Desde el inicio de la pandemia se ha visto un rezago entre países respecto al acceso a las vacunas contra la COVID. En respuesta a ello, diversas organizaciones han pedido la liberación de las patentes como solución a la falta de los fármacos en el mundo, pero ¿realmente resolvería el problema? Algunos expertos reflexionan sobre el tema.
Madrid, 13 de abril (Europa Press).- Las patentes son unos derechos de explotación exclusiva que tiene como objetivo proteger e incentivar la innovación. En el campo de la medicina no sólo las vacunas tienen patentes, también los medicamentos, muchos mecanismos de dispensaciones de gel, o algunas jeringuillas, por ejemplo. Incluso algunos países permiten no sólo patentes para el producto, sino también para el procedimiento de producción.
Así lo explica Jaime Espín en una entrevista con Europa Press, licenciado en Derecho y doctor en Economía, así como miembro de la Asociación de Economía de la Salud (AES) y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública.
Y es que han sido varias las veces que lo han reclamado la OMS, así como diversos entes internacionales, o incluso políticos, como ha sucedido en España recientemente con el Presidente valenciano Ximo Puig; siempre con el objetivo de agilizar su producción y acelerar su acceso a la población.
Precisamente, la Comisión Europea respondía recientemente al político español que liberar patentes de vacunas contra la COVID-19 “no resolverá” el problema actual de acceso a las mismas, al mismo tiempo que aseguraba que prefiere fomentar la colaboración entre compañías farmacéuticas para aumentar la capacidad de producción a escala global.
“Los problemas de acceso a vacunas no se resolverán suspendiendo las patentes. Están relacionados con una insuficiente capacidad de producción para fabricar las cantidades necesarias”, expresó en una rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo comunitario Balazs Ujvari, tras ser preguntado por la carta ad hoc enviada por el Presidente valenciano al Comité Europeo de las Regiones.
Espín recuerda que la OMS lleva tiempo pidiendo acelerar el acceso equitativo a las vacunas y para ello puso en marcha el Mecanismo de Acceso Mundial a las Vacunas contra la COVID-19 (Covax). En palabras de la OMS, se trata de “una iniciativa mundial de la que forman parte más de un centenar de países, destinada a colaborar con los fabricantes de vacunas de modo que los países de todo el mundo (incluidos los de menos ingresos) tengan un acceso equitativo a vacunas seguras y eficaces, una vez que éstas hayan obtenido la licencia y autorización”.
El economista de la salud indica que, a día de hoy, Covax actúa como una plataforma que apoya a la investigación, al desarrollo, y a la fabricación de una amplia gama de candidatos a las vacunas COVID-19, y desde la que también negociar sus precios. “Sin embargo, no ha dado los resultados que esperaba”, reconoce el economista de la salud.
Dice en consecuencia que, por ello, el director general de la OMS ha apoyado la propuesta de algunos países de suspender las patentes, con varias declaraciones al respecto, entre ellas: “Es el momento de usar todas las herramientas que tengamos para poder aumentar la producción, lo que incluye la transferencia de licencias y la exención de los derechos de propiedad intelectual. Es ahora o nunca”.
A lo que se refiere el doctor Tedros, a juicio del experto, es a utilizar las flexibilidades que aportan algunos acuerdos internacionales, concretamente el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC o, en inglés, TRIPS).
Entre estas flexibilidades apunta a las licencias obligatorias, licencias que se dan cuando un Gobierno permite que otra empresa produzca un producto o proceso patentado sin el consentimiento del propietario de la patente: “Es una suspensión temporal del derecho de exclusividad del titular sobre una patente, permitiendo la explotación por parte de terceros sin su autorización, a cambio del pago de royalties. En nuestro ordenamiento jurídico esta posibilidad está recogida en el artículo 95 de la Ley de Patentes, pero nunca se ha puesto en marcha”.
Por tanto, ¿qué significa que se libere una patente de una vacuna y, de hacerse, qué efectos tendría? El doctor en Economía aclara que significa que el país que ha autorizado la licencia obligatoria puede solicitar la producción de la vacuna a todos los productores que tenga la capacidad de hacerlo, de forma que ésta ya no dependa únicamente del titular de la patente.
PROS Y CONTRAS DE LIBERAR PATENTES
Sí reconoce Jaime Espín que no existen muchas experiencias a la hora de solicitar licencias obligatorias en el contexto internacional, así que ve difícil enumerar con detalles las ventajas y desventajas con base en la evidencia. Pero a grandes rasgos enumera las siguientes:
·La principal ventaja es que el país que emite la licencia obligatoria no depende del titular de la patente para producir el número de unidades que quiera de la vacuna; si no tiene capacidad de producción, pero solicita que una empresa exterior lo haga, lógicamente la cosa se complica.
·El principal inconveniente es que la licencia obligatoria es una “expropiación” de la patente y, cómo tal, requiere de ciertos requisitos legales y burocráticos. Adicionalmente, hay que resaltar que no hay una licencia obligatoria global, sino que cada país tendría que emitirla según su legislación de patentes nacional.
·La licencia voluntaria, como contrapartida, tiene más ventajas que inconvenientes, pero depende de la voluntad del titular de la patente para otorgarla. Ya tenemos algunas experiencias para la COVID-19 con la compañía Gilead Science y el antiviral remdesivir.
Así con todo, este economista de la salud defiende que este debate de las patentes para las vacunas frente a la COVID-19 debe ser muy distinto al debate que surgió hace unos años sobre los medicamentos para la hepatitis C, o hace más tiempo para los tratamientos para la VIH/SIDA: “Ahora la gran diferencia es parte de la investigación se ha realizado con fondos públicos, con lo que igual que ha habido participación en el desarrollo de las vacunas también tendría que haberlo en los derechos de propiedad intelectual que surgen de ellos”.
Mientras, el pediatra y consultor honorario en materia de vacunas para el Ministerio de Sanidad, así como cofundador de la Asociación Española de Vacunas, el doctor José A. Navarro-Alonso opina que este debate de liberar o no patentes de vacunas es “difícil” dado que se trata de un escenario en el que hay que conjugar intereses comerciales, donde hay grandes firmas farmacéuticas implicadas, y unos accionistas sobre los que rendir cuentas, y por otro lado el interés de acabar con la pandemia, encontrar una solución global al problema, que implica una vertiente filantrópica con los países de bajas rentas, a los que se podrían conceder licencias o renunciar a derechos de protección intelectual.
“La vacunación debe estar a disposición de toda la población. Se ha creado Covax y confío en que se facilite este acceso. Está todo el mundo de acuerdo con que siendo un problema global no debemos dejar de lado a los países de bajas rentas. Vivimos en un mundo global y cualquiera puede venir a tu país y te encuentras otra vez con el problema”, advierte a Europa Press.
Por su parte, el experto en vacunas, doctor en Biología y catedrático de Microbiología, además de profesor de la Universidad de Navarra, Ignacio López Goñi recuerda en este sentido que si se ha conseguido que haya más de 200 candidatos de vacunas y más de 70 ya en fases clínicas es gracias a la colaboración público-privada.
“Antes de liberar patentes habría que preguntarse y asegurarse de que somos capaces de fabricarlas en un tiempo récord, y esto no es tan fácil. Yo creo que es más eficaz, como hemos visto, apostar por la colaboración y la solidaridad. Vacunas para todos, pero colaborando. Por ejemplo, cofinanciar para reducir costos, reservar parte de la producción para países que no puedan adquirirlas. Hay fórmulas para incentivar la investigación y el desarrollo de nuevas vacunas y fármacos a precios asequibles para todo el mundo”.
Javier S. Burgos, por su lado, un doctor en Biología Molecular que durante más de 15 años ha trabajado en el desarrollo de fármacos contra el Alzheimer, se muestra contrario a la liberalización de las patentes de las vacunas: “No es razonable, está bien a llegar a acuerdos económicos, pero es muy cortoplacista saltarse las patentes porque le hemos pedido a la farmacéutica el sobreesfuerzo para las vacunas en tiempo récord y ahora no las queremos pagar. Si nos saltamos las patentes, ¿en la próxima pandemia qué harán las farmacéuticas? Son las que nos van a sacar de esta historia”.
Según insiste este experto, las patentes son “desarrollos de alto riesgo” y a las farmacéuticas las patentes les aportan la seguridad de que van a poder capitalizar o ingresar dinero a partir de sus desarrollos. “Si no no los harían. Somos capaces de poner en Marte con precisión una tremenda maquinaria y tenemos la enfermedad del Alzheimer descrita en 1906 y estamos igual. Seguimos sin conocer su origen a pesar de que nos está devastando con 50 millones de enfermos en el mundo”, lamenta el autor de Diseñando fármacos (Next Door Publishers).
