Ciudad de México, 13 de marzo (SinEmbargo).– México llegó a una crisis de derechos humanos luego de años de tener en puestos públicos a autoridades negligentes que actúan como políticos en lugar de hacerlo como verdaderos estadistas, afirmó Perseo Quiroz Rendón, director ejecutivo de Amnistía Internacional (AI) sección México.
Parte del problema de credibilidad que enfrenta el gobierno federal, expresó, se debe a que “no toma en serio los derechos humanos”.
La violación de los derechos humanos humanos en México es un tema que los organismos internacionales han señalado de manera insistente durante las últimas semanas. Esta semana, el Relator Especial de Naciones Unidas (ONU) sobre la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, expresó que la tortura en México es generalizada y ocurre en un contexto de impunidad, lo que es un aliciente para su repetición y agravamiento.
“La tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la Justicia son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad”, reza el primer párrafo de las conclusiones del informe de Méndez sobre México.
El Embajador de México ante la ONU en Ginebra, Jorge Lomónaco Tonda, respondió de inmediato que eso es una “falacia” y “no corresponde con la realidad”.
Ante esta situación, el Relator “recomienda” a México “reconocer públicamente la dimensión de la impunidad respecto a las torturas y malos tratos y enviar enérgicos mensajes públicos a todos los funcionarios de seguridad y justicia federal y estatal de que toda tortura y maltrato será seriamente investigado y castigado, conforme a la normativa internacional, constitucional y penal”.
En entrevista con SinEmbargo, Quiroz Rendón planteó la necesidad de este reconocimiento, pues a pesar de los cambios de funcionarios en áreas encargadas de impartir justicia, como la Procuraduría General de la República (PGR), la crisis continuará. Para salir adelante consideró necesario no sólo el que el Estado mexicano admita que existen problemas muy graves en materia de respeto a los derechos humanos, sino un cambio estructural en las instituciones.
Sin este reconocimiento y sin este cambio, advirtió, las cosas “podrían empeorar”.
LA PERCEPCIÓN PÚBLICA
–El Presidente Enrique Peña Nieto aceptó que su gobierno enfrenta una crisis de credibilidad, pero no dijo nada sobre derechos humanos. ¿Cómo interpreta esta respuesta?
–De entrada hay una falla en el diagnóstico. Sí hay una crisis de incredulidad en su Gobierno, eso es cierto, pero los problemas que enfrenta el país no se deben a esa crisis. Deberíamos preguntarnos por qué existe esa incredulidad. La incredulidad se debe, justamente, a la ineficacia que ha tenido el Estado mexicano al atender temas de derechos humanos. La administración de Enrique Peña Nieto ha mostrado negligencia para atender casos como Ayotzinapa, como Tlatlaya, o para tomarse los derechos humanos en serio. Creo que de ahí deriva la crisis de credibilidad. Pero no creo que la crisis de credibilidad sea la razón de la crisis de todo el país. Intentan ver que todo el problema es algo de percepción pública, pero hay señas tangibles para entender que se debe a otras cosas, como la crisis de derechos humanos que vive el país y, en ese sentido, los propios números oficiales así lo marcan. Del número de desaparecidos [más de 22 mil] casi la mitad se han dado en esta administración, y hay un número significativo de homicidios. El número de secuestros ha crecido en este gobierno, la tortura ha aumentado un 600 por ciento. Los indicadores y los datos duros ahí están, ahora hay que ver qué hacen ellos ante esa realidad, y la actitud que han tenido ha sido descalificarlos. Creo que ahí no está el tema: no es una batalla de percepción pública, porque los números duros ahí están.
–¿Tenemos a los funcionarios competentes para enfrentar esta crisis de respeto a las garantías individuales?
–Los funcionarios públicos que tenemos han estado muy por debajo del nivel esperado ante estas crisis, creo que han reaccionado más como políticos y menos como estadistas, y eso nosotros lo hemos reiterado. Necesitamos estadistas no políticos. No han reaccionado frente a esta crisis de derechos humanos que estamos viviendo hoy en día en el país, y me refiero a los altos niveles de gobierno, en los funcionarios claves, en los que está ese mensaje de cero impunidad y que no ha sido así.
–¿Consideran que la llegada de Arely Gómez González como Procuradora General de la República traerá algún cambio?
–En Amnistía Internacional más que creer en personas creemos en instituciones. En el caso de la Procuraduría General de la República (PGR) lo que se requiere es que la institución cambie de fondo, no creemos que con la llegada de una nueva persona esto vaya a cambiar, más bien es un tema de que haya una voluntad política para que pueda haber un cambio estructural en la PGR. Eso es un poco de la expectativa que tenemos. Estaremos al pendiente de las acciones que lleve a cabo la nueva Procuradora y denunciaremos por aquellas que se lleven a cabo y no tanto por las situaciones discursivas que se manejan. Esos son los temas que estaremos vigilando.
–¿Cuál es la expectativa que tienen, en materia de impartición de justicia, con el relevo en la PGR, y ahora con el posible nombramiento de Eduardo Medina Mora como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)?
–Recuerdo cuando el Procurador Jesús Murillo Karam decía que encontró una PGR devastada. No creo que la PGR que él haya cambiado mucho desde su llegada. Hemos visto las deficiencias que tiene la propia Procuraduría para atender casos de alto perfil, para poder llevar a cabo investigaciones efectivas, para realizar investigaciones que cumplan con estándares internacionales, y estándares forenses. Entonces, eso no ha cambiado y creo que esa es la misma Procuraduría –con cambios menores–. Y esa es la Procuraduría que encuentra Arely Gómez. Ahora, en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), creemos que ha hecho un trabajo bastante serio en temas de derechos humanos, que ha sido uno de los poderes que más en serio se ha tomado este tema: generando protocolos, generando criterios jurisdiccionales importantes. Y en ese sentido nosotros vemos que es un órgano bastante sólido y esperamos que siga en ese mismo rumbo, en ese mismo camino. Respetamos el trabajo que han hecho los ministros; evidentemente en algunas ocasiones no hemos estado de acuerdo con las sentencias que han emitido, pero eso no quiere decir que no veamos un trabajo demasiado serio.
–Arely Gómez dice que no va a haber carpetazos ni va hacer persecuciones…
–Todas las señales institucionales, no sólo de la PGR sino del Gobierno de la República, indican que hay una urgencia por cerrar casos como el de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pero juzgaremos esto por las acciones que tome, no tanto por los discursos que dé. Si dice que no va a dar carpetazos está bien, pero eso se tiene que demostrar a través de acciones concretas y no a través de discursos. Esperamos que el diseño institucional funcione, porque no necesariamente funciona en todos los casos, pero pues bueno, ya han estado las comparecencias tanto de Arely Gómez y de Eduardo Medina Mora. Esperemos que sea una decisión muy bien razonada, una decisión, ya se a favor o en contra, que explique la motivación en estos temas. Eso es lo que nos importa.
–¿Qué podemos esperar ante este panorama?
–Lo que nosotros prevemos, al menos, en el caso de la PGR, es que si no se toman las medidas adecuadas vamos a seguir viviendo momentos de crisis, y la crisis en derechos humanos se va a acentuar todavía más. En el caso de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, es un órgano colegiado, y habría que ver primero a quien se nombra y su actuar. Nosotros hemos visto que ha reaccionado de forma adecuada hasta cierto punto y habrá que ver la balanza de poderes dentro de la Corte. Es importante este nombramiento, pero también es importante los otros relevos que hay en la Suprema Corte.
