Los niveles de impunidad y la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones de seguridad y justicia empeoraron en México en los últimos dos años. “Nuestro país vive un momento crítico, producto del profundo deterioro de las instituciones”, dijo el doctor Luis Ernesto Derbez Bautista, Rector de la Universidad de las Américas Puebla.
Los resultados del Índice Global de Impunidad México 2018 arrojan que 16 de 32 estados de la República presentan niveles “muy altos” de impunidad. El Estado de México encabeza la lista, seguido de Tamaulipas, Baja California, Coahuila, Quintana Roo, Guerrero, Aguascalientes, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, Durango, Baja California Sur, Nuevo León, Yucatán y Querétaro.
Ciudad de México, 13 de marzo (SinEmbargo).- México ocupa el lugar 66 de 69 países con mayores niveles de impunidad, de acuerdo con del Índice Global de Impunidad México 2018 (IGI) de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).
Entre 2016 y 2018, los niveles de impunidad en México aumentaron. El promedio nacional del IGI, tomando en cuenta las 32 entidades federativas, pasó de 67.42 a 69.84 puntos sobre 100.
Los mexicanos “estamos acorralados por la impunidad. Vivimos en la impunidad”, dijo este día el doctor Luis Ernesto Derbez Bautista, Rector de la UDLAP.
“La impunidad debe de estar en el centro de discusión de los candidatos estatales y federales […]. Estamos terminando el sexenio y se están desbordando la impunidad y la corrupción”, abundó.
En la opinión del académico, se tiene que actuar sobre aquellas condiciones que están generando las situaciones de impunidad. “Enfrentar la impunidad es un problema de falta de voluntad política”, recalcó.
Los resultados del IGI 2018 arrojan que 16 de 32 estados de la República presentan niveles “muy altos” de impunidad. El Estado de México encabeza la lista, seguido de Tamaulipas, Baja California, Coahuila, Quintana Roo, Guerrero, Aguascalientes, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, Durango, Baja California Sur, Nuevo León, Yucatán y Querétaro.
El resto de las entidades federativas tiene niveles “altos”, a excepción de la Ciudad de México, que tiene nivel “medio”; y Campeche, con nivel “bajo”. Además, Michoacán y Nayarit están clasificados como casos “atípicos”, pues la información respecto de ellos no es confiable.
Mientras que en los últimos dos años la impunidad ha ido en aumento, sólo dos estados redujeron su índice en más de dos puntos porcentuales: Campeche [2.16] y Morelos [5.84].
Tan grave es la situación de impunidad en todo el territorio nacional que el promedio a nivel estatal es de 70 puntos sobre cien. Esto quiere decir que la mayor parte de los delitos en nuestra nación no son castigados.
En México, según el IGI, del total de delitos consumados sólo el 4.46 por ciento termina en sentencia condenatoria. Y sólo siete de cada 100 delitos cometidos son denunciados.
“La razón de fondo que desincentiva a los ciudadanos a denunciar es que el sistema que debe castigar los delitos tiene profundos problemas estructurales y funcionales en las instancias de seguridad, justicia y derechos humanos”, se lee en el informe.
El bajo nivel de denuncia y el ínfimo grado de delitos condenados implican “que la impunidad simple y llana, entendida como delito sin castigo, estaría en los márgenes del 99 por ciento en México. Es decir, menos del 1 por ciento de los delitos en México son castigados”.
Entre los factores que alimentan a la impunidad están:
Uno: El déficit en el sistema de justicia.
“Debemos recordar que México tiene cuatro veces menos jueces y magistrados que el resto del mundo [apenas 3.9 por cada 100 mil habitantes]. El país se encuentra en esta situación por el déficit de estas instituciones tanto en los estados como en el ámbito federal”, refiere el informe.
Dos: El homicidios no se castiga en México.
“El porcentaje de encarcelados por Homicidios […] bajó de 27.5 a 17.09 por ciento. La disminución de casi 10 puntos porcentuales de este indicador es resultado de los problemas estructurales de las instituciones de seguridad y justicia a nivel estatal. Las instituciones no tienen agencias de investigación profesionales, independientes y con capacidades suficientes para atender el delito de homicidio”, concluyó el estudio de la UDLAP.
Tres: La cifra negra, o los delitos no denunciados, se mantiene en niveles altos.
La cifra negra “inclusive aumentó casi un punto porcentual en dos años al pasar de 92.8 a 93.7 por ciento [ENVIPE INEGI]. Lo que confirma que los mexicanos siguen sin tener confianza en sus instituciones de seguridad y justicia para denunciar sobre los delitos de los cuales fueron víctimas”.
Cuatro: Deterioro de la infraestructura y capacidad humana de los ministerios públicos.
“El número de agencias para atención es tan sólo 3.53 agencias
por casa 100 mil habitantes. El personal de los MP cayó de 33.0 a 31.19 al igual que los agentes de 7.6 a 6.27 por cada 100 mil habitantes. También descendió la tasa de agentes para la atención de los delitos. Para cada mil delitos registrados la proporción de agentes disminuyó de 5.31 a 4.97”, indican datos de la UDLAP.
Cinco: Déficit de policías estatales profesionales: tenemos la mitad de los que deberíamos de tener y sólo la mitad de ellos pasa las pruebas de confianza.
Seis: Saturación del sistema de justicia y reducción del personal penitenciario hasta en un 15 por ciento.
Para el doctor Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la UDLAP, “la impunidad en México es un problema generalizado y por desgracia se ha normalizado a nivel social y político. Mientras no dé marcha atrás, el Estado de derecho en nuestro país no mejorará”.
Y según su estudio, “la impunidad alimenta la corrupción, acrecienta la inseguridad y genera más violencia. Los países con altos niveles de impunidad son susceptibles de tener episodios nacionales de violaciones graves a los derechos humanos”.
En consecuencia, urgió a plantear soluciones y tomar medidas ad hoc.
Entre las recomendaciones de la UDLAP están: profesionalizar a las instituciones de seguridad a nivel local; garantizar la autonomía de las instituciones de justicia a nivel local y federal, además de las comisiones locales de derechos humanos; evaluar el sistema penitenciario; castigos ejemplares a los agentes y funcionarios que favorezcan la corrupción; promover políticas públicas de justicia cotidiana; mejorar los mecanismos de cooperación y coordinación interinstitucional entre autoridades y órdenes de gobierno; aplicar las recomendaciones internacionales; entre otras.
