México
Genaro García Luna fue Secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 durante el Gobierno del entonces Presidente Felipe Calderón.

Operación vs. García Luna

México, bancos y firmas de abogados abultan el expediente para hundir al exsecretario

13/02/2022 - 6:00 pm

El equipo de fiscales asegura haber recolectado también correos electrónicos y mensajes WhatsApp, aunque no se especifica su naturaleza, además de otros documentos enviados por el Gobierno de México, así como por varios bancos como Bank of America, Citibank o Sabadell United Bank y firmas de abogados.

Ciudad de México/Nueva York, 13 de febrero (SinEmbargo/EFE/AP).- Fiscales de Estados Unidos consiguieron documentos del ordenador portátil del Secretario de Seguridad Pública mexicano Genaro García Luna, titular de la dependencia durante la Presidencia de Felipe Calderón (2006-2012) y a quien acusa de delitos relacionados con narcotráfico y de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa.

En un escrito enviado por la Fiscalía federal del Distrito Este de Nueva York al tribunal que lleva el caso, se hace una relación de la nueva documentación reunida por los abogados del Gobierno, en anticipación a la vista programada para la próxima semana en la que el Juez preguntará a las partes sobre el avance de las diligencias.

El equipo de fiscales asegura haber recolectado también correos electrónicos y mensajes WhatsApp, aunque no se especifica su naturaleza, además de otros documentos enviados por el Gobierno de México, así como por varios bancos como Bank of America, Citibank o Sabadell United Bank y firmas de abogados.

Genaro García Luna, Secretario de seguridad pública de México durante el mandato de Felipe Calderón entre 2006 y 2012. Foto: Cuartoscuro

Sin embargo, como es habitual, la Fiscalía solicita al juez que todo el material permanezca embargado y no se haga público.

Hasta el momento, los fiscales han reunido más de un millón de documentos y audios que supuestamente incriminan al exalto funcionario mexicano.

El Juez que preside el caso, Brian Cogan, fijó el comienzo del juicio para el próximo 24 de octubre, para dar tiempo a la Fiscalía de continuar sus pesquisas y a la defensa de García Luna para revisar la ingente cantidad de material acumulado.

La próxima semana Cogan convocó a las partes para interrogarles sobre sus avances y así determinar, entre otras cosas, si se mantiene la fecha del comienzo del juicio o si es necesario posponerla.

También sigue pendiente la decisión del Juez sobre la petición de la Fiscalía de proteger a los miembros del jurado manteniendo su anonimato, evitando que mantengan contacto con el público durante su estancia en los juzgados y garantizando que sean acompañados diariamente por alguaciles en su viaje a la corte.

La Fiscalía realizó esta solicitud el pasado diciembre por considerar que “el acusado tiene los recursos financieros para intimidar o incluso hacer daño al jurado”.

Hasta el momento, los fiscales han reunido más de un millón de documentos y audios que supuestamente incriminan al exalto funcionario mexicano. Foto: Misael Valtierra, Cuartoscuro

García Luna dirigió entre 2001 y 2005 la extinta Agencia Federal de Investigación de México, encargada de luchar contra la corrupción y el crimen organizado, y entre 2006 y 2012 fue secretario de Seguridad Pública, durante el Gobierno de Felipe Calderón.

Según la Fiscalía, “el acusado utilizó sus cargos oficiales para ayudar al cartel de Sinaloa, un famoso cartel de la droga mexicano, a cambio de sobornos multimillonarios” y agregó que tiene previsto llamar a testificar a “numerosos testigos” que han sido partícipes de la violencia ejercida por este cartel mexicano para “protegerse de rivales, luchar por su territorio y silenciar a aquellos que cooperaran con las fuerzas de seguridad”.

Estos testigos, según el escrito, incriminarán a García Luna y asegurarán que recibió pagos para que este ayudara al grupo criminal.

En septiembre de 2021, los fiscales estadounidenses informaron que entregaron al abogado de García Luna documentos enviados por el Gobierno mexicano que detallan sus actividades comerciales.

Estos testigos, según el escrito, incriminarán a García Luna y asegurarán que recibió pagos para que este ayudara al grupo criminal. Foto: Rodolfo Angulo, Cuartoscuro

Los documentos son parte de la enorme cantidad de pruebas que la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York planea presentar en un juicio a García Luna, quien se encuentra preso en Nueva York. Los fiscales dijeron en una carta a César de Castro, abogado del exfuncionario mexicano, que le entregaron nuevas pruebas y que éstas incluyen además un álbum de fotografías.

La carta se hizo pública en el sistema electrónico de las cortes federales estadounidenses.

Los documentos ofrecidos por el Gobierno de México fueron obtenidos a través de un acuerdo de asistencia legal mutua, dijeron los fiscales en su carta. Entre el último paquete de pruebas también hay documentos del Bank of America y del Departamento de Estado estadounidense.

El Gobierno estadounidense ha producido miles de documentos como pruebas contra García Luna y comunicaciones interceptadas. Estos nuevos documentos pasarán a formar parte de la larga lista de pruebas que tiene contra García Luna la Fiscalía de Estados Unidos, que el pasado mes de mayo ya presentó registros financieros, fotografías rescatadas de Google Earth y escritos aportados por los Gobiernos mexicano y colombiano, cuyo contenido tampoco se reveló.

Los documentos ofrecidos por el Gobierno de México fueron obtenidos a través de un acuerdo de asistencia legal mutua, dijeron los fiscales en su carta. Foto: Cuartoscuro.

Los mismos fiscales de EU dijeron en mayo de 2021 que tienen más de un millón de páginas en documentos para ser usados como pruebas contra el exsecretario de Seguridad Pública de México.

El Fiscal del distrito este de Nueva York, Mark Lesko, envió una carta al Juez federal del caso en la que explica que la Fiscalía también tiene una “voluminosa” cantidad de grabaciones interceptadas. La carta se encuentra en el sistema electrónico de los tribunales federales estadounidenses.

En octubre pasado, los fiscales pidieron que se impongan normas respecto a cómo manejar información confidencial que podría salir a la luz antes y durante el juicio, y provocar “problemas de seguridad nacional”.

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