En 2017, cuando entre en vigor la Constitución de la Ciudad de México, las delegaciones serán alcaldías con entre 10 y 15 concejales, los cuales deberán vigilar la acción del titular, pero también deberán ser vigilados por los ciudadanos para evitar nuevos actos de corrupción, coinciden analistas.
Ciudad de México 13 de marzo (SinEmbargo).– La Reforma Política de la Ciudad de México trajo consigo nuevas reglas del juego para los políticos que gobernarán lo que fue el Distrito Federal: los delegados desaparecerán para convertirse en Alcaldes electos con un Cabildo integrado por concejales.
En un hecho inédito y en un abrir y cerrar de ojos, los delegados que fueron electos el 7 de junio de 2015 tendrán que rendirle cuentas a un grupo de entre 10 y 15 regidores, quienes participarán de todas las decisiones que antes, tomaba una sola persona.
De acuerdo con la Reforma Política de la Ciudad de México publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en su artículo 122, apartado VI, “será la Constitución Política y las leyes locales las que definan la operación de las alcaldías con sus concejales”.
La Reforma, hasta el momento, establece que el Consejo será electo por votación universal en planillas conformadas por el Alcalde y entre siete y 10 regidores. El Consejo o Cabildo quedará integrado por 60 por ciento de concejales electos por mayoría relativa y 40 por ciento por representación proporcional.
Si bien la Reforma Política establece que ningún partido político o coalición podrá contar con más de 60 por ciento de los concejales, el punto no garantiza que al haber representación de la oposición en la Alcaldía, la corrupción no toque a los miembros del Consejo.
RENDICIÓN DE CUENTAS
Eduardo Huchim May, experto en el sistema político mexicano y ex consejero en el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), dijo que fue correcto establecer concejales para las alcaldías como contrapeso del Alcalde, pero que deben establecerse controles de rendición de cuentas para ellos.
“Por lo general lo colegiado es mejor que lo individual, esto se supone si hay una conducta adecuada de los concejales, porque para la Ciudad de México es una nueva experiencia, pero en los estados es común y tenemos de todo: ayuntamientos que son un desastre”, destacó.
Huchim May propuso que la Constitución, que deberá quedar lista en febrero de 2017 y que será redactada por una Asamblea Constituyente que será votada el 5 de junio de este año, debe establecer como obligatoria la Ley 3de3.
“Es importante que la Constitución y las leyes secundarias establezcan estos controles y que haya una norma que obligue a lo que ahora se está promoviendo como la Ley 3de3: la declaración de impuestos, intereses y patrimonial”, opinó.
Eduardo Huchim explicó que si las leyes secundarias de la Reforma Política establecen como obligatorio, lo que ahora es opcional en el país, la Ciudad de México estaría a la vanguardia en materia de transparencia.
PERO NI MANCERA HA DECLARADO EL #3DE3 DEL IMCO
Un reto para una ciudad que está reprobada en transparencia presupuestaria con 56 puntos según el índice de Información Presupuestal Estatal 2015 del Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO). El Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera Espinosa, por ejemplo, no ha presentado su declaración patrimonial, de intereses y fiscal en la plataforma #3de3 del instituto y la organización Transparencia Mexicana.
Según información del IMCO, sólo nueve gobernadores han cumplido con el ejercicio de transparencia: Baja California, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí y Sonora.
Nicolás Loza Otero, analista político de Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), coincidió con Huchim, pero agregó que la iniciativa #3de3 debería establecerse a nivel federal.
“La idea sería que haya una ley federal que nos ayude a combatir la corrupción, que en el ámbito de la competencia del Constituyente, de la ALDF [Asamblea Legislativa del Distrito Federal] como en la Cámara de Diputados se adopten leyes anticorrupción de la mejor calidad posible. No hay ley que nos asegure que no habrá, yo diría que corrupción siempre va haber, pero con una buena ley, podríamos lograr niveles menores”, dijo.
En cuanto a los concejales, Loza indicó que es mejor tenerlos, que no tenerlos, aunque costará al erario de la Ciudad de México.
“Uno de los argumentos en su contra es que nos van a costar los salarios, equipos, pero será una manera de integrar cuadros que actualmente cuando pierden la elección quedan fuera de la toma de decisiones y entonces sus puntos de vista los hacen valer en las calles a través de boicot. Digamos el problema es si efectivamente este cuerpo colegiado va a vigilar al Alcalde”, explicó.
MÁS BUROCRACIA
La propuesta de los concejales y el incremento de la burocracia en las alcaldías, ha sido criticada por César Cravioto Romero, Coordinador de la bancada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la ALDF, por el costo que significará sostener sus salarios y oficinas.
María Eugenia Valdés Vega, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Iztapalapa, agregó que los ciudadanos deben estar muy atentos a lo que sucederá con los concejales.
Por la composición del cabildo, podrían convertirse en una especie de “feudos” o “tribus” que respondan sólo a sus intereses políticos.
“La ciudadanía tiene que estar bien informada. La gente vota pensando que está escogiendo a buenos equipos, entonces debe llamar a cuenta a esos equipos completos, ojalá que lo pueda hacer, porque como hicieron un esperpento de la Reforma Política, ambigua y complicada, puede ser un experimento peligroso, pero yo confío en los habitantes del DF”, opinó.
