La posible extradición de Tomás Yarrington a México ha generado suspicacias en la prensa internacional, sobre todo en el tema de que el ex Gobernador de Tamaulipas pudiera realmente cumplir su condena en un país donde vivió por muchos años sin que se le persiguiera. También se presume que el Gobierno utilizaría su caso para atajar los escándalos de corrupción que asedian la Presidencia de Enrique Peña Nieto. A menos de dos meses de unas importantes elecciones estatales programadas para el 4 de junio que se perfilan como barómetro de las presidenciales de 2018, la detención de Yarrington ha puesto de nuevo en el foco los problemas con la justicia que afrontan varios ex gobernadores.
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Por Manuel Soberanes Cobo
México, 13 abr (EFE).- Declaraciones imprecisas o ambiguas han generado suspicacias de que el Gobierno de México ha claudicado en su declarada intención de lograr la extradición del ex Gobernador Tomás Yarrington, detenido en Italia, para atajar los escándalos de corrupción que asedian la Presidencia de Enrique Peña Nieto.
Los equívocos se iniciaron el 9 de abril, cuando la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) anunció en un boletín que Yarrington, Gobernador del estado de Tamaulipas entre 1999 y 2004, había sido detenido en Italia.
De acuerdo con el texto, el arresto se logró “gracias a la colaboración” de la Procuraduría con las autoridades italianas.
También aseveró que la detención obedeció a la ficha roja solicitada a Interpol por existir una orden de aprehensión emitida por un tribunal por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros.
“Se espera que en los próximos días sea repatriado a nuestro país por esta Procuraduría, en coordinación las autoridades del Gobierno de Italia”, acotó.
Sin embargo, un comunicado emitido un día después por la Policía de Italia señaló que la detención se efectuó por ser Yarrington “objeto de una orden de captura emitida por la autoridad judicial estadounidense”.
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También indicó que el ex Gobernador fue localizado “en seguimiento a los informes del organismo estadounidense colateral”, presumiblemente la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), y que en la operación participaron “funcionarios de Interpol y del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense”.
Ese mismo 10 de abril, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Alberto Elías Beltrán, reconoció que Yarrington también es requerido por Estados Unidos, por lo que las autoridades italianas deberán decidir a qué país extraditarlo.
En contraste con el pronunciamiento original de que se esperaba la repatriación “en los próximos días”, refirió que el Gobierno deberá presentar formalmente la solicitud de extradición “dentro de los 60 días hábiles siguientes”.
Indicó que al tomar la decisión de a qué país entregarlo, Italia “tendrá que tomar en consideración las particularidades del caso”, incluyendo la gravedad de los delitos que se le atribuyen.
De inmediato pareció conceder prioridad a Estados Unidos al declarar: “Es importante mencionar que la solicitud de México es de 20 años de prisión y la de los Estados Unidos es de dos cadenas perpetuas más 90 años de prisión”.
Señaló que el país europeo también deberá considerar el tiempo y lugar de los delitos, la nacionalidad y el lugar de residencia habitual del sospechoso y las fechas de presentación de las respectivas solicitudes de captura, entre otros factores.
Con todo, el funcionario se rehusó a especular qué elemento tendrá mayor peso en las consideraciones del Gobierno italiano.
Al ser presionado por un reportero quien señaló que la balanza parece inclinarse a Estados Unidos, replicó que el interés del Gobierno es que se sancione cualquier acto de corrupción pública, “en México o en cualquier parte del mundo”.
Las declaraciones de Elías Beltrán y las inconsistencias entre el anuncio inicial de la PGR y el reporte de la Policía de Italia llevaron a algunos medios a especular que el Gobierno no quiere traer al país y someter a juicio a uno de los suyos, pese a que Yarrington fue expulsado del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) en diciembre pasado.
En un aparente intento de salir al paso de las especulaciones, la PGR afirmó este miércoles que está trabajando “conjuntamente” con el Departamento de Justicia estadounidense para que el ex Gobernador “enfrente a la justicia de ambos países”.
En un comunicado posterior, la PGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores indicaron que el Gobierno “procedió a presentar vía diplomática la solicitud de detención provisional con fines de extradición” a Italia el 11 de abril.
Este anuncio condujo a algunos medios a afirmar que México ya había solicitado a Italia la entrega del detenido. Sin embargo, fuentes de la PGR aclararon a Efe que esta petición no equivale aún a una solicitud formal de extradición.
La PGR contaba con una orden de aprehensión contra Yarrington desde 2012, y en noviembre pasado ofreció una recompensa de 15 millones de pesos (unos 800 mil dólares) a quien diera información que llevara a su captura.
A menos de dos meses de unas importantes elecciones estatales programadas para el 4 de junio que se perfilan como barómetro de las presidenciales de 2018, la detención de Yarrington ha puesto de nuevo en el foco los problemas con la justicia que afrontan varios ex gobernadores.
Entre los casos más mediáticos están los de los prófugos Javier Duarte y César Duarte, ex gobernadores de Veracruz y Chihuahua respectivamente, el primero expulsado del PRI en octubre pasado y el otro en vías de ser echado del mismo partido por las acusaciones de corrupción durante sus mandatos, ambos de 2010 a 2016.
