitados. Dos sobrevivientes de la masacre relataron que más de 30 personas fueron retenidas en una casa de seguridad en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en las semanas anteriores a la masacre. No obstante estos indicios que dan para conocer mucho más, los avances en la investigación son muy pocos, y no se sabe más sobre la red multi-criminal que pudo haber operado entre el estado de Monterrey y Tamualipas, ni sobre la posibilidad de que la Policía Federal y el Ejército tuvieran más información sobre los hechos en tiempo real, debido a su presencia en la zona.
Como organización internacional de derechos humanos, Amnistía Internacional lleva años observando el proceso de identificación de cuerpos e investigación de este caso, al igual que estamos atentos a la investigación sobre las dos masacres infames de San Fernando, Tamaulipas, de agosto 2010, con el hallazgo de 72 cuerpos de migrantes y del hallazgo de fosas clandestinas con 193 restos de personas en el mismo municipio en 2011.
En un contexto donde las personas migrantes están siendo más atacadas que nunca, con un gobierno en Estados Unidos que les quiere tachar de criminales, es más importante que nunca que las víctimas de estas masacres no queden como víctimas invisibles. Las historias humanas detrás de estos hechos describen una realidad regional que se agudiza una vez más, con personas que salen de países como Honduras que viven una violencia extrema y que no dejan a sus ciudadanos otra opción sino la de huir y buscar protección en otro lado.
Los carteles de droga involucrados en la masacre de Cadereyta aún tienen redes muy poderosas en la frontera de Estados Unidos y México, y con una política migratoria más endurecida por el gobierno de Trump, estas redes criminales solamente se verán fortalecidas, pudiendo cobrar más por traficar personas en este nuevo contexto.
“Quizá el camino va a ser escabroso, pero si nos unimos toda la humanidad, sí lo podemos lograr. Vamos a llegar a la verdad. Nos sentimos alegres por eso”. Después de cinco años, la posibilidad de conocer la verdad de lo sucedido en Cadereyta da aliento a Vilma López.
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