De las 162 mujeres asesinadas en Guerrero durante 2015, en 119 de los casos se utilizó arma de fuego, otras fueron lapidadas, asfixiadas, degolladas, desmembradas o muertas a golpes y seis supuestamente fueron violadas. Desde hace cuatro años ningún perito ha sido llamada para certificar un feminicidio en la entidad.
Por Carlos Navarrete Romero
Ciudad de México, 13 de marzo (SinEmbargo/El Sur).- Anahí tenía 24 años cuando con una piedra de casi 10 kilos le destrozaron la cabeza. Antes, su cuerpo recibió patadas y puñetazos de cinco hombres que la sacaron de una fiesta para matarla. Todos están libres.
Anahí Ramírez Ambrosio es parte de una estadística negra en Guerrero: al menos 162 mujeres fueron asesinadas en 2015, 119 con arma de fuego, el resto fueron lapidadas, asfixiadas, degolladas, desmembradas o muertas a golpes. Por las condiciones en que se encontraron, sin pantaletas o semidesnudas, en al menos seis casos se presume que fueron violadas; a dos las incineraron en sus vehículos.
La estadística corresponde a los casos publicados en El Sur el año pasado. Esta cifra no bastó a las autoridades estatales para declarar una alerta de género en la entidad.
No fue posible acceder a las cifras oficiales porque la Fiscalía General del Estado (FGE) no respondió las solicitudes de información que quedaron asentadas con los números de folio 00000416, 000004216 y 000004016. Tampoco el Fiscal de Guerrero, Xavier Olea Peláez, accedió a dar entrevistas al respecto.
De los 162 asesinatos de mujeres, 75 (46.29 por ciento) se cometieron en Acapulco; 16 (9.87 por ciento) en Iguala, y 12 (7.4 por ciento) ocurrieron en Chilapa. Estos los municipios con más casos en todo el año, el resto se dieron en Pungarabato, Huitzuco, Tlapa, Tlacoachistlahuaca, Tepecoacuilco, Pungarabato, Chilpancingo, Taxco, Tixtla, Ajuchitlán del Progreso, Zumpango y Ahuacuotzingo.
Pero las autoridades guerrerenses no lo quieren informar, lo que significa una barrera para las organizaciones civiles y la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) para solicitar la alerta de género en Guerrero.
Según el reglamento de la Ley Número 553 de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, solamente la Codehum y las organizaciones civiles legalmente constituidas pueden solicitar a la Secretaría General de Gobierno una alerta de género.
Quien la solicite, entre sus requisitos, deberá presentar la narración de los hechos en que se basa para estimar que existen delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres, que perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame.
En términos prácticos, deben documentar y demostrar a la Secretaría General de Gobierno que en Guerrero las mujeres están siendo asesinadas y además que se trata de feminicidios.
La maestra en Ciencias de la Comunicación e investigadora de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Elia Moreno del Moral, explicó que este requisito es la razón por la que no hay solicitudes, pues es casi imposible acceder a esa información.
Comentó que la única institución que cuenta con esos datos es la FGE, pero no los facilita a las organizaciones y en consecuencia, al no cumplirse ese requisito, la solicitud es desechada.
“Cuando tú solicitas la alerta de género las organizaciones civiles tienen que narrar, tienen que documentar y eso a mí me parece un absurdo ¿cómo tú [el gobierno] le dejas ese trabajo a las organizaciones civiles? si a la Comisión Estatal de Derechos Humanos no le han dado esa información ¿tú crees que se la van a dar a las organizaciones civiles?”.
Esta postura es respaldada por el presidente de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno, quien recordó que tanto en la administración de Rogelio Ortega Martínez, como en el actual gobierno que encabeza Héctor Astudillo Flores, se ha intentado impulsar la alerta de género.
Ni el anterior Fiscal, Miguel Ángel Godínez Muñoz, ni el actual titular de la FGE proporcionaron la información que requirió la Comisión: ¿cuántos casos de feminicidio son investigados?.
En el caso de Olea Peláez, quien asumió el cargo en diciembre pasado, la respuesta a la Codehum fue simple: no tiene conocimiento de cuántas mujeres fueron asesinadas el año pasado, ni cuántos de estos casos se tratan de feminicidio porque su antecesor no clasificó los expedientes por delitos.
“Fue especialmente complicado en el gobierno de Rogelio Ortega porque no se nos facilitaron las cosas, no tuvimos la información que estuvimos reiteradamente solicitando tanto a la fiscalía como al Poder Judicial y a las propias instituciones de gobierno, eso nos dificultó la petición de alerta de género”, explicó el ombudsman.
EL ASESINATO DE ANAHÍ CLASIFICADO COMO HOMICIDIO AGRAVADO
14 de marzo de 2015. 9:30 de la noche.
El cuerpo de Anahí quedó tendido boca arriba en la calle Juan Escutia de la colonia Nopalera, en el municipio de Huitzuco. Junto a ella quedó la piedra que ocuparon sus agresores para asesinarla, también un charco de sangre. No se sabe cuántas veces le golpearon la cabeza, pero fueron suficientes para desfigurarle el rostro y aplastarle por completo el cráneo.
Uno de sus hermanos, de 16 años de edad, lo vio todo.
Cinco hombres la sometieron a tortura física minutos antes de que uno de ellos acabara con su vida. La policía logró detener a tres: Marcos Almazo Guzmán, Heriberto Bahena Velázquez y Delfino Giovanni Solano Núñez.
El asesinato de Anahí fue declarado homicidio agravado y no feminicidio, a pesar de que uno de sus agresores tiene tendencias misóginas, y así lo indica un examen psicológico practicado a Marcos Almazo en el Ministerio Público y que estuvo a cargo de la perito en psicología Gabriela Giovanna García Catalán .
“Se observan rasgos de personalidad que muestran un sujeto tendiente a una actitud agresiva socialmente, lo cual le genera dificultad en sus relaciones sociales, lenguaje indecente y arranques de mal humor, observándose imágenes hostiles en su ambiente e inseguridad, repudio hacia la imagen femenina; asimismo se observa preocupación, ansiedad y baja autoestima”, se lee en la conclusión del examen al que el agresor fue sometido, documento al que tuvo acceso El Sur.
La tipificación de feminicidio ha sido tema de debate en Guerrero entre organizaciones feministas y las autoridades. Aún no se ponen de acuerdo para definir las características que debe reunir el asesinato de una mujer para obtener esa clasificación.
Si bien algunos grupos consideran que no es feminicidio el asesinato de una mujer ejecutada a balazos porque eso presume que tenía algún vínculo con la delincuencia organizada, descartando así razones de género, hay otros que defienden la postura de que cualquier homicidio, por las razones que sean, deben considerarse como tal.
La Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, establece que la violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social, y del Estado, y puede culminar en homicidio y otras formas violentas contra las mujeres.
Es decir, se trata de feminicidio cuando el agresor siente odio hacia la mujer por el hecho de ser mujer. Este es el criterio que algunas feministas, como Emma Cerón Díaz, utilizan para plantear que no todos los asesinatos de mujeres son feminicidios, pues en algunos casos el homicidio se comete por razones ajenas al género.
Ema Cerón, socióloga, maestra en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y activista, explicó que existe confusión en el concepto feminicidio. Ella saca de este supuesto a todas las mujeres asesinadas por sus presuntos vínculos con la delincuencia.
“Hay casos a los que no se les puede llamar feminicidio, porque no hay odio, digamos que el punto nodal del feminicidio es odio a la mujer, pero hay casos en los que no hay tal. A veces porque no pagaron, porque están trabajando con el otro grupo (delictivo), porque pusieron el dedo, entonces no es odio, es negocio”.
El Código Penal del Estado de Guerrero tiene un concepto más amplio. Establece siete supuestos que, en caso de cumplirse uno solo, ya se habla de feminicidio.
“Comete delito de feminicidio quien, por razones de género prive de la vida a una mujer.
“Existen razones de género cuando ocurra cualquiera de los supuestos siguientes:
La víctima presente señales de violencia sexual de cualquier tipo; a la víctima se le hayan ocasionado lesiones o mutilaciones denigrantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida, así como actos de necrofilia.
Que existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia, cometido en el ámbito familiar, laboral o escolar, cometido por el sujeto activo en contra de la víctima; existan datos o referencias que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima.
Haya existido entre el sujeto activo y la víctima una relación de familia, sentimental, afectiva o de confianza;
El cuerpo de la víctima sea expuesto, arrojado o exhibido en un lugar público, con el objeto de denigrarla, debido a su calidad de mujer.
La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo, previo a la privación de la vida”
Para la feminista y reconocida defensora de mujeres contra la violencia en Guerrero, María Luisa Garfias Marín, es el Código Penal el que debe prevalecer cuando se habla de feminicidios, ya que en éste se rigen las autoridades ministeriales para determinar qué conductas son delictivas y cuáles son las sanciones que deben aplicarse.
Según su criterio, basándose en los siete supuestos que plantea el Código Penal, la mayoría los asesinatos de mujeres son feminicidios.
Además criticó la criminalización de la que son objeto cuando son asesinadas a balazos, pues se les relaciona directamente con la delincuencia pese a no existir una investigación.
“Todos señalan que son mujeres asesinadas porque estaban involucradas en el narcotráfico, porque son novias o amantes de los chavos que andan en el narcotráfico, y siempre me pregunto ¿En qué se basan para poderlo decir? No hay una investigación de la Fiscalía, ¿qué no te dice que el que la mata a balazos es su ex esposo o el amante?”.
Aseguró que reconocer los asesinatos de mujeres como feminicidios es aceptar que en Guerrero hay un problema grave de violencia extrema contra ese género y las autoridades emprenderían acciones inmediatas y políticas públicas para evitar que las sigan matando, pero existe resistencia de las instituciones para hacerlo, en consecuencia siguen en estado de vulnerabilidad.
TRES DETENIDOS POR EL ASESINATO DE ANAHÍ FUERON LIBERADOS
14 de marzo de 2015. 10:00 de la noche.
Un hombre abraza el cuerpo de Anahí. No deja de mirarla. Casi 30 minutos aferrado a ella como ignorando que está muerta. Llora mientras le habla al oído. “Vámonos Anahí, levántate y vámonos”. Durante 30 minutos esa fue la súplica de su esposo.
11 de febrero de 2016. 12:30 de la tarde.
Sentado en un banco de madera del comedor comunitario de la iglesia de San Gerardo, en Iguala, el padre de Anahí, Roberto Ramírez Tolentino cuenta la pena que carga.
El hombre de 42 años habla entrecortado. Hace pausas constantes para tomar aire, se rasca la cabeza, tose y aprieta la quijada. Repite el ritual cada que el llanto quiere ganarle. Siempre mira a su derecha, donde está la puerta y evita el contacto visual con las personas.
Habla de su hija. Anahí era madre y dejó huérfana a una niña de siete años. Los problemas económicos en su familia le impidieron acceder a una carrera universitaria. De los seis hijos de Roberto –cuatro mujeres y dos hombres–, ella era la mayor y la única que ayudaba en el sustento del hogar. Además de ser ama de casa, trabajaba en la juguería Mari, frente al mercado municipal.
El 7 de febrero pasado a las 5:00 de la tarde, las tres personas detenidas por el homicidio de su hija fueron liberadas. Los jueces argumentaron que había contradicciones en las versiones de dos testigos que, ocultos tras un árbol la noche del asesinato, vieron el martirio de Anahí.
Los jueces que resolvieron la liberación de los tres detenidos son Rafael Sandoval Ortiz, Hever Fernández Nava y Celso Ubaldo de la Sancha. El abogado que asesora a la familia, quien pidió el anonimato, explicó que los tres jueces coincidieron en que no había argumentos suficientes para dictar el auto de formal prisión en contra de los detenidos.
Explicó que omitieron el examen psicológico de Marcos Almazo Guzmán, los señalamientos directos que hacen los familiares en contra de los inculpados, la declaración de los policías que participaron en la detención y otros elementos que presentó el Ministerio Público para probar la culpabilidad de los detenidos.
A decir del abogado, hay sospechas de que el ex Alcalde de Huitzuco, el priista Norberto Figueroa Almazo, quien estaba al frente del Ayuntamiento cuando sucedió el crimen, intervino en la resolución de los jueces por un posible parentesco entre éste y Marcos Almazo. Incluso contó que un trabajador del Ayuntamiento, cercano al ex Presidente, asumió la defensa de los inculpados.
El señor Roberto cuenta que todo el proceso legal ha sido cansado, principalmente por los gastos que implica. Recordó que tras el asesinato de su hija pidió 30 mil pesos prestados, 15 mil los utilizó para la sepultura.
La familia de Roberto tiene ahora siete integrantes, tres de ellos menores de edad y estudiantes. Él, que se desempeña como albañil, es el único sustento económico para todos.
El padre de Anahí tiene miedo. Desde la liberación de los presuntos homicidas de su hija duerme poco. Se la pasa alerta, vigilando. No descarta un ataque contra su familia, y ha pensado en irse de Huitzuco, pero no puede porque el dinero no le alcanza.
LA ALERTA DE GÉNERO
El reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que la declaratoria de alerta de género tiene como fin detener y erradicar la violencia contra las mujeres mediante acciones de emergencia que estarán a cargo de la Secretaría General de Gobierno en coordinación con los municipios.
Pero esto se conseguirá solamente si alguna organización civil o la Codehum presentan formalmente una solicitud que cumpla con todos los requisitos establecidos por la ley, lo que significa apenas el primer paso de toda una travesía burocrática que podría tardar hasta 60 días.
Dos meses en total para que el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres determine si hay o no elementos para declarar la alerta.
De conseguirlo, las acciones que las autoridades estatales emprenderían son: el reforzamiento de patrullajes, la instalación y mejoramiento del alumbrado público, instalación de cámaras de video y postes de emergencia en puntos estratégicos, además de incrementar la vigilancia y seguridad en el transporte público.
También estarían obligadas a buscar y localizar niñas y mujeres desaparecidas, y elaborar protocolos de actuación y reacción policial en materia de violencia de género y personas desaparecidas (protocolo Alba).
Además se emprenderían acciones institucionales encaminadas a la prevención, como la integración de un banco de datos sobre casos de violencia contra las mujeres; crear unidades de género en todas las áreas de gobierno; generar campañas permanentes para prevenir la violencia de género; y establecer un programa de capacitación, sensibilización, formación y profesionalización en materia de derechos humanos para servidores públicos.
En materia de justicia, el gobierno deberá garantizar que se investiguen y resuelvan los delitos vinculados a violencia de género, acceso a la justicia y reparación del daño; crear una unidad de contexto para la investigación de feminicidios que permita identificar las dinámicas delictivas y de violencia contra las mujeres, mediante análisis antropológicos y sociológicos; entre otras medidas.
Para las feministas el gobierno del estado no debería esperar una alerta de género para emprender todas esas acciones encaminadas a erradicar y prevenir la violencia de género, pues aseguran que es más un asunto de voluntad política.
Emma Cerón es perito certificada en género y feminicidios del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. El nombramiento lo recibió hace aproximadamente cuatro años. Cuenta que al igual que ella, Josefina Martínez, psicóloga de la Codehum, es perito en la materia.
Desde que recibieron el nombramiento y hasta enero de este año, ninguna de las dos fue llamada para dar un dictamen. En Guerrero sólo hay tres peritos en feminicidio, la tercera se encuentra en Acapulco.
–¿Cuál debería ser su función? –se le pregunta a Emma Cerón.
–Yo debo definir o dar alguna pericia cuando alguien tenga una duda sobre el asunto del feminicidio (…) se tiene que armar una teorización, me llaman y me hacen preguntas concretas. Al final el juez va a definir si es o no feminicidio.
Dice que aunque nunca la han llamado, siempre está al tanto y se mantiene actualizada en el tema por si es requerida, por fin, en algún caso. Quiere pensar que si no la han buscado es porque en los juzgados no hay dudas de lo que implica un feminicidio y los casos que encajan en esa categoría son tratados como tal.
Pero para María Luisa Garfias el panorama es distinto. El hecho de que ni a Cerón ni a Josefina Martínez las hayan requerido aún, es indicio de que las autoridades no han declarado feminicidio ningún asesinato de mujer y consecuencia tampoco hay justicia.
Aseguran que el gobierno no reconoce que existe un problema grave de feminicidios porque hacerlo es un castigo a su administración, sería aceptar que esta entidad no es segura para las mujeres.
“A los gobiernos les preocupa lo que se está diciendo en sus estados y creen que una alerta de género disminuye turismo, inversión”, cuenta Garfias Marín.
Esta postura coincide con un hecho reciente en Guerrero. El 15 de diciembre pasado, diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y el Ecologista de México (PVEM), que llevaron al gobierno a Héctor Astudillo, frenaron un exhorto a la federación por el que el Congreso Local solicitaría la declaratoria de alerta de género en Guerrero, propuesta que impulsó la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano y que contó con el respaldo de los legisladores de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Si bien un exhorto del Congreso no es la vía para solicitar la alerta, sí es una presión política para intentar reconocer este problema. La propuesta fue presentada a mediados de diciembre, justo cuando comenzaba la temporada vacacional de fin de año.
En esas fechas la presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Congreso, la perredista Yuridia Melchor Sánchez, aseguró que el PRI y el PVEM frenaron el exhorto porque si se aprobaba se enviaría el mensaje de que Guerrero no es un lugar seguro para las mujeres, lo que ahuyentaría el turismo y la inversión en la entidad.
A decir de la investigadora de la UAG, Elia Moreno, los gobiernos estatales no deberían ver en la alerta de género un castigo, al contrario, aseguró que es una oportunidad para no ser omisos y emprender acciones encaminadas a que en Guerrero las mujeres no sigan siendo asesinadas.
GUERRERO, ENTRE LOS ESTADOS CON MÁS FEMINICIDIOS
Según el informe Situación de Derechos Humanos en México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre 2013 y 2014 siete mujeres fueron asesinadas diariamente en México, y entre 2011 y 2013, los estados que presentaron las tasas más altas fueron Guerrero, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Durango, Nuevo León, Morelos, Zacatecas, Sinaloa, Baja California y el estado de México.
En enero de este año se registraron 11 casos en la entidad, pero el gobierno no quiere ver que en Guerrero están matando a las mujeres.
