El año 2022 fue el previo a la elección que marcaría el fin del PRI en el Gobierno del Estado de México. Durante ese periodo, de acuerdo con la auditoría local, hubo cientos de obras financiadas con dinero estatal que tuvieron fallas de millones de pesos. Esto ocurrió en 2022, pero en la entidad es un acto que trascendió gobernadores.
Ciudad de México, 13 de febrero (SinEmbargo).- En Tecámac, Estado de México, hay un auditorio que se pudre. Únicamente se utilizó una vez y fue para recibir al entonces Presidente Enrique Peña Nieto. Eruviel Ávila Villegas, el Gobernador entonces, habló de la inversión y la derrama económica que llegaría a la zona. Nada de eso pasó.
La misma historia se repitió con un hospital en Zumpango que costó millones de pesos. Hoy es uno de los elefantes blancos que se han acumulado durante décadas en el estado.
Otro ejemplo de las obras mexiquenses son las autopistas de OHL: cuando empezaron a operarlas quedó clara la relación entre empresarios y Gobierno.
El Estado de México es el más poblado de todo el país; la demanda de obra pública, áreas verdes y recreativa, hospitales y transporte es alta, sin embargo, las administraciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI) encontraron en ese rubro una manera de justificar un gasto aunque las evidencias sean obras incompletas, de mala calidad o fantasmas.
Así ocurrió con Enrique Peña Nieto, Ávila Villegas y Alfredo del Mazo Maza, el último de ese partido.
En 2022, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), revisó las acciones realizadas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra, por la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas y por la Secretaría de Movilidad y encontró pagos indebidos de adquisiciones; obra pagada no ejecutada; pago por trabajo no hecho; desvíos; simulación de ejecución de las obras pero con el gasto hecho; pago a empresas distintas; falta de comprobación de presupuesto y contrataciones indebidas e incumplimiento de plazos.
Además: contratos indebidos en diversas adquisiciones de alimentos y útiles escolares; duplicación de servicios de asesorías, se pagaron pero las oficinas de gobierno las hacían y pago de seguros institucionales sin justificación.
Y también cantidades pagadas adicionales no autorizadas; mala calidad en obras; desvío por deductivas y adjudicaciones indebidas.
Cada observación tuvo su costo económico.
Los modos de operar fueron generalizados. Por ejemplo, en el caso de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra, la Auditoría señaló que la dependencia “no planeó, programó y ejerció el presupuesto asignado […] la información presupuestal que obra en la Contaduría General Gubernamental, refleja la asignación de recursos mayores a los programados para la ejecución de 53 obras, ello sin haber presentado algún elemento de convicción legal así como, con documentación justificativa y comprobatoria que acredite la aplicación, uso y destino final de la diferencia de los recursos”.
De aquí se derivan 297 millones de pesos de posibles anomalías en la Construcción de fosa de clavados al interior de la ciudad deportiva “Lic. Juan Fernández Albarrán”, una obra nueva, en Zinacantepec, Cabecera Municipal; la restauración de la Plaza de los Mártires,
Municipio de Toluca; en el Parque de la Ciencia Xico, Valle de Chalco; en la Modernización de la plaza del mariachi en el municipio de Calimaya y en la remodelación de la Unidad Deportiva “San José”, en el municipio de San Vicente Chicoloapan.
En conjunto se encontró que éstas no fueron ejecutadas de acuerdo con lo que se pagó y especificó en los contratos.
Para la construcción de Parque de la Ciencia en Los Reyes Acaquilpan, en el municipio La Paz, se detectaron 135 millones de irregularidades por obra que no se hizo.
La Auditoría hace este tipo de revisiones que concluyen que las obras que no se realizan se convierten en proyectos que no atenderán las necesidades de la población objetivo y sobre esto versa una de las anomalías más costosas, que fue por 358 millones 427 mil pesos.
Ese dinero se detectó en la construcción de La Ciudad de las mujeres en los Los Reyes Acaquilpan, que forma parte del proyecto estatal que busca erradicar la violencia contra las mujeres; en la construcción del Hospital Integral en el municipio de Coacalco; la reestructuración del hospital materno infantil y la modernización de la Ciudad Deportiva en Zinacantepec.
En lo que respecta a la Secretaría de Movilidad, los casos que resaltan son los del Viaducto de la carretera federal México – Toluca con el boulevard Solidaridad Las Torres, en Lerma. Ahí la Secretaría entregó la obra a un contratista por adjudicación directa, lo que evidenció un beneficio a dicha empresa porque no había razón para no hacerla competir. Eso se tradujo en un acto con una posible irregularidad de 45 millones 261 mil pesos.
Lo mismo ocurrió con otras cuatro obras: la construcción de la infraestructura vial para comunicar las colonias del norponiente de Naucalpan, con el sur poniente del municipio de Atizapán de Zaragoza; la primera etapa para la construcción de la Avenida Fresnos, municipio de Cuautitlán Izcalli y Cuautitlán; la construcción de gazas para el distribuidor vial Lomas Verdes y la Construcción del entronque Valle de Bravo – San Gabriel Ixtla – Colorines en Valle de Bravo.
La Auditoría detectó que la entidad “pagó indebidamente” por la ejecución de diversas inversiones “a favor de contratistas con quienes guardó una relación contractual y a quienes pudo haber beneficiado al realizar deductivas de conceptos de obra”.
El posible daño al erario fue por 170 millones 593 mil pesos.
