El Sistema Nacional Anticorrupción deberá pilotar sobre siete reformas y normas enfocadas a combatir el cohecho, la extorsión y el trafico de influencias, entre otros actos indebidos, pero antes deberá aprobarse en el Congreso, que ve con recelo alguna de sus propuestas. “Parece que hay un temor especial de la clase política en conjunto de publicar su patrimonio”, coinciden expertos.
Por Martí Quintana
México, 13 mayo (EFE).- “Será un paso histórico en favor de la cultura de la legalidad”, dijo hace un año el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, cuando promulgó a bombo y platillo el Sistema Nacional Anticorrupción, hoy parado en el Congreso por el recelo de los políticos a exponer sus cuentas a la opinión pública.
Una Reforma constitucional nacida para combatir “un mal que afecta la vida económica, política y social” del país, uno de los más castigados por la corrupción, ubicado en el puesto 95 de las 167 naciones evaluadas en el Índice de Percepción de la Corrupción 2015 de Transparencia Internacional, logrando solo 35 puntos de 100.
El Sistema deberá pilotar sobre siete reformas y normas enfocadas a combatir el cohecho, la extorsión y el trafico de influencias, entre otros actos indebidos, pero antes ha de aprobarse en el Congreso Mexicano, que ve con recelo alguna de sus propuestas.
A contrarreloj, las cámaras tienen hasta el 28 de mayo para convocar una sesión extraordinaria y aprobar estas leyes secundarias que darán dientes al Sistema, luego de que el Senado fuera incapaz de avanzar estos reglamentos en su periodo ordinario.
Los cuatros principales partidos “son cómplices en este pacto por la corrupción que hay en México. (Hay políticos) que son infinitamente ricos y es infinitamente inexplicable las fortunas que han acumulado”, dijo a Efe el intelectual y canciller entre 2000 y 2003, Jorge Castañeda.
Se trata de siete leyes, dos nuevas y cinco reformadas: la ley del Sistema Nacional, la de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la del Tribunal de Justicia Administrativa, la Orgánica de la Administración Pública, un nuevo capítulo del Código Penal que incluya delitos de corrupción y una reforma a la ley que refuerza y de autonomía a la Fiscalía Anticorrupción.
Así como la Ley de Responsabilidades Administrativas, que nacida de una iniciativa ciudadana incluye la ya famosa Ley 3de3, que busca que los servidores públicos publiquen su declaración patrimonial, fiscal y de intereses.
Ello ha despertado reticencias entre los políticos: “Ha sido un tema muy controvertido. Parece que hay un temor especial de la clase política en conjunto de publicar su patrimonio”, señaló el director de Anticorrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Max Kaiser, uno de los redactores de la iniciativa.
Y es que esta normativa ha causado un auténtico conflicto en el Congreso, con políticos de uno y otro color mostrándose tanto a favor como en contra y acusándose mutuamente de querer “descafeinar” la propuesta.
El oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su aliado, el Verde Ecologista de México (PVEM), propusieron dejar a los funcionarios decidir si publicaban o no sus declaraciones.
“No es una versión light, sino que respeta los derechos humanos y el pronunciamiento de la Suprema Corte” en el sentido de que los derechos de protección de datos de los funcionarios son iguales a los de los ciudadanos, dijo recientemente el Senador y presidente de la Comisión Anticorrupción, Pablo Escudero.
Bajo la premisa de privacidad y respeto a los derechos humanos, otros políticos defienden no hacer público su patrimonio.
“Ha habido argumentos sobre la seguridad y sobre el problema para revelar el patrimonio propio o de dependientes económicos”, apuntó Kaiser.
Pero ninguno de ellos, añadió, “es suficiente para dejar de abordar el tema. Lo que la población exige en este momento no es simple transparencia, sino pedirle al político que vuelva a generar confianza”.
Positivamente, ha habido acuerdo en cinco de las siete leyes a discusión, que implican 435 artículos construidos de manera conjunta entre los partidos y la sociedad civil, señaló el experto del IMCO.
No obstante, para Castañeda, será inevitable que las leyes anticorrupción, especialmente la 3 de 3, salga “diluida” en el proceso parlamentario. De hecho, los senadores avanzaron en un acuerdo con menos obligaciones.
Pero Kaiser confió en que las reformas saldrán adelante y en el periodo acordado porque la clase política ya “ha pagado un precio muy alto” y “un desprestigio” público por haber cerrado el periodo ordinario de sesiones legislativas sin aprobar estos cambios.
Según datos del Banco Mundial, la corrupción en México le cuesta al país nueve puntos porcentuales del producto interno bruto (PIB), aproximadamente 1.5 billones de pesos por año (unos 83 mil 658 millones de dólares).
Sin obligación de por medio, algunos funcionarios, diputados, senadores y un personaje público, precisamente Castañeda, han presentado públicamente sus cuentas.
Son 505 funcionarios, 17 senadores de 128, 104 de 500 diputados, 12 gobernadores de 31 estados y un solo miembro del Ejecutivo federal.
El vaso medio lleno o medio vacío, según el prisma con el que se mire, para este Sistema Nacional Anticorrupción que, de implementarse estrictamente, puede cambiar la forma de hacer negocios de algunos en un país con un refrán muy arraigado: “El que no transa (hace trampas), no avanza”.
