El Grupo Carso, propiedad de Carlos Slim, gestiona el Cefereso femenil de Morelos, el cual ha sido acusado por familiares de las presas por prácticas de tortura y maltrato a las reas. Este domingo, organizaciones defensoras de derechos humanos confirmaron la denuncia. En un comunicado detallaron que agentes federales y custodios torturaron sexualmente a las internas causando incluso la muerte de una de ellas.
Ciudad de México, 13 de marzo (SinEmbargo/Vice Media).– “Las marcaban con un asterisco en la espalda y las maltrataban. Las golpeaban con la mano y con macanas y que no pidieran permiso para ir al baño”, relata María Wang. Su hija Taylin, de 36 años de edad, es una de las mujeres privadas de libertad —bajo proceso penal— en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 16 CPS Femenil Morelos, donde lleva recluida desde el pasado 9 de enero.
“Le negaban calmantes. Padece de dolores en el hombro y la espalda por la tortura que sufrió cuando la detuvieron. Necesita ansiolíticos y crema para la piel. No tenían ropa ni jabón para bañarse”, agrega María, quien sólo puede visitar a su hija cada ocho días, en una conversación telefónica con el periodista de Vice, Emilio Godoy.
Este domingo, organizaciones defensoras de derechos humanos confirmaron la denuncia. En un comunicado detallaron que agentes federales y custodios torturaron sexualmente a internas que fueron trasladadas al nuevo Cefereso 16 de Morelos, causando incluso la muerte de una de ellas.
Las internas provenían del Centro Federal Femenil de Tepic, Nayarit, y del Centro de Prevención y Readaptación Social de Topo Chico, en Monterrey, según organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac).
“Durante su traslado bajo custodia de agentes federales y/o de custodios y al llegar al Cefereso, fueron víctimas de tortura y malos tratos, incluyendo actos de tortura sexual, como violación, tocamientos y otras formas de discriminación en razón del género, sometimiento mediante descargas eléctricas, golpes e incomunicación”, señalaron.
“Según múltiples testimonios, dichos actos provocaron la muerte de una mujer de aproximadamente 50 años y al menos una más se encontraría gravemente herida”, añadieron.
Ante esta situación, las organizaciones exigieron a las autoridades frenar los desplzamientos de las internas, además de que la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) transparente la información sobre los traslados realizados en diciembre y febrero.
“Que la Comisión Nacional de Derechos Humanos dé puntual seguimiento al expediente de queja abierto y entreviste a todas las mujeres privadas de su libertad en el Cefereso 16.
“Que el Cefereso garantice el acceso a la atención médica y los medicamentos a las internas que los requieran”, demandaron las organizaciones firmantes.
El 27 de octubre de 2015, la Secretaría de Gobernación (Segob) incorporó el Cefereso 16 al Sistema Penitenciario Federal, al cual ya están adscritos otros seis centros privatizados. Tiene capacidad para unas 2 mil 500 internas, opera en el municipio de Coatlán del Río, Morelos, y funciona bajo el esquema de Contrato de Prestación de Servicios (CPS), el formalismo para designar la privatización de la construcción y administración penitenciarias gestionada por el Gobierno mexicano desde los tiempos de Felipe Calderón.
Durante el diciembre pasado, internas ya condenadas fueron transportadas en un barco de la Marina desde el reclusorio “Rehilete”, situado en Islas Marías. Otras reclusas fueron trasladadas desde la cárcel femenil “Noroeste” en Tepic. La movilización en grupos de 200 mujeres concluyó hacia mediados de enero de 2016.
Taylin es madre de tres hijos —de 17, 9 y 7 años— y se estableció en México en 2007 para abrir un restaurante de comida peruana. A pesar de la tortura, no aceptó ningún cargo en su contra ni firmó acta de culpabilidad.
En México unas 225 mil personas están privadas de libertad en 447 centros penitenciarios —sólo 51 por ciento ha recibido sentencia— y de los cuales siete son federales, diez de la Ciudad de México, 336 estatales y 95 municipales, según la Segob. Del total de personas recluidas en el país, unas 11 mil 600 son mujeres y de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2014 —elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)— las prisiones mexicanas padecen sobrepoblación, violencia, corrupción e ineficiencia.
Al igual que Wang, otros familiares de las reclusas del CPS denuncian que sus parientes padecieron golpes, amenazas, vejámenes sicológicos y privación de comida en un recuento que implica al menos 60 víctimas durante el traslado a ese reclusorio en diciembre y enero. Además, denuncian que han sufrido privaciones de alimentos, medicamentos y de condiciones inadecuadas de internamiento.
Los relatos de los parientes de las reclusas sugieren que las puntuaciones mediocres que han recibido los centros penitenciarios del país no surgieron por aparición espontánea. Esas denuncias se acumulan en el ya infame récord del sistema penitenciario mexicano.
“Mi hermana padeció malos tratos. Le negaron comida, sufrió hostigamiento y amenazas”, recuerda con una voz invadida de indignación Arturo Mendoza, hermano de Aurora Mendoza, una de las internas del penal.
Aurora, madre de tres hijos, fue trasladada en diciembre desde Tepic. Policías federales la aprehendieron el 28 de agosto de 2013 en su departamento en Ecapatec de Morelos, Estado de México. Dos años y medio después, la fiscalía no ha podido probarle los cargos de secuestro y delincuencia organizada.
NEGOCIO PRIVADO
IDEAL, filial de Grupo Carso —propiedad de Carlos Slim—, recibió por adjudicación directa en diciembre de 2010 el CPS de Morelos, que le concede por 20 años la prestación de los servicios del reclusorio —excepto los de seguridad—, por un pago anual de 1 mil 80 millones de pesos. El Cefereso debía abrir en 2010, pero la constructora se retrasó y firmó 10 aplazamientos con el Gobierno, como lo reportó la Auditorio Superior de la Federación (ASF).
En su Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, la ASF cuestionó la base legal para aplicar la política gubernamental de privatizar los penales —modelo importado y promovido por Estados Unidos— y los aplazamientos en la entrega de las instalaciones, sin penalizaciones por los atrasos.
En octubre pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA), concluyó en que los reclusorios mexicanos sufren hacinamiento, corrupción y malos tratos, luego de una visita un mes antes del estadunidense James Cavallaro, relator del organismo para las Personas Privadas de Libertad.
A criterio de Javier Carrasco, director del Instituto de Justicia Procesal Penal, los abusos se enmarcan en un patrón prevaleciente en las cárceles, donde las mujeres son las más vulnerables. Para él, una solución para la prevención y sanción de malos tratos y tortura en las penitenciarías pasa por la aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que se encuentra a debate en el Senado.
Esa ley “daría transparencia al sistema penitenciario. Es necesario que se involucre el Poder Judicial”, señala. “Reciben tratos más injustos. Las autoridades las obligan a tolerarlos y ellas optan por aceptar y no denunciar para no tener más problemas adentro”.
Elena Azaola, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, visitó el Cefereso 16 el 25 de enero último, cuando constató los vejámenes mediante entrevistas anónimas. Con base en la información recabada, entregó un reporte al sistema penitenciario, en adición a otro que también está en manos del Gobierno.
“Las autoridades ya conocen los casos y hay una investigación en curso. Hubo un trato indigno que no se justifica, se les maltrató. Las autoridades prometieron resolverlo”, indica una fuente enterada del entuerto.
Por su parte, Amnistía Internacional considera a Taylin Wang sobreviviente de tortura en México. Detenida por policías federales en su casa el 7 de febrero de 2014 junto a su pareja acusados de pertenecer a una banda de secuestradores y crimen organizado, padeció golpes y tortura durante su aprehensión y primeras horas de encarcelamiento, de tal seriedad que perdió al feto en su vientre, sin que las autoridades le prestaran cuidados adecuados.
Para María Wang, nacionalizada española y quien radica en México desde la aprehensión de su hija, ese trato dificulta la rehabilitación de las reclusas. “Van a salir resentidas. No se cumplen los reglamentos, pasan por alto muchas cosas. La autoridad tiene elementos para sancionar a las custodias”, expresa.
La incógnita persistente es si los penales privatizados ayudarán a impedir los abusos o si ocurrirán sólo bajo otro tinglado.
