Cuando la violencia digital se transforma en otras violencias: intentos de suicidio, amenazas de violación, ‘bullying’ y violencia vicaria. Desde el 2018 y con 151 denuncias en su contra, “Packs de México” continúa en línea. Más de 5 mil mujeres, incluidas menores de edad, se encuentran en su “catálogo” en la Península de Yucatán. Los administradores confían en que no serán atrapados y confirman que tienen contactos en las corporaciones de seguridad
Por Claudia Arriaga
Ciudad de México, 13 de marzo (BorderHub).- En la península de Yucatán opera “Packs de México”, un sitio web que comercializa la intimidad de miles de mujeres adultas y menores de edad. Las 151 denuncias en su contra no son suficientes para que las autoridades actúen. Ya son casi cuatro años de impunidad y la vida de las víctimas está en riesgo. Las agresiones en el espacio virtual se convirtieron en otras violencias.
Anabel vive en Quintana Roo y tenía 16 años cuando subieron sus fotografías al portal. Por años, sus compañeros de escuela y conocidos de su comunidad la acosaron. Le daba miedo salir de casa, la ofendían y amenazaban con violarla.
“Me pasé a suicidar tres veces, la gente me decía cosas en el pueblo, era una burla para todos. No podía salir, estuve casi dos años encerrada en mi casa, de mi casa a la escuela. La Fiscalía no me dio el apoyo. Yo le dije a mi mamá ‘mami ya no aguanto’”, recordó.
Emmy, es de Yucatán y se cambió de escuela en varias ocasiones. Las autoridades educativas no la defendieron del bullying que sufrió a raíz de la difusión de sus imágenes.
“Tenía 15 años y me acuerdo que tenía que ir a la escuela, y en la escuela todos me veían, me insultaban, me señalaban, hablaban sobre mi cuerpo; hasta los maestros y una parte de mi familia; sentía que se avergonzaban de que yo era parte de su familia”, relató.
Son apenas dos de los testimonios de las más de 5 mil víctimas, cuyos videos e imágenes se pueden contabilizar con ingresar al sitio web.
De las denuncias contra el portal, entre Yucatán y Quintana Roo, del 2018 al 2021, se acumularon 151, algunas de menores de edad, según datos obtenidos a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Campeche es la única entidad, cuya Fiscalía General del Estado aseguró que nadie se ha acercado a denunciar al portal de internet.
En entrevistas, las Fiscalías de Campeche y Quintana Roo explicaron las acciones que realizan para investigar el sitio web. Se trata de esfuerzos aislados por entidad. No trabajan de manera conjunta para esclarecer un problema que afecta a toda la Península de Yucatán.
El titular de la Fiscalía de Campeche, Renato Sales Heredia se dijo dispuesto a pedir ayuda de la Fiscalía General del República (FGR) y hasta de la Guardia Nacional (GN). Estela Noemí Labastida Rodríguez, vicefiscal de investigación territorial de Quintana Roo, reveló que pidieron la intervención de la FGR.
En lo que refiere a Yucatán, el estado con más denuncias -136-, el fiscal Juan Manuel León León se negó a hablar del tema. Aunque en febrero de este año, en una comparecencia ante el Congreso del Estado comentó que investigarían si hay personal de la la Policía Cibernética involucrados con Packs de México. Y alegó que ya hay carpetas judicializadas por delitos cibernéticos.
Sus dichos se contradicen con la información obtenida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), en donde respondieron que no tienen registros de una sola carpeta judicializada.
La activista que lucha contra la violencia digital en México e impulsora de una reforma, Olimpia Coral Melo calificó a la FGE de Yucatán como una de las más cerradas en transparentar el proceso de justicia con las propias víctimas.
“Pero desgraciadamente, en una Fiscalía como la Fiscalía Yucatán, en donde por más que hemos mandando mensajes en ruedas de prensa, por más que hemos dado entrevistas, por más que las compañeras del Frente Nacional para la Sororidad han mandado oficios no hemos tenido una solución directa o al menos una mesa de trabajo en donde nos puedan informar el porqué se está parando esta situación ¿no?
“El llamado es para saber en donde se está bloqueando el acceso a la justicia, saber quién lo está bloqueando y por qué se está bloqueando”, declaró.
Otra de las observaciones es que, en otros estados, cuando se denuncia un mercado de explotación sexual de este tipo, como medida de protección se bajan de inmediato los contenidos íntimos de las denunciantes.
“La policía cibernética en coadyuvancia con la Fiscalía se avalan de esta medida de protección de bajar los contenidos, no sabemos si aquí se está haciendo esto”, comentó Olimpia Coral Melo.
MAS DE 100 DENUNCIAS EN YUCATÁN
Emmy Puerto era menor de edad cuando compartieron sus fotografías. Cursaba la preparatoria y enfrentarlo no fue fácil. No tuvo apoyo de las autoridades educativas de su escuela. Vivió el rechazo de algunas amistades, familiares, incluso, algunos maestros la señalaron.
Años después, cuando tenía 18 años, la amiga de un joven con el que salía, la amenazó con enviar esas fotografías a Packs de México.
A Emmy, al igual que a otras de las víctimas, un usuario desconocido de Facebook la intentó extorsionar. Le pidió dinero a cambio de no subir sus imágenes a Packs. No aceptó porque sabía que de todas formas lo harían – las venderían- y acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE) a denunciar.
“Voy a denunciar y según la Fiscalía, éste no era un delito porque yo había dado mi consentimiento para mandar las fotografías. Yo no sabía de leyes, tenía 18 años. Me puse a llorar. Me sentía sola con una fiscal que era mujer y me estaba haciendo sentir que era mi culpa que vendieran mis fotografías. Pedí que por favor dejen entrar a mi mamá, no la dejaban porque ya tenía 18”, relató la joven.
La agente de la Fiscalía que la atendió le exigió que se dejara de hacer la víctima.
“La señora que tomó mi denuncia se desesperó y habló a otra mujer, que era la que estaba viendo los demás casos contra Packs, porque había muchísimas carpetas y me dijo, ‘no Emmy, debes de dejarte de hacer ya la víctima porque de verdad, esto te va a seguir toda la vida’”, comentó.
Sufrió violencia digital y bullying, motivo por el que se cambió de escuela varias veces. En una de esas ocasiones se reencontró con su agresor, él intentó disculparse, pero como ella no aceptó, él inició de nueva cuenta la violencia en su contra.
Actualmente, Emmy con 21 años, encabeza el Frente Nacional para la Sororidad en Yucatán. Ayuda a otras mujeres que como ella, son víctimas de violencia digital. “Les invito a cuestionar todo lo que les han enseñado. No tengan miedo, no es su culpa, jamás es culpa de nosotras. Siempre es culpa del agresor y de las personas que comparten”, manifestó.
VIOLENCIA DIGITAL
El artículo 243 Bis 2 del Código Penal del Estado de Yucatán detalla que se sancionará con prisión de seis meses a cinco años, a la persona que dé a conocer asuntos relacionados con la intimidad personal con el objetivo de causarle daño. En sus incisos señala que se castigará a quien oculte medios técnicos para escuchar, grabar, reproducir actividades interpersonales en un lugar privado. Del 2018 a 2021, se denunciaron 8 casos ante la FGE.
El delito contra la intimidad personal contemplado en el artículo 243 Bis 3 del mismo Código, indica que se castigará con uno a cinco años de cárcel, a quien con la aprobación de otra persona obtenga “imágenes, textos o grabaciones de voz o audiovisuales de contenido erótico, sexual o pornográfico de aquella y las revele, publique, difunda o exhiba sin su consentimiento, a través de mensajes telefónicos, publicaciones en redes sociales, correo electrónico o por cualquier otro medio”. Por este delito se iniciaron 14 carpetas de investigación.
SOFÍA DENUNCIÓ A SU AGRESOR
Sofía posó en dos ocasiones, una a los 16 y otra a los 17 años, para un fotógrafo llamado Alberto N. Lo hizo bajo coerción, él la presionó para que aceptara.
En el 2019, se enteró que él había vendido las sesiones a Packs de México. Sus amistades y conocidos le enviaron mensajes y llamaron para informarle. Ese día tuvo un ataque de ansiedad, entró en crisis.
“Yo recuerdo que le tuve que decir a mis papás para evitar extorsiones o algo. Y cuando yo les dije, hubo problemas en mi casa, peleas, me querían sacar de mi casa. Con mis amistades no hubo problemas, fueron muy comprensibles”, explicó.
A partir de ser expuesta, iniciaron otras violencias. Relacionarse afectivamente era difícil; los hombres la veían como un objeto, “como si yo me hubiera vendido”, reprochó.
En la escuela tampoco era la misma, le costaba concentrarse y bajaron mucho sus calificaciones. A tres años de denunciar, en enero de 2021, se realizó un operativo para catear la casa del fotógrafo, sin embargo, no fue imputado ni vinculado a proceso.
Al igual que Emmy, ella vivió revictimización. Sofía fue sometida a peritajes de fotografías y tuvo que recrear las imágenes delante del personal de la Fiscalía.
“La Fiscalía no tiene tacto. Cuando me tomaron fotos para hacer comparaciones, había como diez personas observando como si nada y yo me tenía que quitar las prendas. El que me tomó las fotos era un hombre, aunque la doctora, la antropóloga y también la abogada se quedaron en ese momento”, recordó.
DENUNCIAS SIN CARPETAS DE INVESTIGACIÓN
La Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) no tiene denuncias en contra del sitio web. El fiscal Renato Sales Heredia aseguró que ninguna mujer se ha acercado a las autoridades para pedir que investiguen el sitio web.
Otra de las posibilidades, según explicó, es que el personal -antes de su administración- abriera actas circunstanciadas, lo que significa que se tomó constancia del hecho, pero no se inició una carpeta de investigación.
“En Campeche no tenemos una denuncia en específico, entonces, apenas tengamos algún dato actuaremos en consecuencia, pero estamos dispuestos a apoyar las gestiones de Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y de todos los estados en los que tengamos afectación directa o denuncia sobre el tema”, expresó el fiscal.
De lo que no está exenta esta entidad, es de la violencia digital. Entre el 2020 y 2021, se interpusieron 7 denuncias por el delito de violación a la intimidad sexual. 20 fueron actas circunstanciadas, de esto se logró dar certeza por información obtenida vía transparencia.
Sales Heredia anticipó que en tres meses pondrá en marcha una Fiscalía Especializada en Delitos Cibernéticos.Y si registran alguna denuncia contra Packs de México solicitarán apoyo a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Guardia Nacional (GN).
De manera personal, consideró que México debe suscribirse al Convenio de Ciberdelincuencia de Budapest, el cual busca perseguir los delitos informáticos y de internet para armonizar las leyes nacionales, así como aumentar la cooperación entre las naciones.
NO HAY CONSECUENCIAS
Las fotos de Maritza se encuentran en el catálogo del sitio web, cualquier persona que se suscriba puede tener acceso a su intimidad. En esas imágenes ella tenía 14 años. No entiende cómo alguien puede pagar para ver fotografías de una niña. Le da asco imaginarlo
“Cómo hay gente que te consume, tú ni siquiera aprobando eso y aunque lo apruebes, no tendría porqué estar consumiéndose y menos, menores de edad. He escuchado testimonios de otras mujeres que han tratado de hacer algo para tratar de detener la página y no pasa nada”, acusó.
Ir a denunciar no es fácil. La revictimización es uno de los factores que prevalecen en el paso de las víctimas por las fiscalías. Por este motivo, muchas coincidieron en que no quieren acercarse a las autoridades. La mayoría manifestó con enojo, que de todas formas nadie hace nada.
“Se sabe y es público, que hay gente de poder que está protegiendo a las personas que están detrás de todo eso y por eso no podemos hacer nada”, comentó Maritza.
“Porque tan fácil que debería ser denunciar y que esa persona que compartió mis fotos quede tachada, pero pues, mis fotos no se van a quitar de ahí, por mas que quiera hacer algo, a menos que se pueda bajar toda la página y aunque yo se que se puede quitar, tienen miles de respaldos, entonces, es como tener que aceptar eso y vivir con eso”, lamentó.
Maritza describió que la página de internet intenta conseguir más información de las mujeres que vulnera cuando publica sus contenidos íntimos. Más datos de las víctimas representan más ganancias para quienes las envían. El día que publicaron sus fotografías una usuaria de Facebook desconocida intentó obtener su número telefónico.
QUINTANA ROO
Anabel tenía 15 años de edad cuando compartieron sus fotografías íntimas. Nunca pensó que unas fotografías transformarían su vida, al punto de intentar suicidarse en tres ocasiones. Salir con sus amigas y ser feliz como cualquier adolescente dejó de ser su preocupación. En cambio, tuvo que luchar por sobrevivir a la violencia digital y sus consecuencias.
Vive en un pequeño poblado, ubicado en el municipio de José María y Morelos en Quintana Roo, en donde los habitantes rápidamente se enteraron de sus imágenes. Ella supo lo que ocurría porque unos conocidos le preguntaron del tema. Ese mismo día confrontó a su exnovio y él aseguró que no las compartió, que tal vez fue su hermanito.
Una semana después, un tío de Anabel le dijo a su familia que las fotografías estaban circulando en el pueblo. Al día siguiente, su mamá fue interponer la denuncia por pornografía infantil.
“Mi mamá fue a poner una denuncia por pornografía infantil en la agencia de Morelos, le habían dicho que como soy menor de edad, no va violencia digital. Siendo menor de edad me dejaron sola con la fiscal cuando no debió de ser, se debió quedar mi mamá para escuchar”, explicó que al igual que otras mujeres se enfrentó a un sistema sin perspectiva de género.
Antes de que las fotos de Anabel aparecieran en Packs de México, una persona del pueblo las vendía por 100 pesos a quien se las pidiera. La vida de la adolescente cambió por completo, el miedo, la pena y la intranquilidad se volvieron parte de su cotidianidad.
Por vergüenza dejó de compartir el transporte con unos maestros con los que viajaba todos los días hasta su escuela en Peto, Yucatán. Se encerró en casa por casi dos años, solo salía para ir a clases.
“Era una burla para el pueblo, no podía salir, estuve casi dos años encerrada de mi casa a la escuela. Yo perdí el apoyo de mis papás, me llegaron a decir que era una ofrecida, incluso mi familia se separó. Sin embargo, mi mamá se dio cuenta que yo necesitaba el apoyo de alguien porque estaba yo sola. Ella iba todos los días a la fiscalía y le decían que no hay nada que hacer que porque yo era la culpable por enviar las fotos. Me revictimizaron”, relató.
En el 2019 recibió una llamada de extorsión, le advirtieron que si no enviaba más fotos subirían sus imágenes a Packs de México. No aceptó. Cumplieron con la amenaza y también colocaron sus datos personales, incluido su número celular. En ese punto, la violencia contra Anabel aumentó. El primo de su agresor estaba en la misma escuela y amenazó con violarla.
“Me llamaba puta, me decía que si él quería, en la misma escuela me podía agarrar para hacerme algo y yo le llamaba a mi papá para decirle lo que estaba pasando. Mi mamá estaba enferma de cáncer y no podía decirle, no quería que se altere. Cuando viajaba en el autobús con él (primo) me insultaba y se tocaba los genitales”.
Para Anabel en aquellos momentos su padre era su fortaleza. La rescató en varias ocasiones de los ataques en el autobús y para evitar que la lastimaran la empezó a llevar y recoger de la escuela todos los días.
Él falleció el año pasado y otra vez comenzaron a molestarla sus compañeros. “Me preguntaron qué haría ahora que no está mi papá y se empezaron a burlar de que había muerto”, dijo con lágrimas en los ojos.
La joven y su madre lograron la vinculación a proceso contra el que distribuyó sus fotografías. Además, hicieron otra denuncia por acoso y, como era servidor público en el municipio de José María y Morelos, lo destituyeron de su cargo. Pero contra Packs de México nada ha pasado.
En el 2020, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo recibió la primera denuncia contra el portal Packs de México. El delito de violencia digital aún no estaba tipificado en el Código Penal de esa entidad. Se encuadró, según sus características, en violación a la intimidad personal.
Cabe mencionar que la Fiscalía de Quintana Roo se divide en dos zonas; la sur y la norte, que está en el municipio Benito Juárez y es donde se concentran el mayor número de carpetas de investigación por violencia digital. Es la única que cuenta con un fiscal especializado en este delito.
“Posterior a la reforma se iniciaron 11 carpetas de investigación relacionadas con esa página web, de las cuales, siete se encuentran en la zona norte y cuatro en la zona sur. Si bien, es cierto que cada denuncia tiene una conectividad en relación a la página web, son hechos separados, cada una constituye un delito y por cada hecho es una sanción”, abundó la vicefiscal de Investigación Territorial, Estela Noemí Labastida Rodríguez
Las vicefiscal informó que ya solicitaron la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la división de la policía cibernética. Reconoció el trabajo de los policías de investigación que pertenecen a la unidad de inteligencia del estado, pero también admitió que no es suficiente para cerrar Packs de México.
De las denuncias de delitos digitales -no contra el sitio web- Labastida Rodríguez aseguró que ya judicializaron cinco carpetas de investigación y cumplieron dos órdenes de aprehensión contra los agresores. De los tres estados de la Península, Quintana Roo tiene el mayor número de denuncias por delitos digitales, con 261.
LA VIOLENCIA A LAS DENUNCIANTES
Anahí es mujer policía y recuerda muy bien la fecha que subieron sus fotografías íntimas, ese día falleció uno de sus compañeros del trabajo. A ella la exhibieron en una presunta página de noticias de Facebook. Intentó contactar a los administradores para pedirles que bajaran sus imágenes, pero la tenían bloqueada.
La pareja de Anahí logró ubicarlos y le dijeron que fueron hackeados. Sin embargo, horas después una persona de nombre Roberto lo contactó y confesó que él había vendido las fotos a este medio de comunicación. Le pidió 2 mil 500 pesos para recuperar su inversión y no seguirlas difundiendo.
Lo convencieron de que el pago se efectuara mediante una transferencia. La tarjeta de débito a la que hicieron el depósito estaba a nombre de un reportero del mismo medio que la violentó. Con esta prueba interpuso la denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.
“Me siento mal porque no veo que le tome interés la Fiscalía. No me hacen caso de lo que estoy pasando, no saben lo que se siente. Como mujer policía estaba ahí encerrada con varios compañeros que te están viendo, burlándose, acosándome y que te están viendo de otra manera, que te dicen ‘si están tus videos es porque eres una puta’; así me tratan en el trabajo”, afirmó.
La carpeta de Anahí no avanzó hasta que en noviembre del año pasado intervino una abogada y activista que aún la acompaña en el proceso de demanda. A consecuencia de la violencia digital que vivió renunció a la corporación donde trabajaba, para ya no ser acosada por sus compañeros.
Teresa regresó a Quintana Roo después de que nació su segunda bebé, ya que su mamá le ayudaría en el postparto. El 17 de enero del 2021, una mujer llamada Daniela le escribió para decirle que el papá de su segunda hija y pareja tenía una relación sentimental con ella.
Se sintió engañada y pensó que debía ser solidaria, pues ambas eran víctimas de una mentira. Acordaron intercambiar pruebas de la relación que tenían con el mismo hombre. Por accidente envió unas capturas de pantalla en donde estaban sus fotografías íntimas. Las mismas imágenes que difundieron posteriormente.
Supo que sus fotos empezaron a circular en Facebook porque su hermano le avisó.
`Pusieron cuatro fotos mías , dos dónde está mi cara y estoy vestida y dos donde no, y ponen como si él (usuario de Facebook) tuviera una relación conmigo. Escribe que me extraña y otras groserías. Me etiquetaron a mí y 50 personas, pero como mi muro tiene privacidad y no se veía nada, se lo enviaron a mi mamá, hermanos, mi expareja, su esposa y mi ex suegra. Hasta lo subieron a un grupo de ventas”, comentó sorprendida.
El 27 de enero del 2021, Teresa interpuso una denuncia por el delito de violencia digital en contra de quien resulte responsable. Aunado a esto, su expareja y papá de su primera hija, aprovechó el momento delicado que vivía ella para quedarse con la niña. Ninguno de los dos tenía la guarda y custodia de la menor, habían acordado la convivencia sin un juicio de por medio.
“Daniela empezó a hablar mal con la esposa de mi expareja, se unieron y me empezaron a llegar mensajes de que quería perjudicar al papá de mi primera hija, le dije que nunca haría eso. La niña siempre ha vivido conmigo, yo nunca se la he negado, pasa navidad con él, se va una semana o dos semanas”, lamentó.
Teresa denunció por sustracción de menores al papá de su hija y expareja. Lo que más le lastimó es que usaron sus fotografías íntimas para poner a la pequeña en su contra. Reclamó que no tenían porque exponer a una menor a esos contenidos.
“Me han enviado mensajes diciendo que van a destruirme. La niña está muy fría y distante conmigo. No la vi del 31 de julio hasta enero que fue la audiencia inicial. Saben que mi hija es mi debilidad, tengo miedo ahora que estoy acá haciendo todo por recuperarla, se ensañan con ella. Era una niña feliz con una vida tranquila y todo ha cambiado”, finalizó.
Elizabeth es maestra y renunciará a su plaza porque ya no soporta los acosos que recibe por sus colegas, tanto hombres como mujeres. A ella una expareja la engañó para iniciar una relación sentimental, al punto de decirle que era viudo y que su esposa estaba muerta.
“Las maestras pasaron las fotos a un grupo, a una red social con apoyo de mi ex, porque al momento de darse cuenta que su matrimonio se acabaría, me quiso ridiculizar y ponerme como si fuera una prostituta. Muchas veces me lo insinúo, me dijo que yo me visto como prostituta porque usaba vestidos pegaditos, que yo me maquillo muy exagerado y siempre hacía críticas hacia mi persona, es en ese momento que me alejé de él por completo”, narró.
El hombre compartió sus fotografías con un grupo de maestras para acosarla. Cree que su objetivo era hacerla renunciar.
“Supuestamente son mis fotos que yo compartí con mi pareja, que era mi novio y por enojo, por rabia y complot con las maestras, subieron mis fotos al grupo. Me enteré de que mis fotos estaban circulando, por los acosos y agresiones que recibí en la calle. Quiero denunciar a las mujeres que pasaron mis fotos sin mi consentimiento”, reiteró.
Para la maestra en derecho y representante del Colectivo Xtabay y la Red de Víctimas Quintanarroense, Ariadne Song Anguas, la revictimización que sufren las mujeres al momento de ir a denunciar deja claro que el personal de la Fiscalía de Quintana Roo no está capacitado.
Manifestó que el personal de la Fiscalía cree que sólo si se comparte algo en Facebook es violencia digital. Tampoco siguen el protocolo con perspectiva de género del Código Nacional de Procedimientos Penales. Todo lo anterior permite la impunidad y en consecuencia, la corrupción para que los agresores digitales continúen delinquiendo.
“No cuentan con técnicos en informática para hacer las inspecciones en las páginas de internet y (así) realmente dar con el IP, el correo electrónico, el nombre de usuario de Facebook, de Instagram o de Whatsapp, los números telefónicos y no mandan oficios a las compañías telefónicas para acceder a los datos, o incluso los estados de cuenta donde las víctimas de violencia digital depositaron dinero para no ser exhibidas. No los están investigando”, recriminó.
Debido a la falta de interés de la Fiscalía, las víctimas de violencia digital son constantemente agredidas, vulneradas en el espacio virtual. En tanto, los agresores continúan libres e impunes.
“No le dan la atención psicológica y médica de forma inmediata, incluso los asesores victimales por parte de las comisiones ejecutivas de atención a víctimas de todos los estados, no le piden el registro de víctima o no le piden al fiscal la calidad de víctima en el delito de violencia digital, lo cual hace que la víctima se sienta sola, aislada”.
Respecto al sitio web Packs de México, Ariadne Song reveló que colaboran con el Frente Nacional para la Sororidad, fundado por la activista Olimpia Coral Melo para hacer “safaris nocturnos”, en donde descubrieron que el portal cada mes actualiza el catálogo en donde cosifican los cuerpos de las víctimas.
Lamentó que, aunque existen cientos de denuncias, la Policía Cibernética no ha firmado un convenio de colaboración con otras plataformas digitales para rastrear el IP (origen) de la página.
“Las excusas de los fiscales o vicefiscales, de todas las fiscalías de la República Mexicana es que ellos no hacen las leyes, que sólo se limitan a ejecutarlas. Las fiscalías de toda la República Mexicana no tienen un protocolo para que las víctimas puedan denunciar. Muchas de ellas desconocen que sus fotos están en Packs de México y por eso no lo refieren en la narración de hechos o no piden como acto de investigación que el perfil o link de esta página sea investigado”.
LAS AUTORIDADES ALIADAS
A la pregunta expresa de si tienen alguna relación o protección directa con la Fiscalía estatal, Fiscalía Federal o policía cibernética; uno de los administradores de Packs de México dijo que no podía revelarlo “No puedo darte mucha información, ya que gracias a los contactos es que podemos mantener algunas cosas”, se lee en el correo a través del cual contestó una serie de preguntas a manera de entrevista, luego de negarse a otorgarla en cualquier otra modalidad.
Tampoco creen posible que los encuentren, de hecho, está convencido de que en México no cometen un delito. “Tener el sitio en otro país donde no está penado nuestro rubro , no hay problema”, mencionó.
Redujo el daño que causa a miles de mujeres en un negocio en donde debe satisfacer a los clientes. De cómo obtienen el material explicó que la mayoría ya está en las redes circulando y ellos solo van de “pesca”.
El equipo, según el administrador, lo integran cinco personas de forma directa y tres vía remota, en total son ocho. La mayoría vive en Yucatán y otros pocos en el norte y centro del país.
El número de suscriptores que mantienen es de 4 mil 500 en promedio, es decir, que las ganancias, cobrando una membresía de 150 pesos por mes, es de 675 mil pesos, podría ser más. Detalló que el número de personas que se suscriben varía, sube de a poco, nunca va a la baja.
Para cobrar el dinero de las membresías utilizan diversas tarjetas de débito, las cuales cambian constantemente. Existe la posibilidad de que los titulares de las cuentas no sepan que sus datos son usados para delinquir.
“Algunos documentos oficiales los obtenemos del mismo sistema, sea del INE o de Bancos, ya que tenemos el poder de entrar a sus sistemas y obtenerlos, algunas cuentas las obtenemos comprándolo de los dueños y no les importa su uso o fin”, describió en el correo.
En este punto, en el 2021 durante el desarrollo de esta investigación, una mujer del municipio de Tekax,Yucatán descubrió que existía una tarjeta a su nombre que era utilizada por Packs de México. Acudió a interponer su denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y por temor a represalias pidió guardar el anonimato.
El número de mujeres, incluidas menores de edad, que son explotadas en esta página web es de mil 700 en línea y de más de 5 mil sin subir aún. “Nos llegan entre 3 a 5 por día, por lo general nos envían de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Veracruz y Chiapas.
De la responsabilidad de explotar a menores de edad mencionó no ser consciente. Aun así, dijo, podría existir la posibilidad de bajar este contenido si lo comprueban.
“Lo desconocemos, ya que es difícil saber sin un documento oficial ya que las chicas están muy desarrolladas hoy en día, sin embargo cuando nos hacen llegar algún acta de nacimiento, damos la posibilidad de poder eliminar a la chica”, apuntó.
Los efectos de la violencia digital en las mujeres que la sufren, van más allá de lo virtual. Las agresiones pasan a ser físicas y tienen repercusiones a nivel psicológico y emocional. Afecta su vida personal, familiar, laboral y académica. En tanto, así como los administradores de Packs de México, sus agresores se esconden detrás de una computadora o celular, sin pagar por su delito ante la justicia.
