La FGR señaló que iniciará todos los recursos legales que cuenta para afrontar dicha resolución, la cual calificó como “un nuevo atropello a la justicia y a la defensa de los bienes de la Nación”.
Ciudad de México, 13 de marzo (SinEmbargo).- Un Juez federal rechazó la vinculación a proceso a siete personas señaladas por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta explotación ilegal de bienes de la Nación por el caso de la construcción del Viaducto Bicentenario.
Daniel Ramírez Peña, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito a Almoloya de Juárez, en el Estado de México, determinó no vincular a proceso a exfuncionarios mexiquenses y directos de la empresa española OHL, cuya sucesora es Aleática, por el supuesto daño a las arcas nacionales ocho mil 403 millones 242 mil 312 pesos.
Asimismo, ordenó poner fin al procedimiento penal al afirmar la inexistencia de elementos que argumenten la comisión del delito.
Entre las personas libres de la vinculación a proceso son Rubén Gerardo López Barrera, director general de Aleática; José Andrés de Oteyza Fernández, expresidente del Consejo de Administración de OHL; y Sergio Hidalgo Monroy Portillo, exdirector General de OHL.
Además, también se encuentran los funcionarios mexiquenses Ernesto Javier Nemer Álvarez, exsecretario General de Gobierno; Luis Gilberto Limón Chávez, exseceretario de Movilidad; Jorge Joaquín González Bezares, director general de la Junta de Caminos; y Alberto Tomás Angulo Lara, director General en Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Sistemas Conexos y Auxiliares.
Al respecto, la FGR señaló que iniciará todos los recursos legales que cuenta para afrontar dicha resolución, la cual calificó como “un nuevo atropello a la justicia y a la defensa de los bienes de la Nación”.
“Ese acto delictivo le permitió a un particular, el saqueo de más de ocho mil millones de pesos por dicha explotación ilegal, correspondiéndole el 99.5 por ciento de los ingresos totales, de esa vía federal; compartiendo con el Gobierno del Estado de México 42 millones de pesos, equivalente al 0.5 por ciento; sin que la Federación haya recibido, en estos quince años, ni un solo centavo por la explotación de un bien propiedad de la Nación”, argumentó a través de un comunicado.
Agregó que el caso no es de índole administrativo ni civil, pues está penado específicamente como delito, independientemente de la serie de actos y convenios “fraudulentos” que se realizaron para encubrir el crimen.
La Fiscalía calificó la actuación del Juez Daniel Ramírez Peña como un alto grado de injusticia, la cual “llegó a un extremo verdaderamente inconcebible” pues, antes de conocer las pruebas y argumentos de las partes, había emitido públicamente una opinión respecto al caso y anunció su veredicto en contra del Estado mexicano, por lo que la representación social de la Federación recusó al juzgador por incurrir en una causa de impedimento para seguir conociendo del asunto, y por lo tanto, se iniciará un juicio correspondiente, independiente de los recursos que la Ley permita.
Explayó que, para que exista una concesión federal, deben de cumplirse ciertos requerimientos como la postulación mediante concurso público emitido por la autoridad competente; la concesión debe ser sobre un objeto que pueda ser materia del mismo; debe de cumplir con la finalidad del interés público regulado por las normas en que se concreta; la SICT debe emitir un fallo fundado y motivado; y se debe señalar el plazo de la concesión.
Cada una de esas condiciones, remató la FGR, nunca ocurrieron.
La concesión del Viaducto Bicentenario, una vialidad que une varios municipios de la zona conurbada del Estado de México con la Ciudad de México, fue otorgada en mayo de 2008 por el Gobierno mexiquense, en ese entonces encabezado por Enrique Peña Nieto.
#FGRInforma | La #FGR en el caso de la concesión que el Estado de México otorgó a la empresa Viaducto Bicentenario, S. A. de C. V. en el año de 2008, que es absolutamente ilegal y nula, iniciará de inmediato todos los recursos legales a que tiene derecho, frente a un nuevo… pic.twitter.com/fppYYGFDfb
— FGR México (@FGRMexico) March 13, 2024
El proyecto está estructurado en tres fases: la primera (ya construida) consiste en un viaducto con carácter reversible de 22 kilómetros, entre el ex-Toreo y Tepalcapa; en la segunda fase (en construcción) se ejecutará un segundo viaducto en paralelo una vez alcanzado el máximo aforo vehicular, y en la tercera (en construcción) se prolongarán 10 km ambos viaductos.
Al 31 de diciembre de 2017, la supuesta inversión pendiente de recuperar con cargo a esta autopista alcanzaba los 26 mil 176.4 millones de pesos. Lo anterior, a pesar de que falta por construir la otra mitad del proyecto.
El Viaducto Bicentenario cobra, acorde a las tarifas más recientes al momento del corte de esta nota, peajes que van de los 7.49 a los 127.58 pesos dependiendo los tramos transitados. Tanto el Viaducto Bicentenario como el Circuito Exterior Mexiquense eran dos de las obras que mayores ganancias dejan a la empresa Aletica.
En septiembre de 2020, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) tomó posesión del Viaducto Bicentenario, que Aleatica (antes OHL) presuntamente explotaba de manera irregular sin concesión de la dependencia en algunos tramos.
Lo anterior fue anunciado por el abogado Paulo Díez Gargari. “Hemos recuperado el Viaducto Bicentenario en beneficio de la Nación. A partir de las 11:40 horas del día de hoy [30 de septiembre], el Secretario Arganis de la SCT es personalmente responsable de la explotación ilegal de la vía por parte de la corrupta Aleatica”, escribió Gargari en redes sociales.
De acuerdo con el abogado Díez Gargari, quien mantenía un litigio en contra de Aleatica, en 2019 esa autopista tuvo ingresos por cuotas de peaje por aproximadamente mil millones de pesos.
En septiembre del año 2018, el abogado Díaz Gargari presentó un escrito en el que pidió al entonces titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, recuperar el Viaducto Bicentenario en beneficio de la Nación y que le garantizara el libre tránsito por esa autopista sin cuota alguna.
Por su parte, en 2019, Jiménez Espriú reveló que habían identificado “cientos de irregularidades” en construcciones realizadas durante la administración de Enrique Peña Nieto.
